La Justicia decide si imputará a Sosa, del barrio privado “Las Pirámides”

Próspero Marcelo Sosa y su hijo Marcio, constructores del polémico barrio privado “Las Pirámides”, ubicado dentro del Parque Sierra de San Javier, se presentaron ayer en la Justicia Federal, y, amparados en sus derechos, se negaron a declarar ante el fiscal subrogante N° 2, Agustín Chit. Este fue el último paso procesal antes de que el juez Guillermo Díaz Martínez defina la situación de ambos hombres: a partir de ahora pueden ser o no imputados en la causa, sobre todo teniendo en cuenta además que el mayor de ellos ya fue condenado en una causa vinculada al tema del barrio “Las Pirámides”.

Ambos habían sido citados a declarar en el marco de una causa que inicialmente se había abierto por resistencia o desobediencia a la autoridad. Sin embargo, la acción judicial se ha ampliado y ahora son investigados por los delitos de usurpación, estelionato (defraudación) y daño a bienes de uso público. La citación se enmarca dentro del prolongado conflicto que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) mantiene con Sosa, a raíz de la ocupación de terrenos en el sector sur del Parque Universitario Sierra de San Javier, un área que fue expropiada por la Nación para la Casa de Altos Estudios en 1948. Los terrenos, ubicados cerca de Villa Nougués, a la altura del km 28 de la ruta 338, son reclamados por la UNT como parte de su patrimonio.

La querella de 1998

El origen del conflicto tiene un antecedente judicial que se remonta a 1998, cuando se le inició a Sosa una querella por usurpación, de la cual fue sobreseído en 2008 al ser considerada prescripta por falta de seguimiento. Esgrimiendo un supuesto derecho de posesión por haber residido siempre en el lugar, Sosa comenzó a construir el barrio privado “Las Pirámides”. La UNT inició una causa civil de reivindicación por la ocupación y el grave daño ambiental generado al realizar el desmonte del bosque nativo y la apertura de caminos en esta zona protegida.

A pesar de las resoluciones judiciales que le ordenaban no avanzar con las construcciones, Sosa continuó con su proyecto, lo que derivó en un procesamiento penal por desobediencia. El constructor fue condenado en diciembre a un año de prisión condicional y al pago de una multa de $ 30 millones, una sentencia que, según el fiscal Chit, se encuentra firme por no haber sido apelada. En el juicio, Sosa había manifestado públicamente ser el dueño de las tierras del loteo, llegando a expresar su intención de “quedarse” con las 14.000 hectáreas correspondientes al Parque Sierra San Javier.

El Parque Sierra de San Javier fue creado por la UNT en 1973 con objetivos de educación, investigación, turismo, recreación y, fundamentalmente, mantenimiento de servicios ambientales. Por eso la UNT prohibió toda actividad humana que afecte el ecosistema. Chit advirtió que el parque detenta la categoría de dominio público nacional, lo que lo hace inalienable y no susceptible de ser adquirido por usucapión (prescripción adquisitiva).

Más viviendas

En 2019, una inspección judicial había constatado la existencia de 25 viviendas construidas y una en proceso. Para 2022, un oficial de justicia verificó un “descomunal desmonte” y la construcción de 21 casas nuevas. Sin embargo, las últimas medidas investigativas, que incluyeron un relevamiento de imágenes satelitales a través de la Cátedra de Topografía de la UNT y un plano ortomosaico de junio de 2024, arrojaron un número aún mayor: un total de 70 construcciones identificadas georreferencialmente en el predio. La Fiscalía afirma que, a partir del 2020, “comenzaron a reproducirse los loteos” , una evidencia clara de la continuidad en los actos de usurpación por parte de Próspero Marcelo Sosa, con la colaboración de su hijo Marcio.

La acusación formal, impulsada además por el representante legal de la UNT, Máximo Castro, recae sobre Próspero Marcelo Sosa en calidad de autor y sobre Marcio Sosa como partícipe secundario en tres hechos de usurpación mediante despojo registrados durante los años 2019, 2022 y 2024, así como por daño a bienes de uso público. Adicionalmente, Próspero Marcelo Sosa sería acusado por el delito de defraudación por estelionato en calidad de autor. El fiscal aseguró que la resolución judicial de 2008 que sobreseyó a Sosa se refirió únicamente a la prescripción de la acción respecto a la usurpación de una fracción del inmueble por Sosa como morador junto a su grupo familiar, y no le otorga una prescripción adquisitiva ni título para enajenar terrenos.

La investigación también reveló serias irregularidades en los servicios básicos del barrio. Una inspección ocular realizada en abril de 2024, que confirmó la existencia de al menos 54 inmuebles , constató la presencia de medidores de luz en varios lotes, a pesar de que la empresa EDET había informado que sólo se prestaba un servicio precario a nombre de Próspero Marcelo Sosa. El administrador de EDET declaró que el resto de los medidores consultados aparecían en el sistema como extraviados o robados. Se presume que los moradores los utilizan para fraccionar el consumo individual, pero la conexión es irregular y se engancha al único servicio registrado.

Con la negativa a declarar de Próspero Marcelo Sosa y Marcio Sosa, el expediente ahora recae en el juez, quien deberá resolver si hace lugar a las acusaciones de usurpación, daño a bienes de uso público y estelionato, determinar la situación procesal de los acusados, y ordenar las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.

Al menos, 54 ocupantes: investigación sobre los compradores

La investigación complementaria se enfocó en identificar a las personas que adquirieron lotes. Se comprobó que el plano presentado por Sosa fue rechazado por Catastro en 2020. Más grave aún, se pudo determinar que el formulario de compraventa que Sosa suscribía con los adquirentes “contenía información falsa del origen del inmueble y respecto a su derecho de dominio sobre este”. Esto constituye la base de la acusación por defraudación por estelionato , ya que Sosa carece de ningún título que le otorgue derecho de propiedad sobre el área protegida para lotear y vender.

Se identificó al menos 54 personas como ocupantes de lotes. Respecto a 19 de ellas, se determinó la fecha de adquisición, siendo el dato más revelador que al menos 12 de esos compradores obtuvieron los lotes mediante boletos de compraventa con posterioridad a diciembre de 2018.