Nueve hombres fueron procesados por el delito de trata de personas, acusados de explotar sexualmente a 50 mujeres, entre ellas dos menores de edad, en un local nocturno que operaba en el barrio porteño de Recoleta bajo la apariencia de un boliche.
La investigación fue impulsada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Alejandra Mángano, con el apoyo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). El caso expone la continuidad de un modelo de explotación sexual encubierta detrás de propuestas de entretenimiento nocturno.
El establecimiento funcionaba en la calle Vicente López 2134, frente al cementerio de la Recoleta. Según la pesquisa, las mujeres eran captadas para realizar “presencias” y servicios de “copas” a cambio de pagos bajos, una dinámica que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, las empujaba a concretar encuentros sexuales con clientes en hoteles cercanos.
La causa señala que la operatoria se extendió al menos entre abril de 2022 y el 9 de julio de 2024, cuando se llevó a cabo un allanamiento. Durante el procedimiento se identificaron 50 mujeres, de las cuales 43 cumplían el rol de “presencias”, según profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata de Personas.
El juez federal Sebastián Casanello, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, dictó el procesamiento de los nueve imputados sin prisión preventiva. Cinco fueron considerados presuntos coautores del delito de trata agravado por la presencia de menores, mientras que los otros cuatro quedaron como partícipes necesarios.
Además, el magistrado dispuso embargos sobre los bienes de los acusados por un total de $7.800 millones, inhibió la disposición de bienes de la sociedad responsable del local y ordenó la prohibición de salida del país y de acercamiento a las víctimas para todos los imputados.
La investigación se inició a partir de una denuncia anónima realizada el 6 de abril de 2022 a través de la Línea 145, que recibe información sobre trata y explotación de personas bajo la supervisión de la PROTEX y el Ministerio de Justicia de la Nación.
Según consta en el portal de los fiscales, en esa denuncia se advertía que el lugar funcionaba como prostíbulo encubierto, presentado como bar y boliche, con entradas de entre $30.000 y $50.000 para compartir mesa con una mujer. También se indicaba que las trabajadoras no podían retirarse antes de las 6.30 y que se coordinaban encuentros sexuales en hoteles cercanos. Además, se mencionaba la presencia de menores, la venta de drogas y una posible connivencia policial.
La pesquisa atribuye a la organización una estructura jerárquica con roles definidos. La empresa, integrada por dos de los actuales imputados y un tercero fallecido en 2024, operaba como pantalla legal para obtener habilitaciones y encubrir la actividad real.
Uno de los acusados se encargaba de contactar y entrevistar a las mujeres; otro realizaba tareas administrativas y de incorporación de nuevas trabajadoras; un tercero se ocupaba del reclutamiento a través de redes sociales; y otro gestionaba reservas y registraba las ganancias por “copas”. Otros cuatro intervenían en la operatoria diaria vinculada al registro, cobro, administración y logística.
El local funcionaba exclusivamente para clientes varones, con acceso desde las 22 hasta las 6, mediante reserva previa o pago de una consumición mínima. Las mujeres eran reclutadas principalmente a través de Instagram, Facebook y WhatsApp, bajo ofertas de “presencias” que ocultaban las condiciones reales de explotación.
El reclutamiento estaba a cargo de un grupo denominado “los públicas”, integrado por tres de los imputados. Según la investigación, las mujeres llegaban por recomendación de conocidas, derivaciones de los propios acusados o por clientes de otros boliches que difundían la existencia del lugar. Los organizadores exigían fotos o perfiles en redes para evaluar si cumplían determinados estándares.
El servicio de “presencias” consistía en acompañar a los clientes en la mesa, conversar, beber y bailar para incentivar el consumo. Por esa tarea, percibían entre $7.000 y $20.000 por noche, sin porcentaje por las copas vendidas. El horario era estricto: debían presentarse a las 22 y no podían retirarse antes de las 6; si llegaban tarde o se iban antes, no cobraban. El fichaje y el pago final eran controlados por personal de seguridad o de caja.
Otra modalidad era la de “bailarinas”, que realizaban bailes sensuales sobre las mesas, en algunos casos casi desnudas, a cambio de un pago fijo y propinas que los clientes colocaban en sus prendas.
Los encuentros sexuales, denominados “pases”, se acordaban dentro del local y se concretaban en hoteles cercanos, con tarifas de entre U$S 150 y U$S 500. De ese monto, los organizadores retenían como mínimo U$S 100. Según la resolución judicial, el pago base apenas alcanzaba para cubrir gastos, lo que llevaba a muchas mujeres a aceptar estos encuentros para incrementar sus ingresos.
El funcionamiento del lugar estaba reforzado por un sistema de cámaras de seguridad y la presencia constante de personal, generando un entorno de control y vigilancia sobre las mujeres.
En su resolución, Casanello remarcó que la estructura operaba bajo una fachada de legalidad brindada por la sociedad comercial, lo que facilitaba la aceptación de condiciones de sometimiento. Señaló además que las víctimas eran exhibidas como objetos y obligadas a tolerar abusos con el consentimiento de los organizadores.
El expediente también estableció una conexión con el prostíbulo Madaho’s, donde anteriormente se documentaron hechos de trata con fines de explotación sexual. Según la investigación, el nuevo local habría replicado el mismo esquema bajo otra denominación, con operadores y modalidades similares, lo que permitió detectar la reiteración de actores y la persistencia del modelo.
El análisis financiero, correspondiente al período entre enero de 2021 y noviembre de 2025, detectó movimientos por $1.500 millones en cuentas vinculadas a la sociedad anónima, incluidos depósitos en efectivo por más de $95 millones. El juzgado advirtió sobre el uso de garantías inmobiliarias cruzadas y transferencias a familiares para ocultar el origen de los fondos, en lo que describió como una estructura organizada para legitimar ganancias provenientes de la explotación sexual.
