EDUCACIÓN FINANCIERA. La Rioja se convirtió en la primera provincia en incluir contenidos de economía cotidiana, ahorro e inversión como parte de la currícula escolar. / GOOGLE
El 9 de septiembre, La Rioja dio un paso inédito en materia educativa: la Legislatura sancionó la Ley 10.824, que creó el Programa de Educación Financiera, y de los Derechos de Consumidores y Usuarios. Con esta decisión, la provincia se convirtió en la primera del país que suma la materia al plan de estudios de todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas.
La norma establece que los estudiantes deberán recibir formación sobre economía, presupuesto, ahorro, inversión, crédito, consumo inteligente, digitalización financiera, impuestos, regímenes previsionales y seguros. El programa no se limita a adolescentes en edad escolar, sino que también se dirige a adultos, personas con discapacidad y sectores vulnerables, lo que amplía su impacto social.
Una política contra la ludopatía
El Ministerio de Educación provincial será la autoridad de aplicación, y deberá articular la aplicación de educación financiera con universidades, organismos ministeriales, el Banco de La Rioja, y entidades públicas y privadas. Además, se conformará un Comité Asesor que se reunirá al menos dos veces al año para evaluar los avances.
La definición de educación financiera que adopta la ley no se limita a enseñar números. Busca que las personas comprendan mejor las variables económicas de la vida cotidiana, y desarrollen herramientas para prevenir fraudes, usar canales digitales de pago con seguridad y tomar decisiones responsables sobre ahorro e inversión. El enfoque, además, incluye la lucha contra la ludopatía digital y las estafas virtuales, problemáticas que afectan cada vez más a adolescentes, jóvenes y adultos.
Contenidos mínimos y objetivos
La ley fija cuatro grandes metas: mejorar la calidad de vida a través de la comprensión económica; fomentar el ahorro y la inversión responsable; promover el crédito con especial atención a las MiPyMEs y los sectores vulnerables, y reforzar la protección frente a estafas digitales.
El artículo 8 de la norma detalla un listado de contenidos mínimos obligatorios. Cada comunidad educativa podrá adaptar la enseñanza a sus propias realidades, lo que facilita que el programa se aplique de manera progresiva.
Cómo se implementará
El plan estratégico considera la capacitación de docentes y de referentes escolares en inclusión financiera, así como la elaboración de materiales pedagógicos adaptados a cada nivel. El Ministerio de Educación podrá apoyarse en entidades bancarias y académicas para ampliar el alcance. La ley también prevé campañas de difusión de herramientas específicas para pequeñas y medianas empresas, y para quienes reciben beneficios de la seguridad social.
Desde el punto de vista administrativo, el Poder Ejecutivo provincial tiene la facultad de reasignar partidas presupuestarias para que el programa comience a funcionar sin demoras. Con esta normativa, La Rioja busca achicar las brechas de acceso a la información económica y garantizar que más personas cuenten con recursos para defender sus derechos como consumidores y usuarios.






