EL HORROR. Según la diplomacia israelí, los militares habían decidido eliminar toda oposición mucho antes del golpe.
Durante los primeros días de marzo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) dio a conocer un informe que expone una situación irregular persistente desde hace años: decenas de integrantes de fuerzas de seguridad y armadas, condenados por crímenes de lesa humanidad, continuaban sin haber sido formalmente dados de baja.
Pese a contar con sentencias firmes, muchos de ellos seguían registrados como retirados, lo que implica la conservación de beneficios y un vínculo institucional activo con el Estado.
El documento señala que, aun después de que la PIA notificara a las autoridades correspondientes y solicitara las desvinculaciones, al menos 50 de estos casos permanecen sin resolución. En total, la investigación identificó 78 situaciones de este tipo, detectadas desde 2022.
La pesquisa se inició a fines de ese año, a partir de un requerimiento de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, motivado por tres casos puntuales: dos en la Policía Federal y uno en la Gendarmería. Tras verificar que esas personas seguían en condición de retiro, la PIA pidió sus bajas y amplió la revisión, lo que permitió identificar decenas de casos similares en distintas fuerzas.
A lo largo de 34 páginas, el informe detalla cada uno de los expedientes y subraya que la obligación de disponer la baja de los condenados no solo responde al derecho interno, sino también a compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos. En ese sentido, remarca que la desvinculación definitiva constituye una consecuencia necesaria de las sentencias firmes y un requisito para su cumplimiento integral.
Otro de los ejes del documento es la diferencia entre el estado de retiro y la baja definitiva. Según la PIA, mantener a los condenados como retirados no solo implica un incumplimiento en la ejecución de las penas, sino que preserva un vínculo institucional con el Estado. Esto se traduce en el acceso a beneficios como pensiones, jubilaciones y cobertura de salud, e incluso en la posibilidad técnica de ser convocados nuevamente.
El relevamiento también arrojó datos concretos: en distintas fuerzas se detectaron casos de condenados que fallecieron sin haber sido dados de baja; en la Prefectura había 11 agentes en situación de retiro; en el Ejército, 55 de 101 condenados seguían bajo ese estatus al 28 de diciembre de 2023; en la Armada, 7; y en la Fuerza Aérea, 2.
Tras reunir esta información, la PIA impulsó pedidos de baja ante las autoridades correspondientes en cada fuerza y ministerio. Sin embargo, según el informe, a comienzos de marzo persistían demoras significativas y obstáculos administrativos que impedían completar los trámites. Como resultado, al menos 50 exagentes continuaban figurando como retirados.
El documento advierte que esta situación es incompatible con las obligaciones jurídicas y éticas del Estado argentino en materia de derechos humanos y señala la existencia de un problema estructural en la efectiva desvinculación institucional de personas condenadas por los crímenes más graves desde el retorno de la democracia en 1983.
“Esta situación resulta incompatible con las obligaciones jurídicas y éticas asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos y evidencia la existencia de un problema estructural en la efectiva desvinculación institucional de personas condenadas por los crímenes más graves juzgados desde el restablecimiento del orden democrático en 1983”, cierra el informe, según consignó el sitio TN.
