EN CRISÓSTOMO Y CHACABUCO. El Tribunal Oral Federal. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Resumen para apurados
- Tucumán elevó a juicio la causa contra el exmilitar Carlos Vega por la apropiación de Marcos Ramos y su hermano en 1976, por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
- Secuestrados tras la desaparición de su madre, los hermanos fueron separados. Marcos vivió con identidad falsa hasta 2018, mientras Elías escapó y denunció el caso ante la CONADI.
- Este juicio es el segundo por restitución en la provincia. Busca condenar la supresión de identidad y las secuelas físicas y psíquicas sufridas por las víctimas durante décadas.
El Juzgado Federal N°1 de Tucumán dispuso el 10 de abril la clausura de la instrucción y la elevación a juicio oral de la causa por la apropiación de Marcos Eduardo Ramos, el nieto restituido N°128, y de su hermano mayor, Elías Ismael Suleiman. Los hechos ocurrieron en 1976, en el marco de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
El debate se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán y tendrá como imputado a Carlos Alberto Vega, ex capitán del Destacamento de Inteligencia N°142 del Ejército. Será juzgado como partícipe necesario de la sustracción y sustitución de identidad de Ramos, el segundo nieto recuperado en la provincia, y por la sustracción y supresión de identidad de su hermano.
En la investigación intervinieron la Fiscalía Federal N°1 de Tucumán, subrogada por el fiscal Rafael Vehils Ruiz; la Oficina de Derechos Humanos de Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, coordinada por el fiscal Pablo Camuña, con la colaboración de la auxiliar fiscal Valentina García Salemi y el secretario Patricio Rovira; y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, dirigida por el fiscal Pablo Parenti.
De acuerdo con la investigación, en diciembre de 1976 Marcos Eduardo Ramos, de cinco meses, y su hermano Elías Ismael Suleiman, de 8 años, fueron secuestrados por personal militar en una vivienda del barrio San Cayetano, en San Miguel de Tucumán.
Su madre, Rosario del Carmen Ramos, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), ya había sido secuestrada por tercera vez a fines de noviembre o comienzos de diciembre de ese año, cuando regresó a la capital tucumana desde Santiago del Estero. Existen indicios de que fue trasladada al centro clandestino de detención que funcionó en la Compañía de Arsenales “Miguel de Azcuénaga” y permanece desaparecida.
Tras el operativo, los niños fueron llevados a un inmueble en Tafí Viejo donde había otros menores. Allí fueron separados y no volvieron a encontrarse.
Según la investigación, Elías Suleiman fue trasladado luego a una vivienda de la capital tucumana, propiedad de María de los Ángeles Cano, ya fallecida, donde fue sometido a malos tratos, amenazas y a un intento de supresión de su identidad mediante el cambio de nombre y la gestión de documentación apócrifa. A pesar de ello, logró escapar: caminó más de 20 cuadras hasta la terminal de ómnibus de Tucumán, donde encontró a un tío que trabajaba en una boletería y pudo reencontrarse con su familia.
Años más tarde, en 1999, se presentó ante la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), donde relató los secuestros sufridos por su madre y su hermano, de quienes no había vuelto a tener noticias.
En tanto, Marcos Eduardo Ramos fue sustraído y su identidad suprimida. Fue entregado a Víctor Lucio Sánchez, alias “Pecho i Tabla”, ya fallecido, un agente civil de inteligencia vinculado al Destacamento de Inteligencia N°142. Según la acusación, el imputado Vega tenía responsabilidades en tareas de inteligencia y contrainteligencia y en el funcionamiento del centro clandestino “Arsenal Miguel de Azcuénaga”, y Sánchez obtuvo su cargo con su aval ideológico y moral.
El niño fue inscripto falsamente como nacido el 17 de marzo de 1977 como hijo biológico de Sánchez y su cónyuge Ilda Agustina Sánchez, también fallecida, bajo el nombre de “Marcelo Ariel Sánchez”, lo que constituyó la sustitución de su identidad.
La investigación también acreditó que durante el operativo fueron secuestrados Hugo Demetrio Castro y su hijo Juan Carlos Castro, de 12 años, quienes cuidaban a los hermanos. Ambos fueron trasladados al centro clandestino “Arsenal Miguel de Azcuénaga”. Hugo Castro permaneció desaparecido hasta que parte de sus restos fueron identificados en la fosa clandestina conocida como Pozo de Vargas, mientras que su hijo fue liberado meses después.
Marcos Eduardo Ramos vivió durante décadas con su identidad alterada, en un contexto de vulneraciones, torturas, violencias y carencias. El requerimiento fiscal señala que, como consecuencia de esos hechos, presenta una discapacidad intelectual moderada con limitaciones significativas para su vida personal y social diaria.
Su restitución se concretó en 2018, cuando el Juzgado Federal N°1 de Tucumán anuló la partida de nacimiento falsa y ordenó la emisión de un nuevo DNI con su identidad real, a partir de un pedido conjunto de la Fiscalía Federal N°1 y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
El caso fue anunciado en agosto de ese año y se convirtió en el segundo de restitución de identidad en la provincia, resultado del trabajo coordinado de los organismos judiciales y fiscales intervinientes, entre ellos la unidad especializada en la investigación de la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado.
