Raúl Alfonsín y Carlos Menem, en el llamado Pacto de Olivos.
Hace 32 años se consumó la última reforma constitucional en el país, a partir de un acuerdo entre peronistas y radicales que hoy se presume impensable. Entonces, los liderazgos de Carlos Menem y de Raúl Alfonsín permitieron consumar el Pacto de Olivos, que ofició de sustento conceptual para actualizar la Carta Magna. El paso del tiempo ha demostrado los aspectos positivos, los negativos y, sobre todo, las deudas todavía no saldadas de un articulado que buscaba lanzar a la Argentina al siglo XXI.
En ese último apartado es indiscutible el incumplimiento de la disposición transitoria sexta, que fijaba la obligatoria rediscusión del régimen de la coparticipación nacional (atento al inciso 2 del artículo 75) hasta “antes de la finalización del año 1996”; o sea que este año se cumplen tres décadas de hacer oídos sordos a esta disposición vinculante.
Quizás esa disposición nació muerta, ya que su texto habla expresamente de que “la distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de esta reforma, no podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada; tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente”. En política nadie se suicida: los intereses contrapuestos hicieron y hacen imposible cumplir el mandato, ya que haría que algunos distritos reciban más recursos y otros menos y ninguno está dispuesto a ceder ni un peso.
Una de las innovaciones más notorias de la Constitución del 94 fue la creación de la figura del Jefe de Gabinete. Su origen remite a los Primeros Ministros de los regímenes parlamentarios europeos, y fue propuesto por Alfonsín para relativizar la hiperpersonalista figura presidencial. Asimismo, como ese cargo debe presentar informes periódicos en el Congreso, tiene un inédito control parlamentario y se transforma en el único funcionario que debe pasar en forma obligatoria por el recinto sin ser citado especialmente. La idea de fondo que inspiró esta figura era resguardar al mandatario y que oficie de un eventual fusible que salte en caso de crisis con otras fuerzas políticas. En la práctica, ha funcionado más puertas adentro que hacia afuera para superar peleas intestinas.
Desde su nacimiento, han pasado 22 dirigentes por ese cargo (tres en la actual gestión), el segundo en importancia formal de la Casa Rosada. Un simple ejercicio desafiaría la memoria si se preguntase los nombres de cuántos jefes de Gabinete se recuerdan: en el listado aparecen su fundador el 8 de julio de 1995, Eduardo Bauzá, el tucumano Juan Manzur, Rodolfo Terragno, Alberto Fernández (el que más tiempo estuvo en dos períodos), Marcos Peña y Carlos Corach. Por eso este asunto trasciende cualquier partido o mandato y adquiere peso institucional en cualquier revisión futura que se proponga.
Otro artículo que merece su debate a futuro es el relacionado con el número de diputados, ya que sigue vigente que el pueblo debe tener un representante “por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada”. Hoy, Tucumán tiene un diputado nacional cada 166.000, y así pasa con el resto de las provincias. De cumplir con la norma, la Cámara Baja debería tener 1.385 miembros como mínimo.
