La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó bajo un nuevo proceso de control institucional luego de que la Inspección General de Justicia (IGJ) pidiera la designación de veedores para supervisar el cumplimiento de sus obligaciones legales y contables. La medida fue impulsada tras advertirse presuntas irregularidades y la falta de presentación de documentación solicitada por el organismo de control.
La IGJ, dependiente de la Secretaría de Justicia, explicó que el objetivo es garantizar el cumplimiento de la ley, tal como ocurre con todas las asociaciones civiles que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires. Según indicaron fuentes oficiales, la decisión se enmarca en distintas investigaciones vinculadas al funcionamiento administrativo y financiero de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
De acuerdo con información publicada por Clarín, el Inspector General de Justicia, Daniel Vítolo, confirmó la solicitud y detalló que los veedores tendrán la función de acceder, relevar y verificar información que la AFA no presentó ante requerimientos previos. El funcionario aclaró que se trata de una veeduría de carácter exclusivamente informativo, por lo que no implica una intervención ni un desplazamiento de autoridades dentro de la institución.
Auditorías, balances y vínculos comerciales bajo análisis
El pedido fue elevado al Ministerio de Justicia con el fin de recabar documentación vinculada a los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025 y a la auditoría integral del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), una institución educativa que se encuentra en trámite. Además, se solicitó revisar las relaciones comerciales y financieras mantenidas por la Asociación con empresas y particulares ligados a la comercialización de derechos deportivos y operaciones económicas.
En ese marco, la resolución establece auditar los vínculos entre la AFA y la firma TourProdEnter LLC, los empresarios Javier Faroni y Erica Gillette, además de Sur Finanzas S.A., sus sociedades vinculadas y las compañías que integran el denominado Grupo Sur Finanzas, junto al empresario Ariel Vallejo. El análisis también abarcará los montos percibidos por la empresa encargada de comercializar derechos, las rendiciones de cuentas correspondientes y las transferencias realizadas tanto en el exterior como hacia el país.
Vítolo sostuvo que la conducción del fútbol argentino “no explica las cifras globales de sus balances desde hace más de ocho años”, situación que, según señaló, impide conocer con precisión el origen y destino de los fondos administrados por la entidad durante ese período.
El funcionario también mencionó irregularidades vinculadas a un intento de trasladar la sede social a un predio ubicado en la provincia de Buenos Aires que fue rechazado tras comprobarse que la dirección declarada no correspondía al funcionamiento administrativo real. De acuerdo con la IGJ, la AFA continúa operando en su histórica sede de la calle Viamonte 1366, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La resolución fue notificada formalmente a la AFA y, según consta en la documentación difundida por el organismo, la comunicación fue recibida por una empleada del área legal de la institución.
