Por Bárbara Nieva
25 Septiembre 2025
SESIÓN. El Concejo avanza en el digesto jurídico municipal.
El Concejo Deliberante formaliza el primer hito en el proceso de “higiene normativa” para la elaboración del Digesto Jurídico. El criterio de análisis de las 700 ordenanzas que se depuran en esta oportunidad, correspondientes al período 1976-1983, servirá como base para el resto del trabajo legislativo. El temario de la sesión de hoy se completa con iniciativas sobre transporte público, legislación y programas educativos.
La comisión especial que prepara la recopilación, clasificación y ordenamiento de ordenanzas municipales está encabezada por Gustavo Cobos (Unión Cívica Radical). Con las tareas iniciadas en mayo del año pasado, el equipo compuesto por el radical y por Alfredo Terán (Fuerza Republicana), Ana González (Partido por la Justicia Social) y Federico Romano Norri (UCR) alistó un primer listado de normas que fueron dictadas durante la última dictadura militar y que dejarán de ser válidas.
Sobre la no validez de las leyes municipales, el Concejo distingue dos conceptos. Por un lado, se hace referencia a la normativa derogada, que se refiere a las ordenanzas que perdieron su vigencia a través de un acto formal (de manera expresa o tácita). Y por el otro, las normas caducas son aquellas que pierden operatividad porque se cumplió su objeto o se agotó su plazo, sin que medie un acto formal derogatorio.
Así fue que los ediles solicitaron, a través de un dictamen conjunto de las comisiones del Concejo, aconsejar la declaración de caducidad de 640 ordenanzas por objeto cumplido, plazo vencido y/o condición cumplida; y la derogación de otras 58. Se trata de normas que fijan tarifas para los taxis o para el transporte público, autorizan ampliaciones presupuestarias o aprueban planos y construcciones de edificios, entre otros temas.
Seguridad jurídica
Según un informe elaborado por la comisión, se eligió el período 76-83 para que la depuración inicie con un bloque cerrado de numeración cuya pauta de clasificación sirva para el resto de las etapas. “Este proceso refuerza el principio de seguridad jurídica, facilita la tarea de la administración municipal y brinda a la ciudadanía un ordenamiento transparente, confiable y comprensible”, dice el escrito.
En este sentido, el cuerpo lleva al recinto un proyecto que promueve “el uso de un lenguaje claro en los textos y documentos formales del sector público” pensado para facilitar la comprensión e interpretación de los escritos que estarán a disposición de la ciudadanía.
Además, se presentan dictámenes sobre la creación de un canal oficial de comunicación del Concejo, sobre el desarrollo de estrategias que fortalezcan la autonomía de las personas en el transporte de pasajeros, sobre la creación del programa “Sello Verde” y sobre declaraciones de interés municipal en temas de salud y cultura.
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