La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Pablo Toviggino en la causa por la mansión de Pilar

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky dispuso el levantamiento del secreto fiscal, financiero y bancario del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero vinculada a la adquisición de una lujosa mansión en Pilar y al entramado de sociedades que orbitan alrededor de ese inmueble. La medida alcanza también a familiares, allegados y a un grupo de empresas que, según la hipótesis judicial, podrían haber sido utilizadas como pantalla para ocultar el origen de los fondos. 

La decisión, firmada en las últimas horas, constituye la medida judicial más directa adoptada hasta ahora contra Toviggino desde el inicio de la causa. A partir de este paso, los bancos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) y otros organismos deberán remitir al juzgado toda la información financiera, bancaria y fiscal vinculada a las personas y sociedades investigadas.

El levantamiento del secreto fue solicitado por el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial y se resolvió luego de una reunión entre el juez Aguinsky y el titular de la Dirección General Impositiva, Mariano Mengochea. En la resolución, el magistrado sostuvo que la información requerida “se vincula directamente con transacciones que podrían tener un origen ilícito y que, por su propia naturaleza, estarían relacionadas con la actividad de los imputados aquí investigada”.

La medida alcanza a las sociedades Real Central S.R.L. (ex Central Park Drinks), Malte S.R.L., Soma S.R.L., Servicios Lindor S.A., Wicca S.A.S. y Mendoza Wines S.A., además de a las personas físicas Pablo Ariel Toviggino; Darío Fabián Toviggino, familiar del tesorero; Juan Pablo Beacon, abogado allegado a la AFA; Luciano Nicolás Pantano; Ana Lucía Conte, madre de Pantano; y Mauro Javier Paz. 

Según la investigación, estas personas y empresas aparecen vinculadas a la compra de la quinta ubicada en la localidad de Villa Rosa, Pilar, así como a otros bienes de alto valor, entre ellos una importante colección de autos, una bodega, un bar y caballos de carrera. Para los investigadores, existe una marcada “asimetría” entre los perfiles económicos declarados de algunos de los titulares formales y el nivel patrimonial de los bienes involucrados, lo que refuerza la sospecha de una posible maniobra de lavado de activos.

Pantano figura como dueño formal de la casona de Pilar y es monotributista; su madre, Conte, jubilada, aparece como socia mayoritaria de Real Central S.R.L., la firma propietaria del establecimiento. Mauro Paz, en tanto, es quien le vendió la propiedad a Pantano. En el lugar, durante los allanamientos realizados cuando la causa aún estaba en manos del juez Daniel Rafecas, la Justicia secuestró un total de 52 vehículos, muchos de ellos de lujo, además de kartings de competición, obras de arte y documentación.

El juez Aguinsky también solicitó a la ARCA un informe técnico detallado sobre la evolución económica, financiera y fiscal de las sociedades investigadas, incluyendo ingresos reales y declarados, movimientos bancarios, vínculos comerciales, declaraciones juradas y eventuales fiscalizaciones. Además, requirió a la Inspección General de Justicia los legajos societarios, balances, memorias, escrituras y registros de aportes de capital de los últimos años.

En paralelo, el magistrado fijó para el mediodía del próximo lunes una audiencia virtual con Luciano Pantano y Ana Conte, quienes podrán ejercer su derecho a realizar un descargo oral o escrito, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 del Código Procesal. La convocatoria se produce luego de que el juez levantara el secreto de sumario y decidiera habilitar la feria judicial de enero para acelerar la investigación.

La hipótesis central que sigue la Justicia es que tanto la mansión de Pilar como los bienes millonarios secuestrados podrían integrar una maniobra de lavado de dinero, lo que exige determinar la existencia de un delito precedente y, fundamentalmente, identificar la fuente de los fondos utilizados. En ese sentido, los investigadores consideran poco probable que el origen del dinero pueda atribuirse a Pantano o a Conte, y buscan reconstruir el circuito económico que habría permitido financiar la adquisición y mantenimiento de los bienes.

Con el levantamiento del secreto fiscal y bancario, la causa entra ahora en una etapa clave: el análisis de los movimientos financieros y patrimoniales que podrían confirmar —o descartar— la existencia de un esquema de lavado detrás del fastuoso complejo de Pilar y de la red de sociedades vinculadas al entorno del tesorero de la AFA.