Dos de los siete acusados por el Caso Alberdi, negaron la acusación formulada por el fiscal Rafael Vehils Ruiz en el marco de la causa que instruye sobre los supuestos vínculos de funcionarios de ese municipio con el narcotráfico.
La acusación, según se desprendió de las indagatorias que escucharon los sospechosos, es que un grupo de personas formó una asociación ilícita que se habría confabulado para la distribución y comercialización de drogas y el lavado de activos. Para concretar este plan, los sospechosos habían utilizado al municipio
José del Carmen Roldán, el ex secretario de Hacienda de ese municipio, fue el primero en declarar. Asistido por Camilo Atim y por Florencia Abdala, el ex funcionario negó la acusación en su contra. Según confiaron fuentes judiciales, negó que su patrimonio haya tenido un crecimiento exponencial.
Los investigadores también lo acusaron de tener estar vinculado con Carlos Rodríguez, colaborador suyo en el municipio y empleado de la imprenta familiar que está detenido en Salta por un doble homicidio con tintes narcos. El acusado descartó esa posibilidad y habría aclarado que él tampoco podía saber de la vida privada del empleado.
Pese a que Atim y Abdala decidieron no realizar declaraciones sobre los dichos de sus defendidos, trascendió que volvieron a solicitar que se le otorgue el arresto domiciliario por tener problemas de salud. Roldán, como los otros detenidos, se encuentran alojados desde hace dos meses en el penal de Benjamín Paz.
Patrimonio
Albano Loru, ex concejal de esa ciudad, fue el otro acusado que declaró ayer. Asistido por Javier Lobo Aragón y su hijo homónimo, también negó todas las acusaciones en su contra. “Lo acusaron de que su patrimonio creció exponencialmente en los últimos tiempos, pero en realidad lo único que tiene a su nombre es una motocicleta”, dijo el abogado. “Sí es cierto que tenía una camioneta, pero la estaba pagando en cuotas. Sus familiares la devolvieron porque al quedar arrestado, no pudo seguir pagando”, añadió Javier Lobo Aragón (h).
“Aparentemente a todos les harán la misma imputación. Es una acusación que no tiene ninguna prueba sólida. Se habla de la existencia de una asociación ilícita para lavar activos, pero no se dice cómo operaba y desde cuándo. También hablan sobre la distribución y comercialización de drogas, pero no encontraron ni un gramo de estupefacientes”, aseguraron. Los defensores solicitarán en las próximas horas su libertad o, que en su defecto, que se le conceda el arresto domiciliario por tener problemas psiquiátricos.
Para hoy está previsto que declaren Juan Pablo Barrionuevo, ex funcionario de Desarrollo Social del municipio, y Roque “Chipi” Jiménez, el supuesto empresario que grabó el audio que se viralizó y que terminó iniciando el expediente. Mañana, si es que hay actividad en el fuero federal, serán indagados el ex intendente Luis “Pato” Campos y su esposa, la legisladora Sandra Figueroa. Ambos escucharán por primera vez una acusación en su contra, puesto que a pesar de haber sido protagonistas del expediente, nunca fueron imputados.








