

El Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo envió una carta a la diputada nacional Gladys Medina, presidenta del Bloque Independencia, en la que expresó su “profunda preocupación” por el Proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Ejecutivo Nacional y solicitó su rechazo. El documento también fue dirigido al resto de los integrantes del bloque.
El pronunciamiento lleva la firma, entre otros, de Enrique Romero, Martín Rodríguez, Héctor Argañaraz, Tuta Alderete, Gabriel Acosta —secretario general de Vialidad Nacional— y Gustavo Salas Correa, de la CNTA (Central Nacional de Trabajadores Argentinos).
En la misiva, el movimiento sostiene que el gobierno de Javier Milei impulsa una reforma “con características antirrepublicanas” y advierte que, sin un plan de desarrollo económico, producción e industrialización, cualquier modificación del régimen laboral “solo cultivará quebrantos y cosechará miserias”.
“El empleo no se crea bajando derechos, sino reactivando la economía”, señala el texto, que rechaza la idea de que la rentabilidad empresarial deba surgir de la precarización, la inestabilidad laboral o la extensión de las jornadas de trabajo. En ese sentido, denuncia un intento de “levantar un nuevo muro de Berlín” que limite el acceso de los trabajadores a la justicia laboral.
Los firmantes comparan la iniciativa con reformas aplicadas a fines de los años ’80, durante los ’90 y en 2001, que —según recuerdan— tuvieron consecuencias “devastadoras” para el entramado productivo y los derechos laborales. A su vez, afirman que la propuesta busca debilitar a los sindicatos, reducir la capacidad de negociación colectiva, flexibilizar las condiciones de trabajo y provocar una baja salarial, sin generar más empleo.
El documento cuestiona de manera directa el modelo económico vigente, al que define como “financiero y no productivo”. En ese marco, advierte sobre un proceso de desindustrialización y destrucción de PYMES, y asegura que desde la asunción del actual gobierno ya se registraron más de 400.000 despidos formales.
“La falta de inversión productiva y la caída del consumo son los verdaderos obstáculos para la creación de empleo”, plantea el movimiento, que además critica las políticas de ajuste fiscal y endeudamiento, a las que responsabiliza por el estrangulamiento de la economía y la paralización de la actividad.
Entre sus propuestas, el espacio reclama diversificación industrial, incentivos a la inversión, innovación y competitividad, y medidas que protejan la producción nacional de la competencia desleal. También advierte que avanzar en una reforma “cercenando derechos” demuestra falta de voluntad para construir paz social a través del desarrollo integral.
El texto subraya que el proyecto oficial modifica 60 artículos y deroga otros 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, eliminando principios de justicia social y reglas interpretativas favorables al trabajador. Señala además que los trabajadores de plataformas, los independientes y quienes prestan servicios por locación quedan excluidos del régimen laboral, y que se elimina el beneficio de la duda probatoria.
Finalmente, los firmantes se muestran convencidos de que la reforma será declarada inconstitucional por la justicia laboral, al considerar que está “contaminada por los mismos rasgos autoritarios” del DNU 70/2023. También cuestionan a la CGT por haber integrado el Consejo de Mayo, con representación del dirigente de la UOCRA, Gerardo Martínez.
“Estamos ante un momento bisagra”, advierte el documento, y concluye con un llamado a los legisladores a estar “a la altura de las circunstancias del pueblo y de los trabajadores de Tucumán”.







