Presentan una Red de Juezas y Jueces Penales de la Argentina “para construir un país más justo”

Bajo la consigna de superar el aislamiento y promover una reflexión profunda sobre el rol del Poder Judicial en el Estado constitucional de derecho, más de un centenar de magistrados y magistradas de las 24 provincias argentinas constituyeron formalmente la Red de Juezas y Jueces Penales de la Argentina. El encuentro, realizado el 5 de diciembre de 2025 en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA, se instituyó como un acto fundacional con el objetivo de “promover el diálogo con la ciudadanía y afianzar un sentido de la función jurisdiccional atento a las realidades sociales y las exigencias de la comunidad a la que sirve”, según la información oficial.

La gestación de esta articulación federal se remonta a un trabajo sostenido durante tres años, inicialmente impulsado por un grupo de magistrados del Noroeste Argentino (NOA). Una parte esencial de esta red se reconoce en la iniciativa conversada por el fallecido juez Mario Juliano y el juez Mario Velázquez, magistrado del Colegio de Jueces del Centro Judicial Monteros, en Tucumán. Velázquez, reconocido por abordar casos sensibles de violencia de género y utilizar un enfoque integral para asegurar la tutela judicial efectiva de víctimas en situación de vulnerabilidad extrema, fue clave en la activación de este espacio colectivo. A la semilla inicial se sumaron luego jueces de los fueros nacional y porteño, “junto con la experiencia decisiva de la Red de Jueces de la Provincia de Buenos Aires, y el trabajo de colegas del sur del país en torno a las reformas procesales, consolidando así una dimensión verdaderamente federal”.

Desde el inicio de la jornada, se planteó la necesidad de hablar sobre los problemas que enfrenta el Poder Judicial, destacando la importancia de un diálogo sincero y la discusión con perspectiva federal. La preocupación compartida que convocó a sus integrantes “es la dificultad para ejercer plenamente la potestad jurisdiccional, ya sea por falta de recursos, presiones externas o condicionamientos que adoptan diversas formas en cada región”. Los impulsores coincidieron en la necesidad de quebrar el mutismo judicial y en la convicción de no quedarse únicamente en el diagnóstico. En este contexto, se evocaron las palabras del juez Juliano, quien sostenía que la labor judicial no se agota en el despacho, sino en la participación activa en los grandes debates de la sociedad, bajo la máxima: “La cabeza piensa donde los pies pisan”.

El acto contó con una nutrida agenda de exposiciones, iniciada por la jueza Karina Andrade. La apertura estuvo a cargo del jurista español Perfecto Andrés Ibáñez, la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y el profesor Maximiliano Rusconi, doctor y catedrático de Derecho Penal de la UBA. Posteriormente, juezas y jueces de distintas provincias abordaron las dimensiones funcional, orgánica y procesal de la independencia judicial, destacando la jueza Natalia Ohman la necesidad de superar el aislamiento en la labor. El cierre de las exposiciones fue responsabilidad del camarista de San Isidro, profesor y doctor en derecho penal Leonardo Pitlevnik.

La jornada concluyó con la lectura de los cinco ejes fundamentales del documento fundacional de la Red a cargo del juez de Catamarca, Rodrigo Morabito, puntos que reafirman el rumbo del nuevo espacio. Estos ejes incluyen el compromiso diario de sus integrantes para construir un país más justo con un poder judicial cercano a las personas y atento a las realidades sociales, consciente de su responsabilidad ante víctimas y detenidos en contextos de colapso carcelario. Se destacó el deber de aplicar la formación profesional, promoviendo prácticas ajustadas al marco convencional y un modelo de enjuiciamiento que garantice la desconcentración de funciones y un control judicial suficiente y efectivo. Además, se afirma la defensa de la independencia judicial como garantía ciudadana y la debida fundamentación de las decisiones.

Finalmente, el documento fundacional establece el rechazo a toda política que busque debilitar la función activa del Poder Judicial en su control de legalidad sobre las investigaciones policiales o que intente condicionar mediante dependencia económica, pauperización institucional o designaciones subordinadas a intereses partidarios. El quinto y último eje enfatiza la necesidad de un poder judicial fortalecido, que cuente con jueces y juezas penalistas profesionalizados, en formación continua y con los recursos indispensables para cumplir adecuadamente su rol institucional. Este primer encuentro sentó las bases para repensar, desde una perspectiva colectiva, el lugar ineludible que debe ocupar el poder judicial para ser un actor contemporáneo y a la altura de las exigencias de la sociedad.