“Esta es una investigación en la que la Policía tuvo una activa participación. Es una prueba de que estamos en plena depuración. Vamos a apoyar a los buenos policías y a perseguir a los que actúan fuera de la ley”. Joaquín Girvau, jefe de Policía.
“Si son 15 sobre 14.000, la Policía está controlada”. Osvaldo Jaldo, gobernador.
¿En qué se parecen los últimos casos de escándalo en la Policía?
Caso 1
Comisario Gustavo Beltrán, ex jefe de la Unidad Regional Norte. Acusado de hacer trabajar a policías y a presos como albañiles en su casa del Cadillal. Vivienda que, además, está en un terreno usurpado. Acusado de haber escrito mal en las actas policiales los traslados de los presos, que, por otra parte, estaban alojados en dependencias de la URN en vez de estar en la cárcel. Por detrás de Beltrán fueron acusados el segundo jefe, Sergio Juárez, y el comisario Walter Colombres, entre otros policías. Un grupo encabezado por la Fiscal de Estado y el Ministro de Seguridad, con agentes de la custodia del Gobernador descubrieron in fraganti hace tres semanas a dos policías y dos presos trabajando en la casa de Beltrán.
Caso 2
Una mujer que organiza fiestas en Lomas de Tafí, Tafí Viejo y Yerba Buena denunció que personal de la URN le pedía dinero (entre $ 800.000 y $ 1 millón cada sábado) para dejarla trabajar tranquila. Cuando se negó a pagar, le hicieron operativos y detuvieron gente en las fiestas, según la denuncia.
Caso 3
Ex comisario Jorge Mastafá, ex jefe de Patrulla Urbana y ex Director de Tránsito de la Municipalidad capitalina; y comisario Marcelo Soraire, ex jefe de destacamento del Casa de Gobierno y de la oficina de Tribunales. Acusados de integrar una asociación ilícita que usurpaba viviendas cuyos dominios no estaban en regla por problemas sucesorios u otras cuestiones legales. Según el expediente, esas viviendas eran vendidas a terceros con documentos falsos. Se sospecha que hubo gente que espiaba las casas, que se fraguaron actas y que hubo testigos falsos.
Caso 4
Comisario Ale (no se difundió el nombre), jefe de la comisaría de Famaillá. Una mujer del bario Nueva Baviera dice que el del 6 de noviembre de 2024 un grupo de policías de esa comisaría irrumpió de manera violenta en su vivienda con la excusa de buscar a un supuesto delincuente (que ya había sido capturado en otra parte) y que el comisario a cargo del operativo le exigió cinco millones de pesos para no complicar la situación procesal de su pareja, arrestado bajo el régimen de prisión domiciliaria por comercialización de estupefacientes. Ante su imposibilidad de conseguir esa suma de dinero, el comisario le habría exigido al menos tres millones e insinuado que su pareja “además debía vender droga para él”, según la denuncia. El juez Marcos Núñez Campero hizo allanar la casa del comisario y se secuestraron pruebas y 8 millones de pesos. Desde hace un año está siendo investigado el caso y el policía estaría aún a cargo de la comisaría.
Altos cargos
¿En qué se parecen todos estos casos? En que son comisarios los denunciados, es decir los altos cargos de la fuerza de seguridad. Se sospecha que son unos 18 jefes los involucrados en los distintos casos, algunos de que los cuales, según se dijo, vienen sucediéndose desde hace bastante tiempo.
Si los jefes son los que dan las órdenes y cometen irregularidades o delitos, ¿qué pueden alegar, si no “obediencia debida” los que están en rangos inferiores? ¿Y cuánta gente habrá involucrada más abajo?
Ya en la causa de Beltrán los dos sargentos detenidos con él, Luis Trejo y Osvaldo Teseira, pidieron declarar esta semana y habrían dicho que no recibían pago extra por las tareas de albañilería; que estaban amenazados con sanciones o traslados si se negaban a hacerlo o si hablaban; que la secretaria del jefe era quien les decía qué hacer; que los presos condenados nunca estuvieron esposados ni contaban con custodios para cuidarlos; y que la comisaria jefa de Recursos Humanos de la URN y el segundo jefe, Sergio Juárez, estaban al tanto del trabajo que desarrollaban.
¿Si los comisarios hacían estas cosas, para abajo qué se hacía? ¿Obediencia? ¿Imitación? Esta semana se conoció de una denuncia contra tres agentes por presunta extorsión a un conductor de ubermoto a quien el 11 de mayo, con la excusa de que no tenía papeles en regla, obligaron a desviarse al parque Guillermina y a dejar su pasajera. Según la denuncia, le habrían robado $ 200.000 y habrían sido grabados.
La defensa enfática de las autoridades ha sido que en una fuerza de 14.000 agentes, repartida en 143 comisarías en la provincia, que haya estos pocos empleados infieles no ensucia la tarea realizada, que se expresa en bajas sustanciales de los homicidios y de los delitos en general. Lo cual es casi inobjetable, si se exceptúa que también hay mala praxis en la tarea, como ha sido la terrible revelación de que el crimen del policía Víctor Emanuel Lazarte estuvo mal investigado por la Justicia y la policía. Como se sabe, los cuatro acusados fueron absueltos la semana pasada y la muerte del agente sigue impune.
La cuestión sigue siendo si se puede controlar. Como dijo Jaldo, una fuerza de seguridad cuyas tareas con frecuencia están en la oscuridad. ¿Quién sabe dónde están los agentes cada día, cuyas tareas son diagramadas por los comisarios?
No se trata sólo de discutir si poner o no asuntos internos –el jefe Girvau dice que en lo que lleva de su función se ha separado a 40 hombres con la oficina que tienen de control- sino de saber cuáles son las causas que permiten que haya estas desviaciones. ¿Es la obsoleta ley orgánica policial, hecha en la dictadura y nunca cambiada, excepto pequeñas cosas? ¿Es el sistema? Podría decirse que cada vez hay más policías pero siempre aparecen unos cuantos cabos sueltos. Lo diferente en estos días es que no son cabos. Son comisarios.
