Caso francesas: Beatriz Elizabeth Yapura, pareja de Santos Clemente Vera, deberá realizarse una prueba de ADN
Resumen para apurados
- La Justicia de Salta ordenó extraer ADN por la fuerza a la pareja de Clemente Vera para cotejarlo con rastros del crimen de las turistas francesas de 2011 y esclarecer el caso.
- Tras el hallazgo de hisopados originales en la UBA, el juez Colombo dispuso el operativo. La defensa impugnó la medida por considerarla desproporcionada al no ser Yapura imputada.
- Los nuevos peritajes con tecnología avanzada buscan identificar perfiles genéticos desconocidos. El resultado será clave para resolver un caso marcado por irregularidades y giros.
A quince años del crimen que conmocionó al país, la investigación por el doble homicidio de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moummi, ocurrido en julio de 2011 en Salta, vuelve a colocarse en el centro de la escena judicial.
En las últimas horas, una orden para obtener ADN mediante el uso de la fuerza pública desató una fuerte controversia legal y reavivó tensiones en un expediente marcado por irregularidades, revisiones y giros inesperados.
Orden judicial y operativo de extracción
El conflicto se originó a partir de una resolución del Juzgado de Garantías N° 1, a cargo del juez Ignacio Colombo, quien dispuso la conducción compulsiva de Beatriz Elizabeth Yapura, pareja de Santos Clemente Vera, para la extracción de muestras biológicas.
La medida, prevista para este 8 de abril en el Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), busca obtener muestras indubitadas de ADN para su posterior cotejo en el marco de la causa GAR-206.689/25, una línea investigativa impulsada por la Unidad de Litigio Estratégico. Según se fundamentó, la orden se apoya en los artículos 295 y 296 del Código Procesal Penal, que habilitan la recolección de pruebas periciales incluso con intervención de la fuerza pública.
La defensa contraataca: nulidad y garantías
La reacción de la defensa fue inmediata. Los abogados Roberto Adrián Reyes y José Humberto Vargas presentaron un planteo de nulidad absoluta, cuestionando tanto la notificación como cualquier acto derivado.
Entre los principales argumentos, sostienen que:
- No se explicitó el auto judicial fundado que habilita la medida.
- Yapura no tiene calidad de imputada, lo que torna desproporcionada la extracción compulsiva.
- Se vulneran derechos constitucionales básicos, como el debido proceso y la defensa en juicio.
Además, los letrados dejaron planteada la reserva del Caso Federal, anticipando que, de ser necesario, la controversia podría escalar hasta la Corte Suprema.
La batalla del ADN: una historia de controversias
Detrás de esta nueva medida subyace una larga disputa científica. En 2011, la acusación original se apoyó en estudios genéticos realizados en la Universidad de Buenos Aires, que vinculaban a Vera con la escena del crimen mediante análisis de cromosoma Y. Sin embargo, esa técnica fue duramente cuestionada por no permitir una identificación individual concluyente.
El panorama cambió en 2012, cuando una contraprueba de la Fundación Favaloro descartó la presencia de Vera y detectó patrones genéticos femeninos. En paralelo, análisis realizados en laboratorios de París identificaron perfiles masculinos completos de al menos dos o tres individuos desconocidos, además de rastros de ADN femenino no atribuibles a las víctimas.
Pese a la relevancia de esos resultados, durante años fueron minimizados en el proceso judicial que culminó con la condena de Vera, posteriormente anulada en 2023.
Un hallazgo clave que reabre la causa
El reciente hallazgo de los hisopados originales en el laboratorio de Huellas Genéticas de la UBA, confirmados como aptos para análisis en marzo de 2026, reconfiguró el escenario. Las muestras fueron trasladadas a Salta bajo estricta cadena de custodia y con supervisión internacional, con el objetivo de realizar nuevos cotejos genéticos que podrían resultar determinantes.
En ese contexto, la citación de Yapura aparece como una pieza más en un intento por reconstruir el mapa genético del caso.
“No queremos otro error judicial”
La medida cayó con preocupación en el entorno de Vera, quien pasó años privado de su libertad. En declaraciones con LA GACETA, su defensor advirtió sobre los riesgos de repetir errores del pasado.
“A Vera le pidieron colaborar y terminó diez años preso. No queremos que pase lo mismo con Yapura”, sostuvo Vargas.
El abogado también cuestionó la falta de claridad sobre el rol procesal de su asistida y reclamó garantías, como la posibilidad de contar con un perito de parte que supervise la obtención y análisis de las muestras.
