La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

Una nueva audiencia en la compleja causa de los “Cuadernos de las Coimas” ha revelado la intensidad del proceso judicial, marcado por una movida sorpresiva: el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, interpuso una recusación formal contra los integrantes del Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7). El pedido se rechazó de forma “in limine”.

La medida, comunicada por su abogado defensor, Gabriel Palmeiro, apenas iniciada la jornada de ayer, tomó por sorpresa a los magistrados. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli manifestaron desconocer la existencia de la presentación, por lo que se vieron obligados a declarar un cuarto intermedio para analizar el contenido del escrito.

La audiencia estaba originalmente pautada para avanzar con las declaraciones indagatorias de varios imputados, incluyendo empresarios y ex funcionarios, todos ellos con la intención de desvincularse de las graves acusaciones de corrupción que se extienden a lo largo de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

En su propia declaración, Julio De Vido se centró en la negación categórica de todos los cargos. En un punto crucial de su descargo, desestimó por completo las afirmaciones del chofer Oscar Centeno: “Jamás he tenido o requerido de manera personal servicios de chofer o remisero, por la sencilla razón de moverme permanentemente con la custodia personal que tenía como ministro, la cual era prestada por personal de la Policía Federal Argentina”.

Más allá de los detalles operativos, el ex funcionario defendió su rol institucional, asegurando: “No participé, en mi carácter de ministro del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ni de cualquier otro modo, de ningún tipo de maniobra ni asociación ilícita con los fines de perjudicar al Estado, ni mucho menos de beneficiarme”. Agregó que ignora y desconoce la existencia de cualquier comportamiento ilícito en el marco de los hechos investigados.

El ex funcionario incluso puso en tela de juicio la existencia misma del dinero supuestamente ilícito, preguntando directamente: “¿Si ese dinero existió, dónde está? ¿No se supone que fue producto de una finalidad espuria, asociada al enriquecimiento ilícito de quien lo recibiere?”. Con esto, buscó deslegitimar la base de la acusación, señalando que ninguna de las personas involucradas ha reconocido haber entregado dicho dinero.

Versión distinta

No obstante, la investigación sostiene una versión distinta. La fiscalía insiste en que el dinero era entregado alternativamente en diversos puntos neurálgicos, incluyendo los domicilios particulares de la familia Kirchner en CABA (Uruguay 1.306 y Juncal 1.411), la Residencia Presidencial de Olivos y la Casa de Gobierno. Se sostiene que parte de este dinero era luego redistribuido entre otros funcionarios públicos.

En este marco, la acusación mantiene la postura de que la responsabilidad de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner está reflejada en las anotaciones de Centeno y las declaraciones de los imputados colaboradores Ernesto Clarens y Claudio Uberti. La fiscalía la señala como quien ejerció la “jefatura de la organización” y la única con capacidad efectiva para decidir sobre el destino y manejo de los pagos ilegales.

El caso Cuadernos es un megaexpediente que sienta en el banquillo a figuras centrales tanto de la esfera política, como la mencionada ex mandataria, José López, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, así como a influyentes empresarios como Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, y Gerardo Ferreyra, además de Oscar Centeno, el chofer que dio origen a la causa.

Las jornadas previas han incorporado testimonios de alto impacto. Claudio Uberti declaró haber tenido conocimiento, por comentarios de terceros, de la existencia de “más de U$S60 millones en el departamento de Juncal” el día en que falleció Néstor Kirchner. Por su parte, Carlos Wagner, en su rol de imputado colaborador, detalló sin rodeos el presunto mecanismo de recaudación ilegal, afirmando que la obra pública se convirtió en “uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos”.

La complejidad de la causa, con más de 600 testigos previstos, explica la lentitud y la intensidad de esta etapa inicial, un factor que impulsó a Casación a exigir mayor celeridad. Incluso el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti intervino públicamente para reclamar que el tribunal “trabaje en verano” si fuera necesario para cumplir con los plazos procesales.

En este tramo del juicio, uno de los testimonios leídos fue el de Nelsón Lazarte, ex secretario privado de Roberto Baratta, mano derecha de De Vido. Lazarte se presentó como una pieza menor en la estructura: “Solo fui un cadete, un asistente administrativo o un asistente personal del funcionario Roberto Baratta. Jamás tuve poder de decisión, ni ninguna responsabilidad”, afirmó, negando tener facultades de injerencia o cuestionamiento.

Este expediente en particular corresponde a una de las seis causas conexas elevadas a juicio, donde solo cinco personas se encuentran en el banquillo: además de Baratta y Lazarte, están acusados los empresarios Hugo Alberto Dragonetti (Panedile), Alberto Tasselli (Faraday) y Jorge Juan Mauricio Balan (Industrias Juan F. Secco).

El fiscal Carlos Stornelli detalló que en esta parte se investigan nueve cohechos y ocho hechos de admisión de dádivas atribuidos a Baratta, que involucran pagos provenientes del Grupo Techint entre mayo y diciembre de 2008. La magnitud total es considerable, ya que en el conjunto de todas las causas elevadas a juicio, se juzgan más de 300 hechos de corrupción.

Al término de la audiencia, el juez Méndez Signori dispuso un cuarto intermedio hasta mañana a las 9.