27 Noviembre 2025
En una nueva jornada del juicio oral por el caso Cuadernos, la acusación del fiscal federal Carlos Stornelli ubicó a Cristina Fernández de Kirchner en el centro del supuesto circuito delictivo de recaudación ilegal durante su administración. Según el texto leído en la audiencia, la ex presidenta “recibió sumas de dinero en sus domicilios” provenientes del pago de coimas realizadas por empresarios.
“La principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández, quien más allá de ser la Presidenta de la Nación Argentina, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados”, sostiene el requerimiento de elevación a juicio.
De acuerdo con la fiscalía, el departamento de la calle Uruguay, en Recoleta -donde vivió Cristina Kirchner- funcionaba como uno de los puntos de “acopio” de los pagos ilegales. El planteo agrega que “específicamente se encuentra acreditado que Cristina Fernández recibió sumas de dinero en sus domicilios, y a través de Héctor Daniel Muñoz, de parte de los empresarios”.
Cristina Kirchner escuchó la lectura de la acusación conectada por Zoom desde su departamento en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenada a seis años de cárcel en el caso Vialidad. En esta causa está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita y por cohecho en 22 oportunidades, consignó Infobae.
Durante la audiencia se enumeraron distintos episodios de un total de 128 supuestos hechos de pago de sobornos, concluyendo que “los eslabones convergen así en un solo punto”: la ex presidenta.
El esquema de recaudación, según la fiscalía
La acusación ubicó a “Roberto Baratta como el comunicador y receptor inicial, Muñoz como uno de los intermediarios finales, y Cristina Elisabet Fernández como la destinataria final de fondos”. También destacó la intervención de imputados colaboradores que “ratificaron la participación e intervención directa de la imputada en la recepción de los sobornos garantizados por los privados”.
El documento sostiene que Cristina Kirchner “en definitiva, resultó ser la única con capacidad real y efectiva, para decidir cómo y qué hacer con la mayoría del dinero entregado en carácter de coimas” y que “ella recibió dinero de los empresarios para ejercer la influencia necesaria que le permitiera incidir a su favor”.
Uno de los testimonios mencionados es el del ex titular del OCCOVI, Claudio Uberti, quien declaró en 2018 como arrepentido. Uberti dijo haber visto “unas 20 valijas” en un departamento de los Kirchner en Recoleta y afirmó que Muñoz le explicó que su contenido tenía “por destino la casa de Néstor y Cristina Kirchner en Río Gallegos (…) donde se encontraban bóvedas que había comprado al Banco Hipotecario”. Aseguró haber trasladado bolsos de más de diez kilos hacia ese domicilio.
Según la fiscalía, “gran cantidad de las entregas de dinero fueron, en último término, trasladadas -también por miembros de esa organización- a inmuebles que eran utilizados por Cristina Elisabet Fernández”. Entre ellos enumeró Quinta de Olivos, Casa Rosada y el departamento de Juncal y Uruguay, señalado por imputados colaboradores como epicentro del acopio del dinero “retirado de las distintas empresas”.
En la causa aparecen pagos presuntamente realizados entre 2008 y 2010 por empresarios como Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Juan Carlos de Goycoechea, Gerardo Ferreyra, Raúl Glazman, Ivánissevich, Romero, Vertúa y Dragonetti, según las anotaciones del chofer Oscar Centeno.
Para la fiscalía, quedó acreditado que se montó una asociación ilícita destinada a ejecutar diversos “planes delictuales” durante el kirchnerismo y que funcionarios como Julio De Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Enrique Llorens y José María Olazagasti “recibieron y/o participaron” de los pagos ilegales, cuyo objetivo era que los funcionarios “ejercieran sus influencias” para favorecer a las empresas involucradas.
El descargo de Cristina Kirchner
La audiencia comenzó poco antes de las 9.30, con la lectura de las 678 páginas de la acusación en la causa principal iniciada el 6 de noviembre. Luego, pasadas las 11, el Tribunal avanzó con la acusación vinculada al presunto pago de sobornos por parte de Isolux-Corsán. En ese contexto se incorporó el descargo escrito de la ex presidenta, quien reiteró su rechazo a las imputaciones: “No han conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen”, enfatizó.
También negó “de manera categórica y terminante” haber formado parte “de algún tipo de asociación ilícita, así como también de haber cometido delito alguno”.
“La investigación dirigida deliberadamente en mi contra, a pesar de haber arrasado todas y cada una de las garantías que hacen al debido proceso legal, no ha conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen”, agregó.
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