PROPUESTA OFICIAL. Educación busca que cada institución educativa tenga su propio docente de inclusión.
Apenas dos días después de iniciar el periodo de sesiones ordinarias, el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura su primer proyecto de ley de 2026. Se trata de una propuesta para establecer un nuevo marco normativo para garantizar la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad en el sistema educativo provincial, sin la necesidad de que las familias deban hacer trámites en ese sentido. La iniciativa plantea reorganizar el servicio de inclusión escolar, disponer la incorporación de docentes de apoyo a la inclusión dentro de la estructura de las escuelas de educación obligatoria y derogar la actual Ley 9.575.
La propuesta llegó con las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y de la ministra de Educación, Susana Montaldo. Establece como objetivo central asegurar el acceso a una educación inclusiva y de calidad para niños, niñas y adolescentes con discapacidad mediante un abordaje integral e interdisciplinario. El principal cambio con la norma provincial vigente es que incorpora en los establecimientos el docente de apoyo a la inclusión, como parte del personal estable de las instituciones.
En los fundamentos se volcó que tanto el docente de grado como de educación especial deben promover el trabajo en equipo con el equipo de que el estudiante en la escuela acceda al conocimiento y genere la necesaria autonomía que le permita desenvolverse en su entorno social tras los estudios. “Por lo que la demanda irrestricta de docentes de apoyo para acompañar las trayectorias escolares de estudiantes con discapacidad, en una relación de ‘un docente de apoyo - un estudiante con discapacidad’, y la prevalencia de la mirada médica a la hora de pensar en los aconsejamientos pedagógicos, lleva el riesgo de patologizar las infancias y adolescencias”, se detalló.
Soluciones de familias
En la bibliografía consultada para la iniciativa, se cita a Gisela Untoiglich y Graciela Szyber, “Las promesas incumplidas de la inclusión”. (2020 - Noveduc). Las autoras aportan que los padres tienen pánico de que sus hijos caigan del sistema. “Se privatiza el sufrimiento y las ayudas a los niños que no pueden seguir el ritmo escolar. Así como está planteado el sistema hoy (sobre todo en las escuelas de gestión privada), al quedar la solución a cargo de cada familia, inevitablemente se llega a la asignación de una patología para cada niño, un certificado de discapacidad y la ayuda externa del personal no docente, que invade las aulas transformándolas en un desfile de profesionales que trabajan para la inclusión, pero que no están incluidos en las instituciones, en el proyecto educativo y en la estrategia terapéutica (salvo honrosas excepciones)”, se citó.
La propuesta aclara, no obstante, las citadas son solo algunas de las posibles desventajas de tener un maestro de apoyo a la inclusión permanente en el aula, y que frecuentemente genera el menoscabo a la verdadera labor del docente inclusor. “La mejor decisión para un estudiante en particular dependerá de sus necesidades y circunstancias individuales, las que deberán ser evaluadas por el Ministerio de Educación de la Provincia, a través de sus equipos de apoyo a la inclusión”, se advirtió.
Sin “docentes sombra”
La propuesta desarrolló que los docentes de apoyo a la inclusión pueden constituir una herramienta valiosa para acompañar las trayectorias escolares de los estudiantes con discapacidad. “No obstante, su rol debe definirse a partir de las necesidades reales del estudiante, ya que responder de manera irrestricta a la demanda de acompañarlo durante toda la jornada escolar (asumiendo el papel de ‘docente sombra’) puede limitar su desarrollo personal y su capacidad para enfrentar desafíos de forma autónoma”, se señaló.
“La valiosa presencia del docente de apoyo a la inclusión, no debe ser permanente, debe forjarse en una estrategia temporal, que permita que el estudiante desarrolle habilidades sociales y académicas esenciales para su futura inserción en el mundo laboral y académico”, se mencionó en la propuesta, consignando bibliografía internacional.
Parte de la institución
La propuesta del PE contempla que haya un docente de apoyo a la inclusión que pertenezca al establecimiento educativo de nivel obligatorio, y que sea ese profesional el que intervenga en todas las situaciones que requieran su asesoramiento en relación a estudiantes con discapacidad, en corresponsabilidad con el equipo técnico, regulando dichas intervenciones de acuerdo a las particularidades de cada uno de los estudiantes.
“El presente proyecto logrará que los padres de estudiantes con discapacidad que necesiten apoyo a la inclusión escolar no tengan necesidad de realizar trámite alguno para la intervención del Sistema Educativo Provincial, no deberán contratar a su costo un docente de apoyo a la inclusión o recurrir a la Justicia para obtener dicho servicio educativo, puesto que el acompañamiento del estudiante será automático y en gratuidad provista por la Provincia”, se remarcó en la propuesta.
Pedido de informes: solicitan que Montaldo vaya a la Legislatura a dar explicaciones sobre dos escuelas
La legisladora radical Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) presentó un proyecto de resolución para que se cite a la ministra de Educación, Susana Montaldo, para que brinde informes detallados sobre la situación institucional de distintas escuelas, conforme al artículo 57 de la Constitución. Particularmente se pide información documentada de la Escuela N° 346 “Ángel Custodio Bustos” (Graneros), para conocer si existe una decisión formal de cierre, fusión o traslado, y de la Escuela Fray Pedro Zavaleta (San Miguel de Tucumán), para conocer las razones técnicas y administrativas que motivaron su cierre y el estado actual del edificio, además de las obras proyectadas, licitadas o ejecutadas en los últimos cuatro años.
