Martín Viola es el secretario de Energía de la provincia.
El secretario de Energía de la Provincia, Martín Viola, fue citado a declarar como imputado tras una investigación del fiscal federal Agustín Chit, acusado de haber utilizado ilegítimamente el Documento Nacional de Identidad de un tercero para crear una cuenta digital y publicar comentarios injuriantes contra un funcionario municipal.
La maniobra, según el requerimiento, quedó acreditada mediante informes técnicos, registros bancarios, datos de organismos nacionales y peritajes informáticos. El juez federal Guillermo Díaz Martínez citó a Viola a prestar declaración indagatoria el 3 de marzo del próximo año.
La causa penal tuvo origen el 22 de agosto de 2025, cuando la Justicia Federal de Tucumán tomó intervención a partir de una denuncia presentada por la apoderada legal de Julián Echazu Toneatti. En esa presentación se puso en conocimiento que el denunciante había extraviado su Documento Nacional de Identidad durante los primeros días de junio del mismo año, en la cochera del edificio donde reside, ubicado en pleno centro de San Miguel de Tucumán. Según se consignó, tiempo después advirtió que su identidad estaba siendo utilizada sin autorización en un medio digital.
El avance del caso se produjo cuando Echazu Toneatti recibió, el 21 de junio de 2025, un mensaje de WhatsApp del funcionario municipal Alejandro Sangenis. En ese contacto, Sangenis le consultó por una serie de comentarios publicados el día 20 de junio en el diario LA GACETA, que resultaban ofensivos hacia su persona y que figuraban realizados bajo el nombre y DNI del denunciante. Echazu negó haber efectuado esas publicaciones y aseguró que nunca había creado una cuenta digital en ningún medio.
El fiscal federal Chit pidió entonces la ratificación de la denuncia, que se concretó el 11 de septiembre de 2025. En esa oportunidad, el denunciante explicó que no podía precisar la fecha exacta del extravío del DNI, pero reiteró que estaba seguro de haberlo perdido en el estacionamiento del edificio, ya que allí había encontrado su billetera sin el documento. Además, afirmó no haber detectado otros usos posteriores de su identidad.
Como primera medida probatoria relevante, la Fiscalía requirió los datos de registración de la cuenta digital creada a nombre de Julián Echazu Toneatti, desde la cual se habían efectuado los comentarios investigados. Un informe detalló que la cuenta fue dada de alta el 2 de junio de 2025 desde una dirección IP específica y que, minutos después, los datos de la cuenta fueron modificados para quedar registrados con el nombre y DNI del denunciante.
La suscripción digital, correspondiente a un plan pago, fue abonada ese mismo día con una tarjeta de crédito, cuyos últimos cuatro dígitos fueron identificados y cuyo titular resultó ser Martín Sebastián Viola. Para el fiscal Chit, este elemento resultó determinante, ya que sostuvo que “la suscripción se materializó utilizando una tarjeta cuyo titular es el señor Martín Sebastián Viola”, lo que permitió vincular directamente al imputado con la operatoria digital bajo investigación.
Además se obtuvieron capturas de pantalla de los comentarios realizados desde la cuenta investigada y se precisó que la suscripción permanecía activa, aunque había sido bloqueada para realizar nuevos comentarios el 23 de junio de 2025. Este bloqueo se dispuso tras detectarse el uso irregular de la identidad del denunciante, lo que reforzó la hipótesis de una suplantación deliberada.
Paralelamente, el Ministerio Público Fiscal solicitó informes al RENAPER, al Registro Nacional de Reincidencia y al sistema de información crediticia NOSIS respecto de Martín Sebastián Viola. De esas consultas surgió que el funcionario gubernamental (quien anteriormente había sido funcionario del Municipio de San Miguel de Tucumán) tenía domicilio en el mismo edificio donde reside Echazu Toneatti, circunstancia que fue considerada de especial relevancia por la Fiscalía. En ese sentido, Chit destacó que ambos compartían dirección, lo que explicaría el acceso al DNI extraviado.
La investigación también incluyó requerimientos a distintas empresas de telecomunicaciones con el objetivo de determinar la titularidad de la dirección IP utilizada para crear la cuenta digital. Si bien se estableció que la IP correspondía a la empresa de telefonía, la prestadora informó que no era posible identificar al usuario asignado debido a que el sistema utiliza direcciones dinámicas y no conserva datos históricos completos. No obstante, la Fiscalía valoró el conjunto de indicios obtenidos como suficientes para sostener la imputación.
En su análisis jurídico, el fiscal Chit sostuvo que la conducta atribuida a Viola encuadra, en esta etapa del proceso, en el delito de uso ilegítimo de documento nacional de identidad previsto en el artículo 33 inciso d de la Ley 20.974. Al respecto, remarcó que “usar significa utilizar el documento según su finalidad específica” y que en el caso del DNI implica una identificación con efectos jurídicos, lo que se verificó al crear una cuenta digital paga y realizar publicaciones bajo una identidad ajena.
El dictamen concluyó que Viola habría actuado con dolo directo, ya que “sabía que usaba la identidad de otra persona y sin su autorización”, y que no existía ninguna explicación alternativa que justificara el uso del DNI extraviado. Con base en ese razonamiento, el fiscal solicitó la citación a declaración indagatoria del imputado conforme al artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.
El juez federal Guillermo Díaz Martínez hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y fijó audiencia de indagatoria para el 3 de 2026, instancia en Viola deberá comparecer ante la Justicia Federal para responder formalmente por los hechos que se le imputan en el marco de esta causa penal.
