Javier Milei.
El Gobierno Nacional dio un paso decisivo en su estrategia de seguridad al oficializar el ingreso del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25 en el Congreso de la Nación. La medida, que lleva la firma del presidente Javier Milei y la totalidad de su Gabinete, busca blindar la ambiciosa reforma de la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Con la entrada del documento por la mesa de entradas del Senado y de la Cámara de Diputados, se activa formalmente el mecanismo de control legislativo, marcando el inicio de una nueva disputa de poder entre el Ejecutivo y la oposición.
La normativa propone una reestructuración profunda del sistema de inteligencia, orientada a unificar tareas y optimizar el intercambio de datos entre agencias. Entre los cambios más significativos se destaca la limitación de la Agencia de Seguridad Nacional a tareas exclusivas de contrainteligencia y la eliminación de organismos que el Gobierno considera redundantes, como la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.
En términos procesales, el Gobierno cuenta con un plazo teórico de diez días para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo analice el decreto. Sin embargo, al no estar conformada dicha comisión, el debate real se trasladaría directamente a los recintos de ambas Cámaras a partir del 29 de enero. Para que el DNU pierda vigencia, la ley exige que sea rechazada por mayoría simple en ambas instancias, lo que le permite a la Casa Rosada concentrar sus esfuerzos de persuasión en una sola de las Cámaras para garantizar la supervivencia de la reforma.
Diputados de Fuerza Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica han cuestionado no solo el contenido, sino también la forma, alegando que una reforma de tal sensibilidad no debería realizarse por decreto al carecer de una verdadera “necesidad y urgencia”. Ante esto, la Comisión Bicameral de Inteligencia ya prepara pedidos de informes para exigir transparencia sobre los alcances del nuevo sistema.
La presión opositora se ha formalizado mediante notas enviadas a las presidencias de ambas Cámaras, encabezadas por Martín Menem y Victoria Villarruel, exigiendo la conformación inmediata de las comisiones de Inteligencia y de Trámite Legislativo.
Estas instancias son críticas: la primera supervisa el funcionamiento de los espías y la segunda determina la validez constitucional de los DNU.
En el tablero de votos, la oposición parece estar cerca de alcanzar el quórum necesario para forzar una sesión especial en febrero. Con un bloque base de 121 diputados -compuesto por el peronismo, Provincias Unidas, la izquierda y algunos legisladores independientes-, solo necesitan sumar ocho voluntades adicionales para desafiar la vigencia del decreto. Este escenario pone a prueba la capacidad de resistencia del oficialismo y su habilidad para fragmentar las coaliciones opositoras antes de que lleguen al recinto.
