
El colegio Guillermina endurece sanciones por el uso del celular en el aula y reaviva el debate educativo

El uso del celular en las escuelas volvió a quedar en el centro de la escena a partir de una resolución interna del colegio Guillermina, ubicado en avenida Sáenz Peña al 600. En los últimos días, la institución envió un comunicado vía mail a las familias para anunciar un endurecimiento de las sanciones contra los estudiantes que incumplan las normas de convivencia vinculadas al uso del teléfono en el aula.
La decisión llega en la antesala de las evaluaciones trimestrales y, según indica el documento, se adoptó después de que se detectara que “alumnos estaban utilizando el celular durante instancias curriculares y evaluativas”.
Frente a esta situación, las autoridades resolvieron que los estudiantes que sean sorprendidos con el dispositivo en una prueba serán derivados directamente a instancias de recuperación, como si hubieran desaprobado el examen.
El comunicado también advierte que, en casos reiterados o de gravedad, podría considerarse la suspensión del alumno, siempre en diálogo con las familias.
LA GACETA se acercó al establecimiento para conocer otras miradas, pero el colegio evitó brindar declaraciones. Pese a ello, varios alumnos se acercaron fuera de micrófono para confirmar que el aviso llegó a los hogares el fin de semana y que las opiniones entre el estudiantado están divididas.
“Para mí está bien, me ayuda a prestar más atención”, comentó una estudiante, que valoró la medida como una forma de reducir distracciones. Otros, en cambio, expresaron preocupación porque muchos estudiantes dependen del celular para acceder a material digitalizado, como PDF y textos que los docentes comparten.
Según relataron los propios estudiantes, había también preocupación entre algunos padres por el uso intensivo de pantallas, lo que habría impulsado parte de la discusión interna.
El colegio evitó hablar del tema
Un móvil de LG Play intentó obtener la versión oficial de la institución, pero no hubo respuestas. Ayer al mediodía, un integrante del equipo pedagógico informó que solo el representante legal podía brindar declaraciones. Sin embargo, el número de contacto proporcionado resultó inaccesible y no se facilitó otra vía de comunicación.
Incluso se intentó desalentar el trabajo periodístico frente al establecimiento, algo que carece de sustento legal porque se trataba de una cobertura en la vía pública. El silencio del colegio llamó la atención, especialmente porque el debate ya circula entre alumnos, familias y docentes.







