Por Roberto Delgado
29 Septiembre 2025
CITACIÓN. Próspero Marcelo Sosa, constructor del barrio privado Las Pirámides en el parque Sierra, deberá declarar en la Justicia Federal.
Próspero Marcelo Sosa, constructor del barrio privado Las Pirámides, ubicado dentro del predio del parque Sierra de San Javier de la UNT, y su hijo Marcio Sosa fueron citados a declarar en la Justicia Federal el 15 de octubre, a partir de la causa por resistencia o desobediencia a la autoridad, y serán acusados por usurpación, estelionato y daño a bienes de uso público.
Sosa mantiene un largo conflicto con la Universidad Nacional de Tucumán a raíz de la ocupación de tierras en el sector sur del parque universitario en San Javier, cerca de Villa Nougués, a la altura del km 28 de la ruta 338. Esos terrenos fueron expropiados en 1948 al propietario Ramón Paz Posse en tiempos del proyecto de construcción de la Ciudad Universitaria. Sosa, alegando derecho de posesión por haber vivido allí siempre, y tras haber superado una querella que le inició la 1998 por usurpación (fue sobreseído en 2008 por falta de seguimiento de la causa, que fue considerada prescrita), comenzó a construir el barrio.
Condenado
La Universidad le inició una causa civil de reivindicación por la ocupación y el daño ambiental generado al desmontar el bosque nativo y abrir caminos, ya que se trata de una zona protegida. Como a pesar de las resoluciones de no avanzar en las construcciones continuó con su proyecto, fue procesado penalmente por desobediencia y condenado en diciembre pasado a un año de prisión condicional y al pago de una multa de $ 30 millones.
DESDE ARRIBA. El predio de Las Pirámides, tomado por un drone.
El fiscal federal subrogante N° 2, Agustín Chit, advierte que esta condena no fue apelada, por lo que se encuentra firme, y recuerda que en el juicio Sosa “expresó a viva voz que él era el dueño de las tierras donde se sitúa el loteo ‘Las Pirámides’ y que, en razón de la judicialización existente por su emprendimiento, se iba a ‘quedar’ con las 14.000 hectáreas correspondientes al Parque Sierra San Javier”.
En sus consideraciones en las medidas ante Sosa, el fiscal afirma que, desde 1973, cuando la UNT creó el parque en las yungas, estableció como objetivos “la educación y la interpretación ambiental, la investigación científica, el mantenimiento de servicios ambientales, el turismo y la recreación, bajo la categoría institucional de Parque Universitario y la categoría de Conservación II (equivalente a Parque Nacional/Provincial). A fin de asegurar la preservación del área, la UNT adoptó una serie de resoluciones entre 1974 y 1975, en las que prohibía la explotación agrícola, ganadera, comercial o industrial, así como... cualquier actividad humana que directa o indirectamente afecte la vida silvestre o el equilibrio del ecosistema;
ADENTRO. Una imagen del barrio cerrado en el parque Sierra de la UNT.
Finalmente, señala que el parque detenta la categoría de Parque Nacional, que tiene carácter de dominio público nacional y que por ello es inalienable, inenajenable, ni susceptible de ser adquiridos por usucapión.
El fiscal detalla que desde 2019, cuando se pudo hacer una inspección ordenada por la justicia en el predio, se constató que ya había 25 viviendas construidas y una en construcción. Para 2022, “el oficial de justicia corroboró un descomunal desmonte, como así también la construcción de 21 casas nuevas”.
Se reproducen los loteos
En el marco de esa causa por desobediencia judicial, se formó una actuación complementaria, “que mostró que Sosa “avanzaba con la usurpación de nuevas porciones de terreno… Esas acciones se habían visto, además, profundizadas a partir del año 2020, cuando comenzaron a reproducirse los loteos”, dice Chit.
PADRE E HIJO. Sosa deberá declarar junto a su hijo Marcio.
La primera medida en estas actuaciones complementarias fue relevar la cantidad de personas que habían adquirido lotes. Así se mencionó a Roberto Rómulo Fernández, Ester Ana Garvich, Matias Emanuel Monteverdi García, Julieta María Díaz Marquesto, Lorena del Valle Vasallo (quien denunció en 2016 a Sosa por no abrirle un camino en el predio, y al hijo de Sosa pro amenazas de muerte); y Marcio Sosa. Entonces se comprobó que el plano catastral realizado por Sosa había sido rechazado por Catastro en 2020.
Por satélite
Además la UNT aportó imágenes de 2018 y de 2023 que muestran el crecimiento del barrio.
Luego la Fiscalía solicitó a la UNT que remita, a través de la cátedra de Topografía de la Facultad de Ciencias Exactas, las fotografías aéreas existentes en la aplicación Google Earth Pro histórico. Luego pidió al Departamento de Geodesia y Topografía de Ciencias Exactas que practique la individualización georreferencial de cada una de las construcciones identificadas en las vistas satelitales. “Para ello remitieron un plano ortomosaico del predio con la indicación de cada una de las edificaciones al 13 de junio de 2024, arrojando este informe un total de 70 construcciones”.
Finalmente se presentaron personas que mostraron boletos de compraventa con Sosa. “Quiero destacar que el formulario de compraventa que Próspero Marcelo Sosa suscribía con los compradores, contenía información falsa del origen del inmueble, y respecto a su derecho de dominio sobre este”, dice Chit. El relevamiento demostró que muchos compradores adquirieron terrenos con posterioridad a la fecha de la medida cautelar dictada en diciembre de 2018.
Por su parte el representante legal de la UNT, Máximo Castro, realizó distintas presentaciones ampliando su denuncia inicial por usurpación, refiriéndose al ciudadano Facundo Díaz Alvillos, quien ofreció por internet, por medio de una inmobiliaria, loteos en “Las Pirámides” por un monto de U$S 15.000.
Por último, se requirió al juez que ordene la medida pericial de impacto ambiental en el predio. Para ello se remitió un presupuesto pedido al Conicet NOA Sur, y “actualmente se encuentra en trámite la consulta hecha al Consejo Asesor de la Magistratura a los efectos de que informen respecto a los fondos y presupuestos disponible para la realización de la pericia. A la fecha el Juzgado no ha resuelto sobre lo allí solicitado”.
El fiscal considera, no obstante, que ya hay suficientes evidencias de los delitos que se les imputa a los imputados. “Marcelo Sosa con la colaboración de Marcio Sosa, continuó ejerciendo nuevos actos de usurpación y despojos sobre una porción del inmueble público que integra el Parque Sierra San Javier ”. Por otro lado, “las diferentes medidas investigativas desplegados permitieron identificar al menos a 54 personas que serían ocupantes de lotes en ese lugar. De estos se pudo determinar respecto de 19 personas la fecha en la que habrían adquirido el lote de parte de Sosa, quien blandiendo la resolución dictada por el Juzgado Federal N°1 en 2008 afirmaba que tenía derecho por prescripción”’ sobre el inmueble. De esas 19 personas, al menos 12 de ellas adquirieron por medio de boletos de compraventa los lotes con posterioridad a diciembre de 2018, cuando se dictó la medida cautelar que prohibía continuar innovando”.
La acusación
Próspero Marcelo Sosa y Marcio Sosa serán acusados, en calidad de autor al primero y en calidad de partícipe secundario al segundo, por tres hechos registrados de usurpación mediante despojo sucedidos durante los años 2019, 2022 y 2024.
También se los acusará por daño a bienes de uso público, en calidad de autor al primero y en calidad de partícipe secundario al segundo; y por último a Marcelo Sosa por el delito de defraudación por estelionato en calidad de autor.
El fiscal afirma que no existe ningún título que le haya otorgado el derecho de propiedad sobre el área protegida, y menos aún que le den la legitimidad o legalidad para lotear y vender ese inmueble. “En 2008, cuando se dictó la prescripción respecto de este primer hecho de usurpación por parte de Sosa, no existía el emprendimiento ‘Las Pirámides’ y no se había loteado el lugar, ni desmontado, ni se habían construido casas; esa resolución judicial se refirió a la prescripción de la acción respecto de la usurpación de una fracción de inmueble por parte de Sosa, en calidad de morador junto a su grupo familiar”. Chit dijo que hay que “dejar en claro y hacer énfasis en el hecho de que Sosa no cuenta con una prescripción adquisitiva, ni ningún título que le permita enajenar terrenos. Sino que, por el contrario, recayó sobre este, en el 2018, una medida cautelar que le impedía continuar con el avance de la depredación ambiental -talas de árboles, aberturas de caminos- y con la enajenación de lotes y la construcción de casas en ese lugar”.
“Por ello, en relación con las medidas previstas en el art. 210 del CPPF, estimo que, por ahora, corresponde ordenar que los acusados se presenten periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; se les prohíba salir del país sin autorización previa o del ámbito territorial que se determine; se les retengan documentos de viaje (pasaportes) y prohíba portar armas particulares”, concluyó.
Energía: había medidores de luz irregulares
La UNT aportó imágenes de 2018 y de 2023 que muestran el crecimiento del barrio. A partir de esa información, se concluyó que había elementos suficientes para formar una nueva causa y también para requerir al juez que ordene una inspección ocular en ese lugar, la cual se llevó a cabo el 20 de abril de 2024, “y arrojó como resultado que la existencia de al menos 54 inmuebles en el predio”. Allí se constató que había varios carteles que indicaban propiedad privada. Ese día se identificó a muchas personas
Los moradores indicaron que tenían servicio de internet a nombre de Sosa y se comprobó que “había medidores colocados en algunos de los lotes, pese a que EDET había informado que solamente se prestaba servicio -de manera precaria- a Próspero Marcelo Sosa”. Por ello se citó al Gustavo Alfredo Nicoloff, administrador del establecimiento “Tafí Viejo” de EDET, quien “manifestó que en el predio “Las Pirámides” solo existía un servicio precario a nombre de Próspero Marcelo Sosa. Que el resto de los medidores por los que se hizo la consulta aparecían en el sistema de la empresa como extraviados o robados”. También mencionó que suele ser común en loteos que tienen un solo servicio otorgado por EDET “que los moradores utilicen medidores -que compran, o traen de otra propiedad- y los conecten al servicio registrado. Esto les permitía saber el consumo real de energía que cada uno realizó, a los fines de fraccionar el monto a pagar de la boleta de la luz”. La fiscalía examinó los informes de consumo de energía para comprobar el crecimiento del barrio.
En espera: se debe autorizar una investigación de impacto ambiental
La Fiscalía requirió al juez que ordene la medida pericial de impacto ambiental en el predio. Para ello se remitió un presupuesto pedido al Conicet NOA Sur, y “actualmente se encuentra en trámite la consulta hecha al Consejo Asesor de la Magistratura a los efectos de que informen respecto a los fondos y presupuestos disponible para la realización de la pericia. A la fecha el Juzgado no ha resuelto sobre lo allí solicitado”.
El fiscal considera, no obstante, que ya hay suficientes evidencias de los delitos que se les imputa a los imputados. “Marcelo Próspero Sosa con la colaboración de Marcio Sosa, continuó ejerciendo nuevos actos de usurpación y despojos sobre una porción del inmueble público que integra el Parque Sierra San Javier”. Por otro lado, “las diferentes medidas investigativas desplegados permitieron identificar al menos a 54 personas que serían ocupantes de lotes en ese lugar. De estos se pudo determinar respecto de 19 personas la fecha en la que habrían adquirido el lote de parte de Sosa, quien blandiendo la resolución dictada por el Juzgado Federal N°1 en 2008 afirmaba que tenía derecho por prescripción”’ sobre el inmueble. De esas 19 personas, al menos 12 de ellas adquirieron por medio de boletos de compraventa los lotes con posterioridad a diciembre de 2018, cuando se dictó la medida cautelar que prohibía continuar innovando”.
Crecimiento
- 2008: ese año comenzó Sosa el emprendimiento
2018
- La UNT lo querelló. Ya había unas 21 casas construidas
2024
- Tras una inspección se determinó que había unas 54 casas
2024
- Tras un estudio de imágenes satelitales se contabilizaron 70 viviendas
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