Presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal de Apelaciones: “El fiscal tiene pruebas de sobra para imputar a Ontiveros”

La causa por el presunto tráfico de influencias en jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán tiene en vilo a los ocupantes del edificio de Las Piedras y Congreso. Es que si bien el principal implicado no trabaja allí, si lo hacen su esposa y sus dos hermanos, y sobre todo el camarista federal Mario Leal, a nombre de quien, según el denunciante, habría solicitado una suma cercana a los 100.000 dólares para obtener un voto favorable en el marco de una causa que se tramita en Catamarca.

Hasta el momento, el único sospechoso, el abogado Luis Alejandro Ontiveros, no fue imputado en la causa. Ni se le tomó declaración. Es que el fiscal federal subrogante N° 2, Agustín Chit, ante quien se presentó la denuncia, espera el resultado de pericias que considera claves, sobre todo en el teléfono celular del letrado, mientras suma indicios para fortalecer la acusación.

A pesar de todo esto, la defensa de Ontiveros afirma que no hay ni una prueba que lo involucre en el caso.

Al contrario, el denunciante Mario Alberto Martínez Salazar Pérez aseguró que Ontiveros le ofreció influencias para favorecer la situación judicial de su hijo a cambio de dinero. Desde entonces, la investigación se transformó en un proceso complejo, que involucra de manera indirecta a la esposa del acusado, Solana Casella, relatora en la Cámara Federal y aspirante al juzgado federal N° 1, y que rozó también al camarista Mario Leal. Para la querella, las relaciones personales y patrimoniales entre los involucrados constituyen un entramado sospechoso; para la defensa, en cambio, son simples vínculos familiares que nada tienen que ver con un delito.

Juan Andrés Robles, representante de Martínez Salazar Pérez, funcionario de carrera de ARCA (ex AFIP), aseguró que “el destino de Luis Ontiveros se define en el expediente”.  “Es extraño pero mi colega, el abogado defensor, continúa manifestando que no existe ni una prueba en contra de su defendido pero en el expediente sólo plantea nulidades y trata que la investigación no avance. El que nada teme, nada oculta”, expresó Robles.

Según Martínez Salazar, las reuniones con Ontiveros tuvieron lugar en bares de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, y fueron registradas con micrófonos ocultos, y que además hay fotografías y chats que forman parte del expediente. En el marco de la instrucción, el juez federal subrogante N°2 José Manuel Díaz Vélez autorizó el secuestro del celular de Ontiveros el 4 de junio y el peritaje del equipo se concretó el 20 de agosto. El procedimiento no estuvo exento de polémicas ya que aparentemente Ontiveros entregó en primera instancia un celular apagado, que resultó ser de uno de sus hermanos, hasta que finalmente accedió a dar el suyo.  

Con todos estos elementos se busca esclarecer si existió un entramado para manipular decisiones dentro de la Cámara. Lo que hasta aquí no se realizó fue el análisis de los mensajes que estaban en el celular y que fueron extraídos con el software especializado, UFED (Universal Forensic Extraction Device) de Cellebrite,. Es que la medida está objetada por la defensa del sospechoso, y además se recusó al juez. Estos dos incidentes, de ser admitidos, serán resueltos por la Cámara.

“Mi cliente es un padre preocupado que inicia la causa con su denuncia tras sufrir una verdadera extorsión pues le pedían dinero para que su hijo no vaya preso. Ya es hora que diga cuál sería la conspiración que impide que la verdad salga a la luz y quiénes están por detrás de esa supuesta acusación infundada que, por cierto, de ninguna manera incluye a mi cliente, un funcionario de carrera intachable que sólo acudió a la justicia cuando sufrió un injusto de magnitud”, dijo Robles.

“Mientras según la defensa no hay ninguna prueba yo advierto que el fiscal que dirige la investigación tiene pruebas de sobra para imputar a Ontiveros y eso que todavía no se peritó su teléfono. En idéntico sentido dice que las grabaciones no son audibles cuando todos los que las escuchamos creemos que exponen de manera muy clara las conductas por las que se le formula un reproche penal”, manifestó.

“Existen en la causa cruces telefónicos, fotografías, filmaciones, mensajes instantáneos del imputado a mi cliente, capturas de pantalla de grupos de whatsapp donde Ontiveros trata de vender el auto en el que lo extorsionó, constancias de cómo Ontiveros le pasó el teléfono a su hermano para obstaculizar la investigación, etcétera. Todas estas pruebas lo vinculan a mi cliente y nos llevan a la siguiente pregunta ¿Qué era lo que tenía que conversar Ontiveros con tanta necesidad con el señor Martinez Salazar Perez? La única respuesta posible: sobre la sentencia que decidía la libertad de su hijo. Me parece que la defensa está viendo una película distinta que la que está mirando toda la sociedad”, afirmó Robles

“La aparición sucesiva de nuevos y renombrados colegas representando a la defensa y su permanente actividad procesal para impedir el avance de la investigación evidencian que se pretende dejar en la opacidad las conductas que saldrán a la luz con el avance de la investigación y que merecen una actuación ejemplar de la Justicia”, finalizó el abogado.

Cambios en la defensa

En las últimas horas, Luis Ontiveros concretó los cambios en su defensa. En un escrito que presentó ante el juzgado federal N° 2, informó que no seguirá en la causa el letrado Pablo Macarón. Así, asumirán como abogados “códefensor de confianza el doctor Miguel Ángel Pierri y como sustituto el doctor Martín Nahuel Montalto”, este último parte del estudio de Pierri. También continuará el abogado Camilo Atim. Además se solicitó un plazo de 10 días para que ambos letrados puedan analizar el expediente.