Ontiveros: “Jamás ofrecí al denunciante una sentencia a cambio de dinero”

“El abogado Robles y su gente están armando un paupérrimo circo mediático, quitándole seriedad a una investigación en la cual nunca existió ni existe hasta el día de la fecha un solo elemento ni una sola prueba que pudiera indicar la comisión de algún delito de mi parte. Por el contrario, en el expediente está demostrado que jamás ofrecí al denunciante una sentencia a cambio de dinero”. De esta manera se expresó el abogado Luis Alejandro Ontiveros, sospechado de maniobras de presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal.

Ontiveros envió una nota a LA GACETA en la cual advierte que “el abogado Robles falta a la verdad diciendo que estoy obstaculizando la investigación, cuando en realidad el único que está obstaculizándola es él, ya que desde el inicio de esta investigación se dedicó a hablar con la prensa todo el tiempo sobre ella, tergiversando toda la información real del expediente. Y más grave aún, en la nota de su diario de fecha 6 de diciembre, Juan Andrés Robles deliberadamente violó una prohibición notificada a las partes dispuesta por la fiscalía respecto a la divulgación de las conclusiones de la pericia telefónica, notificadas el día viernes 28 de noviembre a ambas partes”. “No sólo violó esta prohibición legal, sino que además brindó información tergiversada y falsa sobre las conclusiones de la pericia telefónica. Pareciera que el patrocinante de la querella no sabe leer las conclusiones de una pericia informática, o no quiere hacerlo. Lo cierto es que se filtró información tergiversada para perjudicarme a mí y a mi pareja Solana Casella (N de la R: relatora del camarista Mario Leal y postulante para ser jueza federal en Tucumán”), agregó.

Ontiveros agregó: “Jamás obstaculicé la investigación, todo lo contrario. Como persona formada en el derecho, desde el primer día colaboré con la investigación, porque soy el principal interesado en que se esclarezca la verdad. Mi colaboración está probada en el expediente, ya que desde un primer momento me puse a disposición de la justicia para que se esclarezca esta causa falsa”. “Así, por ejemplo, consta en el expediente que voluntariamente concurrí al Juzgado y brindé el PIN de mi celular (situación a la que no estaba obligado) sin embargo en pos de aclarar la verdad lo hice. Una persona que quiere ocultar un delito o que busca obstaculizar una investigación, no brinda voluntariamente el PIN de su celular, al cual de otra manera resultaría de difícil acceso”, aseguró. “Además, en todo momento acaté las órdenes dispuestas por el Juzgado o la Fiscalía, como por ejemplo la prohibición de divulgación que notificó la Fiscalía el viernes 28 de noviembre, mientras que Robles la incumplió”, indicó Ontiveros.

El abogado también aseguró que “se ha publicado en este diario sobre la existencia de un pedido de indagatoria, situación que no nos fue notificada, no consta en el expediente, y en caso de existir dicha información sólo puede haber sido obtenida mediante una filtración ilícita proveniente de alguno de los sujetos obligados a guardar confidencialidad, con acceso al expediente. Por lo que se iniciarán las acciones penales correspondientes”. Siguió luego respondiendo al abogado que representa al querellante Mario Martínez Salazar. “La afirmación de Robles respecto a una obstrucción con el celular por mi parte, es una hipótesis creada por él, que no se sustenta en ninguna prueba. No consta en ninguna parte del expediente, ni mucho menos en el acta de requisa personal, que durante el desarrollo de la medida de secuestro del teléfono yo hubiera desinstalado o eliminado algo del celular”.

“Robles ya cuenta con antecedentes de haber tergiversado información en su calidad de abogado en el caso de Paola Tacacho, en el cual gracias a su actuación como  profesional, pudo lograr la impunidad de Mauricio Parada Parejas, homicida de Paola Tacacho. Así, el abogado Robles distorsionaba los hechos y decía que Paola Tacacho era la acosadora, que perseguía con falsas denuncias a su representado, quien luego fue el homicida. Por lo que no me sorprende para nada que en este caso recurra a distorsionar nuevamente la realidad de los hechos”, aseveró.

Sobre las recusaciones

Según Ontiveros, “tampoco es cierto lo que dice el denunciante que recusamos jueces como mecanismo de dilación, o como una estrategia procesal, porque la verdad es que el Juez (José Manuel) Diaz Vélez está apartado de la causa porque se le venció el plazo máximo de dos años que establece la ley de subrogancias. Si el mismo se hubiera mantenido en sus funciones hubiera sido pasible de sanciones administrativas y penales. De igual manera, vencido el plazo máximo que puede subrogar el Juzgado Federal N° 2 tampoco puede volver por imperio de la ley”. “En referencia al Dr. Guillermo Díaz Martínez y (Miguel Ángel) Contreras, los mismos se inhibieron por voluntad propia, es decir que los apartamientos de estos tres jueces no fueron producidos por mi parte”, explicó. En ese sentido, agregó que “está a la espera de resolución una recusación contra el Fiscal (Agustín) Chit, por serias irregularidades en la investigación de la causa, basada en hechos objetivos y que se encuentran en el expediente. Entre ellas, existe una comunicación en el teléfono del denunciante donde consta que Mario Martínez Salazar, en su condición de funcionario de ARCA accedió a información privilegiada para realizar un favor al entorno del señor Fiscal Federal, lo cual consta en el expediente, lo que demuestra una amistad o al menos una cercanía entre el denunciante y el fiscal Chit”. También dijo que “otra causal de la recusación es que existe una denuncia contra Martínez Salazar por falso testimonio (probada en autos) que hasta el día de la fecha no le ha dado el señor Fiscal ningún trámite.

Además, existen numerosas pruebas en el expediente que no han sido valoradas por el Fiscal. Por ejemplo, los dictámenes de Fiscalía aluden a un audio como prueba en mi contra, pero no aclaran que el mismo audio es inaudible”.  “También, el Fiscal afirmó que me movilicé en un vehículo de propiedad de la señora Solana Cainzo, y que dentro del mismo cometí un delito, hecho que es falso, pero el fiscal se niega hasta el día de la fecha citar a la señora Cainzo, ya que esta es la prueba fundamental sobre la que se basa toda la denuncia. Esto a efectos de ser breve, solo citando algunas de las numerosas irregularidades que justifican un temor de parcialidad por parte de la Fiscalía”, finalizó.

Fe de erratas: En la edición de ayer se publicó una nota con una foto del abogado Luis Ontiveros y de su esposa, la relatora Solana Casella. En el epígrafe se puso la palabra “sospechosos”. Se aclara que la abogada Casella no es sospechosa de nada ya que hasta aquí nada la vincula a la causa. La investigación es sobre su esposo.