21 Octubre 2025 Seguir en 
Reclaman en Tucumán la aplicación de la emergencia en discapacidad: “Queremos que las familias se involucren”
Las puertas cerradas de los centros de atención a personas con discapacidad fueron la postal del día. En toda la provincia, instituciones educativas y terapéuticas suspendieron sus actividades en el marco de un “cese involuntario” que, en la práctica, funciona como un paro. En Hatun Wasi, uno de los establecimientos más reconocidos del medio, su director y socio fundador, Jorge Armando Soler, explicó a LA GACETA los motivos del reclamo y alertó sobre la gravedad de la situación que vive el sector.
“Hoy los centros que estamos asociados a la Cámara no estamos atendiendo. Todo lo que es discapacidad no se atiende”, resumió. El reclamo central apunta a la aplicación efectiva de la ley de emergencia en discapacidad, que prevé la actualización de los aranceles para prestadores de servicios educativos y de salud. Según Soler, desde diciembre del año pasado los valores no se modifican, a pesar de la inflación y del aumento de los costos operativos.
“Necesitamos auxilio financiero. Hay dinero disponible en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para el pago de prestaciones, pero no se ejecuta. No entendemos por qué”, cuestionó.
El referente de Hatun Wasi explicó que el deterioro de los ingresos obliga a los centros a reducir actividades, suspender servicios complementarios y priorizar los sueldos del personal y los gastos básicos. “Antes podíamos hacer salidas terapéuticas, alquilar vehículos, organizar actividades educativas fuera del centro. Hoy solo podemos cubrir lo esencial. Todo lo demás quedó postergado”, señaló.
Hatun Wasi, uno de los establecimientos más reconocidos en Tucumán
Soler remarcó que la medida de fuerza no solo busca llamar la atención del Estado, sino también de las propias familias de las personas con discapacidad, para que comprendan la magnitud de la crisis.
“Si seguimos funcionando con normalidad, las familias no toman conciencia de lo que pasa. Queremos que se involucren, porque se corre el riesgo de que sus hijos se queden sin la prestación”, advirtió.
La incertidumbre crece entre los trabajadores del sector. Algunos centros ya comenzaron a reducir horarios y en otros se registraron despidos. “Estamos con números muy justos. Hemos resignado muchas cosas en beneficio de los chicos, pero es imposible sostenerlo mucho tiempo más”, expresó Soler. Mientras tanto, las instituciones harán una marcha en la plaza Independencia para exigir la aplicación de la normativa y la convocatoria urgente del Consejo Asesor, que debe definir la actualización tarifaria.
“Hay una partida de varios miles de millones asignada para este trimestre y no se está usando. Es incomprensible. Si no se actualizan los aranceles, muchos centros podrían bajar las persianas antes de fin de año”, alertó.
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