EDUCACIÓN. Silvia Elías de Pérez exigió explicaciones por el posible cierre de la Escuela 346.
La legisladora Silvia Elías de Pérez presentó un pedido de informes a la ministra de Educación, Susana Montaldo, ante la preocupación manifestada por padres, docentes y vecinos de la Escuela N.º 346 “Ángel Custodio Bustos”, ubicada en la localidad de La Iguana, departamento Graneros, frente a versiones sobre un posible cierre o traslado del establecimiento.
En la nota elevada al Ministerio, la parlamentaria solicitó precisiones acerca de la existencia de alguna decisión administrativa vinculada al cierre, fusión, traslado o reestructuración de la institución educativa, así como información sobre la matrícula escolar en los últimos años, evaluaciones edilicias realizadas, el impacto sobre el servicio alimentario y la participación de la comunidad educativa en el proceso de análisis.
“El cierre de una escuela rural nunca puede tratarse como un simple trámite administrativo. En el interior profundo, la escuela es el corazón de la comunidad y muchas veces la única garantía de arraigo para las familias”, expresó Elías de Pérez.
Falta de respuestas
La legisladora advirtió además que la situación genera especial preocupación porque el ciclo lectivo ya comenzó y las familias continúan sin respuestas oficiales. “Las clases ya empezaron y, sin embargo, los padres, docentes y alumnos siguen viviendo en la incertidumbre. Esto demuestra un nivel preocupante de improvisación en el área educativa, donde decisiones sensibles parecen manejarse sin planificación ni comunicación clara”, sostuvo.
Asimismo, remarcó que cualquier decisión debe contemplar no sólo criterios presupuestarios o de matrícula, sino también el impacto social y territorial que implica la eventual desaparición de una institución educativa en zonas alejadas de los centros urbanos.
“Cerrar una escuela en el interior significa muchas veces obligar a los alumnos a recorrer largas distancias, poniendo en riesgo su continuidad escolar. La educación debe acercarse a los alumnos, no alejarlos del sistema”, afirmó.
El pedido de informes busca conocer si existe una medida formal en evaluación y garantizar transparencia en las decisiones educativas que puedan afectar a comunidades rurales. “No estamos adelantando conclusiones; estamos exigiendo información para llevar tranquilidad y defender el derecho a la educación de cada niño tucumano”, concluyó la legisladora.
