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La reforma laboral volverá a ponerse a prueba la próxima semana en la Cámara de Diputados. Tras la media sanción del Senado, el oficialismo busca acelerar el debate en comisiones con la intención de llevar el proyecto al recinto cuanto antes. Sin embargo, una modificación introducida a último momento en la Cámara alta encendió luces de alerta incluso entre bloques aliados y amenaza con tensar la negociación.
Según publicó el diario Clarín, el punto más sensible es el referido al régimen de licencias por enfermedad. Se trata del artículo 44, que modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que, ante una enfermedad o accidente inculpable que impida al trabajador prestar tareas, el salario a percibir será del 50% de la remuneración. En determinados casos vinculados a actividades consideradas riesgosas asumidas voluntariamente, el porcentaje ascendería al 75%.
El cambio, incorporado en el Senado sobre el cierre del debate, generó incomodidad en sectores que hasta ahora acompañaban el espíritu general de la iniciativa. En el PRO anticiparon que revisarán ese punto por considerar que podría implicar una reducción de derechos. En la UCR también admiten reparos y analizan el texto con detenimiento. Desde Provincias Unidas, el bloque que responde a varios gobernadores, advierten que el artículo podría derivar en mayor litigiosidad.
La oposición deslizó, en declaraciones recogidas por ese diario, que la redacción actual podría abrir la puerta a conflictos judiciales en casos de enfermedades graves, al excluir adicionales y comisiones del cálculo salarial durante la licencia. La preocupación no es solo política: en el Congreso temen que una norma ambigua derive en una ola de demandas.
El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dejó trascender que no está dispuesto a aceptar modificaciones sustanciales al texto aprobado por el Senado y que la intención es que la ley comience a regir en marzo. En el oficialismo sostienen que el nuevo esquema apunta a ordenar el sistema y evitar abusos en el uso de licencias médicas, y evalúan que ciertos aspectos puedan precisarse vía reglamentación.
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Pero las diferencias no se agotan allí. También genera discusión la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar indemnizaciones, y la redacción vinculada a la eventual aplicación temporal de la norma. Algunos bloques opositores reclaman mayor claridad para descartar cualquier interpretación retroactiva que afecte contratos vigentes.
Con este escenario, el oficialismo apuesta a reunir a las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para emitir dictamen y avanzar hacia el recinto. Sin embargo, si los aliados dialoguistas insisten en introducir cambios, el trámite podría dilatarse o incluso obligar a que el proyecto regrese al Senado.
