11 Noviembre 2025
TERROR EN RÍO DE JANEIRO. archivo FOTO/CLARIN.
La llamada Operación Contención, realizada en los barrios obreros del norte de Río de Janeiro, ya es considerada el operativo policial más letal de la historia brasileña. La redada, ejecutada por 2.500 agentes y que dejó un saldo de 121 muertos y 99 detenidos, ocurrió apenas una semana antes de la llegada de líderes mundiales a la cumbre climática COP30 de la ONU.
Sin embargo, un informe policial presentado ante la Corte Suprema de Brasil y revisado por Reuters reveló un dato explosivo: ninguna de las 117 personas abatidas por la policía figuraba entre los 69 sospechosos identificados por los fiscales en la denuncia que originó el operativo. Además, solo cinco fueron arrestadas ese día y ninguna tenía rango de liderazgo dentro del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.
El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, calificó la redada de “exitosa”, mientras que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva la consideró “desastrosa”. La controversia expuso la polarización en torno a la política de seguridad: mientras el oficialismo insiste en atacar las bases financieras del crimen organizado, sectores conservadores defienden redadas masivas para eliminar o capturar a los miembros de las pandillas.
Durante el operativo, según el reporte, solo un líder intermedio fue detenido sin intercambio de disparos, y las principales figuras del Comando Vermelho -entre ellas su líder Edgar Alves de Andrade, alias “Doca”- siguen prófugas. En las horas posteriores, habitantes de las favelas alinearon decenas de cuerpos en las calles, en una escena que reflejó la magnitud del caos.
Investigaciones cuestionadas y escenas alteradas
La policía sostiene que los residentes alteraron la escena del crimen, lo que dificultó las pericias en las zonas más altas de las favelas. En cuanto a las lesiones más graves, como la decapitación del joven Yago Ravel, de 19 años, las autoridades afirman que fueron provocadas por integrantes del propio grupo criminal.
El secretario de Seguridad Pública del estado, Víctor dos Santos, defendió el resultado del operativo, afirmando que “la situación es mucho peor de lo que reveló la investigación”. Según el funcionario, “no fue nada fácil encontrar a 69 personas entre las 280.000” que viven en las comunidades objetivo de la redada.
Aunque los documentos policiales muestran que 19 de los hombres asesinados no tenían antecedentes penales, Dos Santos insistió en que estaba “100 % seguro de que eran criminales”. También adelantó que se planean nuevos operativos en las favelas de Río durante los próximos meses.
Las voces del dolor: familias que exigen justicia
Mientras tanto, familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos denuncian que la policía actuó con brutalidad e impunidad, ejecutando a personas sin relación directa con la investigación.
“La policía los detiene, los ejecuta y ya está, porque aquí no hay ley. En Brasil, eso es normal”, expresó Samuel Peçanha, padre de uno de los adolescentes de 14 años muertos durante la operación.
Taua Brito, madre de Wellington, relató que encontró el cuerpo de su hijo tras recorrer la zona por su cuenta: “La policía tenía derecho a arrestar a mi hijo, pero no a matarlo”.
Otra de las víctimas, Yago Ravel, fue hallado decapitado, y su tía Beatriz Nolasco contó que “nunca podremos aceptar cómo lo mataron, con la cabeza arrancada y colocada en un árbol”.
Un país dividido ante la violencia policial
Los datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública reflejan la dimensión del problema: en 2024 hubo 44.127 muertes violentas intencionales, de las cuales 6.243 fueron causadas por la policía, lo que equivale a un promedio de 17 muertes por día.
Aun así, una encuesta nacional de AtlasIntel, publicada el viernes, indica que el 55 % de los brasileños aprueba la operación.
Desde otra mirada, el defensor público Pedro Carriello, que representa a las familias afectadas, advirtió que la violencia institucional no resuelve el problema de fondo. “Por un momento se desarticula un grupo armado, un movimiento vinculado al narcotráfico, pero no se acaba. Lo que queda son las pérdidas de las familias”, dijo.
En las calles de Río, esas pérdidas se cuentan por decenas. Mientras el gobierno celebra una “victoria contra el crimen”, los barrios populares siguen preguntándose a quiénes mató realmente la policía.
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