EMPLEADOS DEL BAR. Una filmación aportada por la defensa de Páez muestra gestos obscenos contra ella.
La abogada santiagueña Agostina Páez cumple libertad restringida con monitoreo electrónico en Brasil, luego de que la Justicia de ese país le colocara una tobillera electrónica tras su presentación voluntaria en el Centro de Monitoreo de Río de Janeiro. Además, se dispuso la retención de su pasaporte, la prohibición de salir del país y un control permanente de sus movimientos.
La investigación se inició a partir de una denuncia por injuria racial, un delito considerado grave en Brasil bajo la Ley 7.716, que no admite excarcelación bajo fianza y contempla penas de entre dos y cinco años de prisión. Según el expediente, la acusada habría realizado gestos y sonidos asociados a un mono, además de expresiones discriminatorias hacia empleados de un bar.
Nuevo video
Uno de los elementos centrales incorporados recientemente a la causa es un nuevo video de una cámara de seguridad, que fue sumado al expediente por la defensa de Páez, encabezada por el abogado Sebastián Robles. Las imágenes mostrarían provocaciones previas de parte de quienes efectuaron la denuncia, incluyendo burlas, insultos y gestos obscenos con referencias sexuales, en el marco de una discusión por el pago de la cuenta.
Este material es considerado clave por Robles, porque podría modificar la interpretación de los hechos, al demostrar que existió una escalada de agravios previa al episodio denunciado. Incluso, se interpreta desde la defensa que se podría abrir la puerta a una recalificación legal o atenuar la responsabilidad penal de la joven.
“Agostina está tratando de concentrarse en respetar el proceso judicial. Las expresiones que podamos hacer nosotros no reemplazan de ninguna manera lo que determine la Justicia”, afirmó su abogado en TN. Indicó que la joven se encuentra “muy afectada” por el contexto que atraviesa, enfocada exclusivamente en cumplir con todas las medidas cautelares que le fueron impuestas y que cualquier valoración sobre su estado emocional o su accionar excede el plano legal y pertenece al ámbito privado.
Uno de los puntos centrales de su reclamo es la falta de claridad respecto al alcance temporal de las medidas restrictivas: “es el gran problema que tenemos; no se fija ningún plazo razonable. Le dicen ‘usted no puede salir del país’, pero no le dicen hasta cuándo”.
Para Robles, esa situación es arbitraria y la calificó de “borrosa”. Adelantó que si no hay respuestas a las presentaciones realizadas hasta el momento, se encuentra preparando una nueva instancia legal: el caso podría ser elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el argumento de una posible violación a garantías fundamentales.
Qué viene ahora
La indagación policial se encuentra en su fase final y será elevada en los próximos días al Ministerio Público. A partir de allí, el juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, deberá definir los pasos a seguir: si la causa avanza hacia una imputación formal; si se modifica la calificación del delito o si se revisan las medidas cautelares vigentes.
En paralelo, el defensor anunció que presentará un habeas corpus para solicitar que Páez pueda regresar a la Argentina, al considerar que las restricciones impuestas son “excesivas” en relación con la situación procesal actual.
Cambio de domicilio
Páez manifestó estar “muerta de miedo” y denunció haber recibido amenazas de muerte a través de redes sociales, lo que la llevó a cerrar sus cuentas en internet. Además, el martes denunció que tres personas -que se hicieron pasar por policías- intentaron ingresar a su departamento alquilado en Río, hecho que motivó un cambio de domicilio por razones de seguridad.
La joven cuenta con el acompañamiento del Consulado Argentino en Brasil, que mantiene reuniones para seguir el caso y con apoyo legal tanto local como argentino. Su familia evalúa viajar para acompañarla ante el impacto emocional de la situación.
Deportistas detenidos
Escándalo en un torneo de tenis en Itajaí
Dos tenistas latinoamericanos fueron detenidos en Brasil tras un episodio de insultos raciales ocurrido el jueves, durante el torneo de dobles del Challenger de Itajaí. Se trata del venezolano Luis David Martínez y del colombiano Cristian Rodríguez, quienes, según las acusaciones, realizaron gestos y expresiones racistas. El primero fue captado haciendo gestos como un mono hacia el público, mientras que su compañero habría insultado a un recogepelotas. Tras la intervención de la organización del torneo y la Policía Militar, ambos jugadores fueron localizados en un hotel y trasladados a una comisaría, donde quedaron bajo custodia. El hecho generó un fuerte repudio institucional por parte de los organizadores del certamen y se les abrió un proceso judicial que podría derivar también en sanciones deportivas internacionales, con impacto en sus carreras.
