El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

El Ministerio Público Fiscal de Tucumán dio a conocer un documento con la promesa de reordenar el funcionamiento interno de la institución y que ya genera repercusiones en el ámbito judicial. Con este instrumento, las autoridades, dijeron, buscan fijar pautas claras para la gestión de las causas, transparentar los procesos y fortalecer la eficiencia del servicio de justicia en la provincia.

En los fundamentos del texto, firmado por el ministro fiscal Edmundo Jiménez, el MPF destacó la necesidad de “garantizar la eficiencia y la calidad del servicio de justicia, en un marco de transparencia y previsibilidad”. La resolución, informaron, plantea una respuesta a los problemas detectados en los últimos años: dispersión de criterios entre fiscalías, falta de registros unificados y desequilibrio en la carga de trabajo.

Uno de los puntos centrales es la uniformidad en la gestión. El documento establece que “las fiscalías deberán aplicar criterios homogéneos en la tramitación de expedientes, de manera de evitar desigualdades o dilaciones que afecten los derechos de las partes”. Este lineamiento apunta a dar mayor seguridad jurídica a los justiciables y evitar arbitrariedades en el trato procesal. La transparencia se coloca en un plano prioritario. En el texto se ordena que “todo movimiento de las investigaciones deberá quedar asentado en registros electrónicos accesibles”, consolidando así el uso de herramientas digitales como regla general. Según explicaron desde el organismo, esto permitirá un control más estricto, tanto interno como externo, sobre el avance de las causas.

En ese marco se crea la figura del Secretario Adversarial que tendrá un conjunto de responsabilidades para optimizar el trabajo diario. Se encargará de la distribución interna del personal y de los legajos penales, asignando tareas a los equipos de trabajo conformados por Auxiliares Fiscales y Legajistas. Además, deberá supervisar la correcta actualización de los sistemas informáticos, garantizando que los estados procesales de los legajos reflejen la realidad del trámite judicial. Entre sus funciones más importantes, el Secretario Adversarial velará por el control de los plazos procesales para evitar demoras y asegurar la celeridad del procedimiento. También tendrá a su cargo la gestión de las audiencias, asegurando la asistencia del personal y manteniendo actualizada la agenda institucional. Este nuevo rol también implica una función de supervisión del personal, ya que el Secretario Adversarial podrá impartir órdenes de servicio, controlar el cumplimiento de horarios y visar solicitudes de licencia, siempre priorizando las necesidades del servicio. En su carácter de superior inmediato, se le encomienda garantizar que se apliquen las políticas criminales definidas por el Ministerio Público Fiscal. También se crea la figura del “legajista”, que será el encargado de tener ordenados los casos y facilitárselos a los auxiliares o a los fiscales, sobre la base de las audiencias que se presenten. Se informó que no se incorporará personal, sino que se trabajará con quienes ya cumplen funciones en el MPF. También se indicó que en realidad es una vuelta a un sistema utilizado durante años, con un secretario que actúe como “jefe de oficina”, que se había dejado de lado con la implementación del nuevo Código Procesal y que no habrá superposición de funciones con los auxiliares fiscales, sino que además permitirá que se abran postulaciones en la propia carrera judicial.

Saturación

La resolución firmada por Jiménez también busca equilibrar el uso de los recursos. Concretamente dispone “la distribución racional y equitativa de las cargas de trabajo entre las distintas fiscalías”, evitando que algunas oficinas se vean saturadas mientras otras permanecen con menor actividad. El MPF entiende que esta medida redundará en una mayor celeridad en la resolución de casos.

Otro aspecto de relevancia es la capacitación permanente. El documento enfatiza que “fiscales y empleados deberán actualizar sus conocimientos en forma continua, en especial respecto de las nuevas tecnologías aplicadas a la investigación penal”. La medida pretende dotar al personal de herramientas para enfrentar con mayor eficacia delitos complejos como el crimen organizado, la violencia urbana y los cibernéticos.

En cuanto a sus beneficios, las autoridades sostienen que el nuevo esquema “mejorará la calidad institucional del Ministerio Público Fiscal, incrementando la confianza de la sociedad en la administración de justicia”. La fijación de estándares comunes, aseguran, no sólo optimizará los tiempos, sino que también reforzará la legitimidad del organismo frente a la ciudadanía.

Las repercusiones no se hicieron esperar. Desde distintos sectores, algunos celebraron que se establezcan reglas uniformes que ordenen la práctica diaria. Sin embargo, también hubo voces que advirtieron: “El papel aguanta todo; lo importante será garantizar la implementación real”. Nadie quiso hablar públicamente al respecto, pero hubo tanto voces a favor como en contra, y entre estas últimas hubo quienes rechazaron nuevas figuras en una institución que ya tiene muchos cargos creados, entre ellos el de auxiliar fiscal, figura que incluso hoy es rechazada por algunos jueces y que fue motivo de polémica a mediados del año pasado cuando se intentó, sin éxito, equipararlos con los mismos fiscales. Hubo quejas también porque se produjeron traslados de personal que, en algunos casos, trabajaban desde hace años con los fiscales, y ahora pasaron a otras dependencias.

La resolución aparece como una apuesta fuerte del Ministerio Público Fiscal por ordenar su funcionamiento. Queda por verse si las normas que hoy se plasman en el papel logran convertirse en una práctica cotidiana que acerque la justicia a los ciudadanos y le devuelva la confianza que, desde hace tiempo, se reclama.

Principales puntos jurídicos de la acordada

- Eficiencia y calidad del servicio de justicia: el MPF fundamenta la acordada en la necesidad de “garantizar la eficiencia y la calidad del servicio de justicia, en un marco de transparencia y previsibilidad”.

- Uniformidad en la gestión de causas: se establece que “las fiscalías deberán aplicar criterios homogéneos en la tramitación de expedientes”, evitando desigualdades y dilaciones.

- Transparencia y registros electrónicos: “todo movimiento de las investigaciones deberá quedar asentado en registros electrónicos accesibles”, consolidando la digitalización como norma.

- Redistribución de cargas de trabajo: se dispone la “distribución racional y equitativa de las cargas de trabajo entre las distintas fiscalías”, con el objetivo de reducir demoras y equilibrar recursos.

- Capacitación permanente: se ordena que “fiscales y empleados deberán actualizar sus conocimientos en forma continua”, en especial sobre nuevas tecnologías aplicadas a la investigación penal.

- Uso de tecnologías modernas: se promueve la incorporación de herramientas digitales como regla de trabajo, tanto en gestión administrativa como en investigación de delitos.

- Mayor control institucional: la acordada fija pautas de registro y supervisión que buscan garantizar la rendición de cuentas interna y externa del MPF.

- Legitimidad y confianza social: el texto afirma que la aplicación de estas medidas “incrementará la confianza de la sociedad en la administración de justicia”.