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Las fuerzas navales de Estados Unidos concretaron en las últimas horas la incautación de un segundo buque petrolero vinculado a la exportación de crudo venezolano, en lo que representa una nueva escalada en la política de presión de Washington sobre Caracas y Teherán.
La operación se produjo apenas diez días después de la captura del buque Skipper -antes denominado Adisa- y constituye la primera materialización efectiva de la orden ejecutiva firmada recientemente por el presidente Donald Trump, quien declaró un “bloqueo total y completo” contra las embarcaciones sancionadas que operen en la región.
Durante diciembre de 2025, la administración estadounidense intensificó de manera significativa la aplicación de sanciones en aguas internacionales, con el objetivo de frenar la exportación de petróleo venezolano que, según Washington, se realiza mediante una red clandestina destinada a evadir controles y restricciones financieras.
Fuentes oficiales confirmaron a agencias internacionales que la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) lideró la interdicción del buque, cuyos datos específicos -nombre y bandera- se mantienen bajo reserva por razones operativas. De acuerdo con estimaciones preliminares, la nave transportaba una carga sustancial de crudo destinada a la exportación ilegal.
Al igual que en procedimientos anteriores, la operación incluyó el abordaje en alta mar por parte de fuerzas de asalto marítimo, integradas por equipos tácticos especializados, que aseguraron el control total de la embarcación sin que se reportaran enfrentamientos.
El antecedente del buque Skipper
La incautación reciente del Skipper sentó el precedente legal y operativo de estas acciones. En ese caso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sostuvo que el buque formaba parte de una “flota en la sombra” utilizada por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) y por Hezbollah para comercializar petróleo venezolano.
La operación involucró un importante despliegue militar, con helicópteros y abordajes rápidos desde el portaaviones USS Gerald R. Ford, y permitió la confiscación de unos 1,85 millones de barriles de crudo. Washington fundamentó la medida en órdenes judiciales federales y en leyes antiterroristas, al considerar que los ingresos obtenidos financiaban a organizaciones catalogadas como extremistas.
Un bloqueo que se vuelve operativo
La nueva incautación confirma que el “bloqueo” anunciado por la Casa Blanca trasciende el plano discursivo y se traduce en una campaña naval activa en el Caribe, donde Estados Unidos desplegó una presencia militar inédita en décadas, bajo facultades combinadas de lucha contra el narcotráfico y cumplimiento de sanciones antiterroristas.
Analistas internacionales advierten que esta estrategia marca una hibridación de herramientas jurídicas y militares para alcanzar objetivos geopolíticos de alto impacto, como el debilitamiento económico de gobiernos adversarios.
Se espera que en los próximos días aumente la volatilidad en los precios internacionales del petróleo, se profundice la tensión diplomática entre Washington, Caracas y Teherán, y que la llamada “flota fantasma” intente modificar rutas o mecanismos de ocultamiento, elevando el riesgo de incidentes en alta mar.
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