El reciente caso investigado por la Policía, en el que una menor de 14 años denunció haber sido víctima de abuso sexual durante una fiesta en El Corte (Yerba Buena), reabrió el debate sobre la seguridad en los eventos organizados para adolescentes. Se dijo que en ese encuentro hubo una serie de irregularidades; entre ellas, que habrían asistido alrededor de 900 adolescentes, cuando el local tendría capacidad para 400 personas y además varios padres denunciaron la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
El caso, que es investigado por las autoridades, dejó al descubierto un sistema en el que los controles son laxos. Hay un grupo de organizadores que alquilan salones, quinchos o boliches para montar fiestas destinadas a adolescentes. La promoción y venta de entradas se realiza a través de redes sociales, con lo que se evita quedar bajo el radar de los organismos de control.
Según se explicó, estos eventos se publicitan como exclusivos para mayores de 18 y, bajo esa modalidad, en una especie de preventa ofrecen promociones que incluyen la entrega de alcohol y bebidas energizantes, pese a que está prohibido suministrarlas a menores.
Los empresarios de la noche señalaron, en medio de la polémica, que son fundamentales controles efectivos sobre el arriendo de locales. Entienden que es la única manera de prevenir situaciones que pueden terminar en incidentes graves. Pero no hay un organismo que monitoree de manera sistemática las redes sociales para detectar y desactivar este tipo de convocatorias.
Las autoridades municipales y policiales de Yerba Buena sostienen que realizan controles en el exterior de los eventos porque, según argumentaron, no pueden intervenir cuando se trata de una fiesta privada. Por esa razón, a raíz del episodio, solicitaron mayor colaboración del Instituto para la Lucha contra el Alcoholismo (IPLA).
Sin embargo, en organismos de control se recordó que el marco legal establece que las autoridades deben informar al IPLA sobre cualquier evento, baile o actividad que autoricen. Esa notificación permite que el ente intervenga, realice inspecciones y, si es necesario, requiera apoyo policial durante el desarrollo del encuentro. Cuando esa comunicación no se realiza, el evento queda fuera del sistema de control. Por otra parte, hay otro punto que suele omitirse y es que muchas de estas fiestas no cuentan con todas las autorizaciones correspondientes.
Cabe recordar que hace muy poco el Gobierno decidió suspender las fiestas electrónicas hasta que dejaran de funcionar en la clandestinidad.
Empresarios y organizadores se reunieron con las autoridades y elaboraron un protocolo que debía cumplirse. Una vez acordadas las condiciones, la prohibición fue levantada. Ahora el desafío es que ocurra lo mismo con este tipo de reuniones para evitar consecuencias mucho más graves.
