Oportunidad: el presupuesto se baila de a dos

El presupuesto nacional 2026 no puede ser una imposición sino servir como un relanzamiento hacia la responsabilidad institucional. En dos sentidos. Primero, en negociar y segundo en hacerlo manteniendo la seriedad fiscal. Ambos dependerán de las elecciones de octubre, tanto en lo esperado de ellas como luego de realizadas.

Las obras públicas nacionales son una carta importante en esto. Cuando Javier Milei asumió la presidencia era prioritario frenar el proceso inflacionario. Como hacerlo no es sencillo ni instantáneo había que comenzar cuanto antes con el corte de su fuente principal, la emisión de dinero para cubrir el déficit oficial, y por eso se detuvo la obra pública. Era lo más rápido y lo menos complicado políticamente.

Los resultados positivos aparecieron relativamente pronto, aunque ayudados por herramientas que hoy pesan, como la incompleta actualización de las tarifas de los servicios públicos y la cotización pisada del dólar. La cada vez menor suba mensual del IPC, con sus efectos benéficos en reducción de pobreza e indigencia, pasó a ser la normalidad y por lo tanto otras inquietudes ocupan los primeros puestos, como salarios, empleo, consumo y actividad. En todos esos campos los resultados fueron desparejos hasta junio: unos presentan mejoras, otros no, también hay diferencias entre regiones y en algunos, como consumo, lo chocante es el sinceramiento.

Que haya progresos claros no depende sólo de la estabilidad de precios, es imprescindible pero no lo único necesario. Falta trabajar en productividad, que requiere reformas de fondo. No se trata sólo de dólar atrasado o adelantado (quienes espantan con la suba de cotización de estos días recuerden cuando asustaban con el dólar barato hasta hace tres meses). Las reformas necesarias corresponden a distintos niveles de gobierno y el debate del presupuesto brinda la oportunidad de plantear algunas nacionales y negocias junto a ellas otras provinciales. Las nacionales atractivas hoy son las obras de infraestructura interprovinciales. Con ellas se puede pensar en avanzar sobre temas de preocupación actual, mostrar que no todo es financiero (que suele ser lo resaltado aunque se trabaja en más áreas) y así aumentar la fortaleza del esquema económico, y al mismo tiempo conversar con los gobernadores tanto apoyo en el Congreso como reformas locales.

En conjunto va el segundo sentido mencionado al comienzo. El trabajo debe hacerse con cuentas encuadradas. Eso no debe ser negociable. Todo el resto puede variar, el resultado total no. La única manera de evitar la inflación es con al menos equilibrio fiscal y la única manera de pagar la deuda y bajar impuestos es con superávit fiscal.

Que se consigue con menores gastos. Véase la experiencia. Cuando para cubrir erogaciones sin freno se apeló a los impuestos se ahogó la producción por sobrecarga de costos fiscales. Cuando se tomó deuda, se llegó a los defaults porque los gastos inmanejables terminaron en deudas impagables. Y cuando se buscó al Banco Central para que financiara con emisión se cayó en inflación creciente. Entonces, lo primero que debe hacerse es moderar el gasto. Esto implica, primero, definir qué corresponde y qué no al Estado, porque sacar del ámbito público lo que no debería estar sería un gran aporte a la economía. Y si lo que queda no puede cubrirse con tributos razonables, definir prioridades. Algo inevitable, porque si no hay capacidad de establecer jerarquías entonces no la hay para vivir como humano. e inexcusable en los gobernantes. Eso sí, el gasto debe armonizarse con los ingresos, que no pueden ser de cualquier fuente. No funciona decidir los gastos y luego ver cómo se solventan. Ambas operaciones deben hacerse simultáneamente.

Ahora, detalles que hacen a la manera política de actuar y afectan el país en general pero sobre todo en estos días de esperable inestabilidad dadas las fechas y los actores. Sirva de ejemplo el proyecto de financiamiento universitario. Una parte del mismo puede entrar en el nuevo presupuesto pero no la recomposición salarial. El financiamiento general sí porque el proyecto dispone reglas permanentes. Algunas discutibles, como la convocatoria periódica a paritarias para alcanzar una determinada actualización salarial, con lo que no tiene sentido hablar de negociaciones si la ley establece un resultado de piso, o como los objetivos declamados que dependen poco de cuánto se gire a las universidades: que en promedio se reciba el 20 por ciento de los ingresantes no se soluciona con más dinero, tampoco que la mayoría de los hijos de hogares pobres no llegue a la universidad porque no siquiera termina el secundario, y quienes llegan lo hagan con grandes falencias porque los niveles primario y secundario son de mala calidad.

La recomposición 2023-2025 es diferente porque no se define con claridad con qué recursos lograrla. Por caso, el proyecto dispone que se use una parte de los impuestos coparticipables que le corresponden a la Nación, ingresos que tenían otras asignaciones. ¿Qué hacer con ellas? Según el proyecto, el PEN debe reasignar partidas. O sea, motosierra. Pero no dice dónde ni con qué criterio. Recuérdese que decidir cómo se financia un gasto más que obligación legal es una necesidad lógica. Entonces, si el gobierno incumple la ley porque no es precisa será criticado y si la cumple también. ¿Puede incumplir? Judicializar por sí no parece razonable cuando ya desempeñó su papel en el proceso político para emitir legislación. En cambio, ante la falta de claridad sobre los recursos podría no aplicarla y esperar que alguien lo demande y entonces sostener su postura. Sería una apuesta muy fuerte pero no del todo sorprendente.

En definitiva, la posibilidad de mala fe de parte de los legisladores existe y puede sospecharse de ella dados algunos proyectos. Cómo moverse en ese ambiente es la prueba que debe superar el gobierno y que influirá, por expectativas y percepciones, en la economía actual. Por eso debe apoyarse más en quienes tienen responsabilidad de gestión, los gobernadores, para neutralizar la demagogia de quienes desde sus bancas casi no pagan costos.