La agresión contra el diputado nacional Federico Pelli por parte de una persona que supuestamente cumple tareas de seguridad en el Gobierno, en medio de la emergencia por las inundaciones en La Madrid, conmocionó a la sociedad y ha generado amplio repudio. Como se ve en el video que circuló por todo el país, el agresor trató de impedir que Pelli y sus acompañantes avanzaran cuando llevaban ayuda para los damnificados y le dio un cabezazo que le causó fractura en la nariz. El legislador debió ser llevado al hospital y el hombre fue detenido posteriormente. Hoy se realizaría la audiencia de cargos.
La situación estuvo acompañada de otras circunstancias extrañas y cuestionables, puesto que en el lugar del hecho se encontraban el ministro del Interior, Darío Monteros, y policías de custodia, quienes no intervinieron en el momento. El funcionario incluso fue protagonista de una breve discusión con la legisladora Soledad Molinuevo, la cual lo increpó por lo que acababa de suceder. Este incidente tuvo ayer derivaciones judiciales; también el agresor, identificado como Marcelo Segura, denunció posteriormente al intendente Alejandro Molinuevo por supuestas amenazas. Según se sabe, Segura quedó detenido y ayer su abogado, Ernesto Baaclini, dijo en una entrevista de LG Play que actuó bajo emoción y que “está arrepentido”. Pero la situación, claramente vista en el video, ha de ser analizada y resuelta por la Justicia. Hasta entonces, se ha generado, por un lado, un amplio repudio de todo el espectro político -incluso del presidente Javier Milei y del gobernador Osvaldo Jaldo- y un gran revuelo político cuyas consecuencias por ahora no se avizoran. Más allá de ello, es importante analizar el impacto que tiene en nuestra sociedad esta brutal agresión. Hace pocas semanas la comunidad estuvo convulsionada por la agresión de jóvenes a otro a la salida de un boliche de Tafí del Valle, que fue seguida por el inmediato ingreso en la cárcel de Benjamín Paz de dos de ellos. Poco después fueron liberados pero quedó patente la gravedad de agresiones que pueden llegar a impensables extremos.
En este caso, el agresor pareció actuar como si estuviera acostumbrado a estas acciones. Eso pareció corroborado por las informaciones de que estaría contratado en el Gobierno. Su abogado dijo que es empleado en una comuna rural y que estaba en La Madrid “para colaborar” con los inundados. Si trabajaba como custodio, se supone que quienes cumplen estas tareas deben estar capacitados y tener manejo emocional. Esto revela una severa negligencia de parte de quienes lo han contratado y se presume que cualquiera podría estar en riesgo ante alguien que no controla sus emociones y tiene tareas públicas a su cargo.
Párrafo aparte para la actitud de los agentes de policía, que se quedaron sin reaccionar frente a una situación de gran violencia física. En lugar de auxiliar a la persona agredida, parecieron retirarse con el agresor. No debe haber parcialidad de parte de los policías, cuya tarea es pacificar y proteger a la comunidad. Es de esperar que las autoridades, además del enérgico repudio que merece este ataque, reaccionen con severas medidas disciplinarias y de control de quienes cumplen tareas públicas y que separen a quienes se salen de las normas de conducta.
