Las cifras parecen un alivio: en 2025, los homicidios bajaron un 32% interanual en Tucumán. A nivel país la caída fue del 5,5%. El Ministerio de Seguridad nacional celebró que la Argentina tenga la tasa más baja de la región. El Gobierno local subrayó los números, pero advirtió que no hay que conformarse. Y no hay que hacerlo porque detrás de cada porcentaje hay historias. Y detrás de cada nombre y apellido, una familia.
Aunque las estadísticas oficiales muestran un cuadro positivo general, los crímenes vinculados al narcotráfico inquietan en Tucumán. Muchos de ellos demoran en resolverse. Los especialistas explicaron en LA GACETA que no es por falta de voluntad institucional, sino por un sistema que corre desde atrás a bandas que poseen recursos ilimitados y cada vez más sofisticados.
Testigos que tienen miedo de declarar. Escuchas que no se hacen en tiempo real. Pericias genéticas que tardan hasta un mes en entregar los resultados. Teléfonos que guardan información clave, pero cuyo análisis puede demorar semanas o meses. Estas escenas se repiten habitualmente cuando una investigación se pone en marcha.
El caso de Érika Antonella Álvarez expone esta realidad con crudeza. La causa muestra una trama atravesada totalmente por la droga y por personajes calificados como “pesados” en el ambiente delictivo. Cuando el terror de los posibles testigos -un miedo que los enmudece por completo- y la tecnología no alcanzan, la investigación se vuelve un camino sinuoso.
La historia reciente de Tucumán registra numerosos ejemplos de expedientes que quedaron a mitad de camino. Adrián Mansilla, en 2003; los policías Alberto Valdez y Ángel Véliz, en 2015; Cynthia Moreira, en 2018; Víctor Hugo Brito y su hijo Gonzalo, en 2021; Luis “Chano” de la Vega y su hijo Facundo, en 2022; Manuel “Chuky” Zárate, desaparecido desde 2025. En varios casos apareció la hipótesis narco, pero la línea se debilitó con el paso del tiempo. Algunos concluyeron con condenas parciales. Otros se mantienen impunes. En todos queda la misma sensación: hay redes más profundas y decisivas que quedan intactas.
Los especialistas lo marcan: el narcotráfico no se investiga como un robo, una trifulca futbolera o una golpiza en cualquier esquina. Se trata de organizaciones con dinero, protección, tercerización de la violencia y estructuras pensadas para actuar con impunidad. Enfrentarlas sin recursos es una pelea desigual.
Ahí aparece la paradoja. Tucumán es una de las provincias que más contribuyó a bajar la tasa de homicidios del país, pero cuando el crimen está ligado a la droga, el esclarecimiento sigue siendo vidrioso.
La voluntad política generó hitos al respecto, como el avance contra presuntos narcotraficantes conocidos en la provincia y su encarcelamiento. Pero parece no alcanzar.
Mientras los informes muestran resultados promisorios, las causas abiertas recuerdan que la violencia narco necesita mucho más para ser confrontada. Reducir los homicidios es un logro que no debe minimizarse. Pero el desafío que queda es más profundo, porque la violencia ligada al narcotráfico no puede quedar fuera del radar, por más difícil que sea investigarla.
