La Corte implementará la OGA en las Cámaras Civiles pese a la objeción de un camarista

La Corte Suprema de Tucumán dispuso iniciar este viernes la implementación de la Oficina de Gestión Asociada (OGA) en la Cámara en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial Capital, un paso central en el plan de reorganización judicial que ya abarca a casi toda la segunda instancia no penal. La decisión se adopta aun después de la dura objeción de conciencia presentada por el camarista Benjamín Moisá, quien advirtió sobre supuestas inconstitucionalidades del sistema y pidió no aplicarlo.

A partir del 5 de diciembre comenzará a funcionar la Oficina de Gestión Asociada de Apelaciones en lo Civil y Comercial N° 1, que asistirá a las tres salas del fuero civil y comercial. Según la acordada, la nueva estructura dependerá de la Oficina de Coordinación Estratégica de Planificación y Gestión y de la Oficina de Gestión Judicial de la Corte, que tendrán a su cargo el proceso de puesta en marcha y supervisión administrativa.

El inicio del sistema requerirá una miniferia judicial y una suspensión de plazos en las Salas I, II y III para los días 3 y 4 de diciembre, con el fin de realizar adecuaciones en el sistema SAE, migraciones informáticas y reordenamiento del flujo de expedientes. Además, la presentación de escritos quedó inhabilitada -salvo cuestiones urgentes o amparos- desde el martes 2 a las 13 hasta el viernes 5 a la medianoche. El documento oficial detalla que estos pasos son indispensables para trasladar los expedientes al nuevo formato de trabajo.

La OGA tendrá como función central organizar la gestión del trámite en la segunda instancia: recepción y distribución de causas, calendarización, soporte a las audiencias, administración de la agenda judicial y coordinación operativa entre salas. El objetivo institucional -según expone la Corte- es “desformalizar procesos, optimizar recursos y mejorar la calidad del servicio”, replicando un modelo que ya funciona en Familia, Trabajo y en la OGA Multifueros de Concepción.

El alto tribunal destaca que los resultados observados en la primera instancia muestran mejoras concretas en tiempos, distribución de carga laboral y eficiencia general. Con la incorporación del fuero civil y comercial común, la gestión asociada alcanzará prácticamente a toda la segunda instancia no penal del Centro Judicial Capital, completando una reestructuración que se extendió en etapas durante todo 2024 y 2025.

La decisión se conoce pocos días después de que el camarista Benjamín Moisá presentara un extenso planteo ante el presidente de la Corte, Daniel Leiva, en el que rechazó expresamente la aplicación del sistema. En aquel escrito, el juez afirmó que las OGA “desplazan al juez como director del proceso”, que el esquema sería “manifiestamente inconstitucional” y que su juramento de magistrado lo obliga a no aplicar normas que -según sostuvo- vulneren garantías como la inmediación y el juez natural.

Moisá advirtió además que la estructura administrativa prevista por la Corte crea una “superestructura de control” que, en su criterio, comprometería la independencia de las instancias inferiores. Incluso afirmó: “mi juramento no fue de obediencia a la Corte, sino a la Constitución”, una frase que marcó la dureza del planteo y que impactó en el ámbito judicial por su frontalidad institucional.

Pese a ese pronunciamiento, la Corte decidió avanzar de todos modos con la implementación, sin introducir cambios en el cronograma ni en el diseño funcional de la nueva oficina. Voces del Poder Judicial señalaron que el planteo individual de un magistrado no suspende la vigencia de una acordada y que el modelo de gestión está previsto por ley y ya consolidado en varios fueros.

La puesta en marcha de la OGA implica, en la práctica, una reorganización completa del trabajo en la segunda instancia civil: digitalización integral del movimiento interno, redistribución del personal, centralización administrativa y unificación de criterios de gestión. El nuevo esquema busca reducir tiempos muertos, agilizar la agenda y garantizar que los jueces concentren su intervención en decisiones de fondo.

Con esta decisión, la Corte da un paso final hacia la extensión plena del modelo de gestión asociada en los fueros no penales. Quedará por verse cómo se articula la implementación con la resistencia expresada por Moisá y si la presentación del camarista derivará en algún tratamiento institucional posterior, mientras el nuevo sistema comienza a operar este viernes de manera formal.