“Petiso David” y siete integrantes de “Los Gardelitos” son investigados por lavado de activos
El fiscal federal Chit sostiene que lideraba un grupo que ingresaba al mercado financiero dinero proveniente del narcotráfico. Su ex mujer, su actual pareja, cuatro hijos y su madre, involucrados en el caso.
EL PRINCIPIO DEL FIN. David "El Petiso David" Lobos es trasladado bajo una fuerte custodia el día que se entregó a las autoridades.
En poco más de un año, Walter “Petiso David” Lobo pasó de ser mencionado únicamente en crónicas policiales a quedar procesado por tráfico de drogas y, ahora, investigado por lavado de activos junto a otros ocho integrantes del clan “Los Gardelitos”. Este es el complejo presente del hombre que, durante más de una década, se habría dedicado a estas actividades ilícitas.
El fiscal federal Agustín Chit, tras una ardua investigación que se extendió por más de dos años, logró reconstruir un intrincado entramado financiero. Cada pieza del rompecabezas permitió establecer las maniobras que se habrían llevado adelante. “Al menos desde el año 2012 y hasta 2025, junto a su actual pareja y otros miembros de su familia, introdujo, adquirió, enajenó e hizo circular en el mercado legal distintos bienes y activos provenientes de actividades ilícitas, como el comercio de estupefacientes y la usura, por un valor aproximado de $500 millones”, señaló el representante del Ministerio Público.
De acuerdo con la pesquisa realizada por un equipo coordinado por la auxiliar fiscal Julia Vitar, durante más de una década Lobo habría utilizado a su entorno familiar para canalizar fondos obtenidos de manera ilegal. Entre los involucrados figuran su ex mujer, María Valeria Linch; su actual pareja, Ana Pompone Miguez; sus hijos Giselle Rocío, Abel David, Román y Katya Priscila; y su madre, Mercedes Zulema Galván, señalada como la matriarca del clan.
ESFUERZO. Un federal extrae una cámara de seguridad que apuntaba hacia una de las casas allanadas.
Chit sostuvo que el grupo habría conformado una red de transferencias, compras y movimientos financieros que “superan ampliamente sus ingresos declarados, lo que permite advertir la incongruencia entre su nivel de vida y los recursos formalmente registrados”. Varios de los señalados, según surgió de la investigación, fueron o son empleados de la administración pública, aunque por el momento no trascendió en qué reparticiones se desempeñaban ni quiénes dispusieron sus designaciones.
Según pudo establecer LA GACETA, la organización adquirió vehículos de alta gama, contrató numerosas pólizas de seguro y realizó viajes a países como Brasil, México, Italia, Qatar, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia y Ecuador, entre otros destinos.
“Para concretar las maniobras, los imputados operaban con billeteras virtuales y cuentas en las que recibían y transferían montos millonarios entre sí y con terceros —dentro y fuera del país—, sin documentación ni actividad declarada que justificara el origen de los fondos”, confiaron fuentes judiciales.
A modo de ejemplo, la actual pareja de Lobo habría registrado movimientos financieros por $300 millones en un período de tres años, pese a figurar únicamente como empleada pública provincial. “También se detectaron vínculos cruzados de dinero entre los distintos integrantes del grupo familiar, conformando un circuito cerrado de operaciones destinado a ocultar o legitimar los fondos obtenidos por Lobo, quien actuaba como principal generador y beneficiario”, consta en el expediente.
EN PROBLEMAS. La bandera que se exhibió en el estadio de San Martín por orden de Ángel
Vínculos narcos
“Petiso David” sufrió un duro golpe hace un año, cuando quedaron al descubierto sus presuntos vínculos con el narcotráfico en un episodio inédito para la historia policial tucumana. En diciembre pasado, durante un partido en el estadio de San Martín, Ángel “El Mono” Ale ordenó colgar una bandera en la que lo señalaba públicamente como vinculado al tráfico de drogas. Lobo desmintió categóricamente esa acusación en una entrevista con LA GACETA.
En septiembre, el fiscal de la Justicia ordinaria Mariano Fernández dispuso una serie de allanamientos en el marco de una causa por un tiroteo, según el expediente protagonizado por Facundo Ale -hijo de “El Mono” Ale- y Javier “Chuky” Casanova, supuesto socio de Lobo. Uno de los procedimientos se realizó en la vivienda del acusado, donde la Policía halló cinco kilos de marihuana.
El sospechoso permaneció prófugo durante varios días y decidió entregarse luego de que el Gobierno ofreciera una recompensa de $30 millones para quien aportara información que permitiera su captura. Tanto él como sus familiares negaron la pertenencia de la droga y acusaron a la Policía de haberla “plantado”. Semanas atrás, en otro episodio sin precedentes, allegados suyos protagonizaron una ruidosa protesta en los tribunales federales para reclamar mejores condiciones de detención en el penal de Benjamín Paz, donde se encuentra alojado tras haber sido procesado.
Lo que no se conocía públicamente era que Chit llevaba al menos dos años desarrollando una investigación paralela en su contra. El secuestro de estupefacientes permitió sumar nuevas evidencias sobre las actividades que se le atribuyen al integrante de Los Gardelitos.
SECUESTROS. Tres vehículos incautados por los efectivos en el marco de la investigación.
“En conjunto, las maniobras evidencian una estructura familiar dedicada a administrar, hacer circular y disfrutar del dinero proveniente del comercio de estupefacientes, utilizando canales formales e informales para simular un origen lícito y sostener un nivel de vida incompatible con sus ingresos reales”, afirmó el representante del Ministerio Fiscal.
En la investigación encabezada por Chit, Lobo aparece mencionado en al menos cinco causas vinculadas al narcotráfico abiertas entre 2012 y la actualidad. Salvo en la más reciente, en todas fue investigado por el transporte y la comercialización de grandes cantidades de cocaína en esta y otras provincias.
Allanamientos
Ayer, bajo un estricto hermetismo, personal del Departamento de Operaciones contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Narcotráfico, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la Policía Federal Argentina, realizó una serie de allanamientos en domicilios vinculados a los investigados. Las medidas fueron autorizadas por el juez federal José Manuel Díaz Vélez.
Según informaron fuentes cercanas a la causa, durante los procedimientos los efectivos secuestraron dinero en efectivo, vehículos, teléfonos celulares, computadoras, pasaportes, dispositivos electrónicos y documentación financiera y patrimonial, entre otros elementos considerados de interés. No se descarta que en las próximas horas se dispongan nuevas medidas.
