Resumen para apurados
- La Caja Popular de Tucumán denunció este martes al jugador Adrián Arregui ante la justicia penal por asociación ilícita y una estafa procesal que alcanzaría los $1.400 millones.
- El caso involucra una lesión de 2019 que el jugador superó sin secuelas. Se acusa una estafa coordinada entre Arregui, médicos y abogados para defraudar al patrimonio del Estado.
- La CPA solicitó suspender el proceso judicial y busca desarticular una red organizada. El resultado impactará en la protección de fondos públicos frente a demandas fraudulentas.
El nombre de San Martín volvió a quedar en el centro de una fuerte polémica judicial. La Caja Popular de Ahorros de la Provincia (CPA) presentó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana en la que detalla una presunta maniobra de asociación ilícita y estafa procesal que tendría como principal involucrado al futbolista Adrián Arregui.
Según el documento, firmado por el interventor Guillermo Alfredo Norry y el subinterventor Antonio Daniel Bustamante -quienes además se presentaron en la mañana de este martes en el fuero penal para ratificar la denuncia-, el objetivo habría sido obtener un beneficio económico millonario de forma ilegal, en perjuicio directo del patrimonio del Estado provincial.
El origen del conflicto se remonta al 15 de febrero de 2019, cuando Arregui, entonces jugador de San Martín, sufrió un golpe en su ojo derecho durante un partido frente a Belgrano de Córdoba. De acuerdo con la presentación, el futbolista recibió el alta médica en menos de 10 días y volvió a jugar apenas 14 días después, en un encuentro ante Lanús.
A partir de allí, la CPA sostiene que no existieron secuelas que afectaran su rendimiento profesional. De hecho, tras su salida de Tucumán, el mediocampista continuó su carrera en clubes como Independiente Medellín y Alianza Lima, superando revisiones médicas sin que se detectaran discapacidades permanentes.
Desde LA GACETA se intentó contactar a Adrián Arregui en reiteradas oportunidades a través de distintos medios -llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y mensajes por Instagram-, pero no hubo respuesta. También se consultó a su representante, Gabriel Federico, quien desconoce el tema.
Uno de los ejes centrales de la denuncia apunta a la supuesta improcedencia del reclamo. La Caja afirma que Arregui no estaba asegurado bajo su póliza, ya que su vínculo con San Martín era en carácter de “aportante autónomo” dentro de un régimen especial de la AFA, por lo que considera ilegítima la demanda iniciada como si la CPA fuera su ART.
Además, el escrito describe la existencia de un “plan criminal” en el que habrían intervenido profesionales de la salud y del ámbito legal. En ese sentido, se cuestiona al médico auditor acusado de haber otorgado el alta sin revisar al paciente, y al perito oficial quien determinó una incapacidad del 49,05%, cifra que la denuncia califica como “exorbitante” y sin sustento científico.
Otro punto crítico recae sobre el estudio jurídico Iezzi & Varone, contratado por la gestión anterior de la CPA. Según se detalla, los abogados no contestaron la demanda en el juicio radicado en Quilmes, no ofrecieron pruebas ni presentaron recursos, lo que dejó a la institución en una situación de indefensión. Al ser consultados, los letrados argumentaron que se trató de un “error involuntario”.
La denuncia configura este escenario como una “estafa en triángulo”, en la que habrían actuado de manera coordinada el jugador, los médicos y los propios abogados de la Caja. El perjuicio económico estimado oscila entre los $450 y los $1.450 millones. Incluso, según el documento, el estudio jurídico habría sugerido un acuerdo extrajudicial por $450 millones.
Ante la gravedad del caso y el estado avanzado del proceso judicial en Quilmes, la CPA solicitó medidas urgentes, entre ellas la suspensión de los plazos procesales y la postergación de la audiencia de alegatos prevista para el 24 de abril de 2026.
Además, pidió la intervención de una unidad fiscal especializada para avanzar en la investigación y desarticular lo que consideran una estructura organizada destinada a defraudar al Estado.
