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En 2025, casi una de cada seis hectáreas de caña en Tucumán fue quemada. Los datos publicados por LA GACETA (27/12/25) sobre la quema de cañaverales resultan preocupantes. Una evaluación objetiva indica en la zafra presente se quemaron 49.100 hectáreas de caña de azúcar, a las que se suman 6.770 hectáreas correspondientes a otros cultivos, alcanzando un total de 55.870 hectáreas afectadas por el uso del fuego. Si bien la quema exclusiva de caña muestra una leve reducción respecto a 2024 (54.000 ha o una reducción del 9%), el total general confirma que el problema persiste en niveles elevados. Sería interesante contar con el nivel de error que implica toda medición ya que una diferencia del 9 % podría caer dentro del error del método utilizado. Otro cálculo sencillo demuestra que del total de la vegetación quemada en 2025 (55.870 ha) el 88 % corresponde a quema de cañaverales. El análisis histórico indica que, tras el pico excepcional de 2020 (112.250 ha), la provincia logró una reducción significativa, con un mínimo en 2023 (38.900 ha). Sin embargo, los registros de 2024 y 2025 evidencian que no se ha consolidado una tendencia sostenida a la baja y que los avances no son aún estructurales ni definitivos. Un aspecto particularmente preocupante es el cambio en el tipo de quema de caña. En 2025, la quema de caña en pie aumentó del 16,5 % registrado en 2024 al 23,7 %, mientras que la quema de rastrojo se redujo del 83,5 % al 76,3 %. Este desplazamiento indica que una mayor proporción de la caña fue incendiada antes de la cosecha, práctica que debería estar en retroceso si la mecanización integral fuera una realidad extendida. En este sentido, los datos brindados por LA GACETA no confirman la afirmación de algunos productores que dicen que la cosecha se realiza en un 100 % con máquinas integrales y que solo se quema rastrojos. Por el contrario, el incremento de la quema de caña en pie demuestra que el uso del fuego sigue siendo una herramienta relevante en el sistema productivo. Los datos publicados indican con claridad que el desafío actual requiere de una política integral de gestión del fuego agrícola, que abarque: Mayores controles y fiscalización territorial; incentivos efectivos a la cosecha en verde certificada; control de fuego en otros cultivos y un fuerte componente de educación ambiental y corresponsabilidad social. Reducir la quema no es solo una cuestión productiva: es una decisión ambiental, sanitaria y social, clave para la calidad de vida, la protección de los suelos y el cuidado del aire que respiramos. Por otro lado, nada se dice acerca de las hectáreas certificadas sin uso del fuego que debería informar la Mesa de Gestión Ambiental de Tucumán (MGA), un grupo de trabajo interinstitucional en el que participan diferentes actores del sector público y privado de la provincia.
Juan A. González
San Juan 158 - Lules
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