IMPLICADO. Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, no acompañó -al menos por el momento- el pedido de nulidad presentado por los dueños de la droguería Suizo Argentina en la causa que investiga presuntas coimas en contratos con el Estado. En paralelo, analiza junto a su defensa la posibilidad de convertirse en imputado colaborador.
Sus abogados solicitaron una prórroga para responder al planteo de nulidad, argumentando que la causa se encuentra bajo secreto de sumario y que no cuentan con acceso al expediente ni a una imputación concreta. Según allegados al ex funcionario libertario, una vez que se levante el secreto y se conozca la acusación formal, evaluarán la opción de declarar como arrepentido.
Spagnuolo es uno de los investigados junto a Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan, propietarios de Suizo Argentina, principal proveedora estatal del rubro. La causa se originó a partir de audios atribuidos al ex directivo, en los que se mencionan supuestas coimas y referencias a figuras del entorno presidencial.
La defensa de Spagnuolo sostiene que no puede pronunciarse sobre la nulidad sin conocer el contenido del expediente. “Sin acceder a la causa nos resulta imposible responder”, indicaron sus abogados, quienes también plantearon que el juzgado debió haber esperado a levantar el secreto de sumario antes de dar trámite a los incidentes procesales, consignó el diario "Ámbito".
Por ahora, la posibilidad de que Spagnuolo se convierta en imputado colaborador forma parte de conversaciones con su equipo legal. No hay constancia formal de ese paso en el expediente, aunque se interpreta que el pedido de prórroga refuerza esa posibilidad.
La defensa de los Kovalivker solicitó la nulidad de la causa argumentando que los audios fueron obtenidos de manera ilegal. También plantearon que la empresa ya fue investigada anteriormente por hechos similares y que ese expediente fue archivado por inexistencia de delito.
El juzgado a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi pidieron opinión sobre esos planteos a las defensas, al Ministerio Público y a Poder Ciudadano, que interviene como querellante. Mientras tanto, la investigación continúa, sin imputaciones formales pero con múltiples medidas ya realizadas, entre ellas allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos.






