23 Agosto 2025
Patricia Bullrich autorizó compras por más de $5.000.000 millones a la droguería investigada por sobornos
La Policía Federal, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, adjudicó en 2025 compras de medicamentos e insumos por más de $8.339 millones a la Droguería Suizo Argentina S.A., empresa en el centro de una causa federal por presuntos sobornos.
Patricia Bullrich
La filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), destapó una trama de presuntos sobornos y retornos que involucra a la Droguería Suizo Argentina S.A..
La investigación federal derivó en allanamientos en sedes, domicilios y vehículos vinculados a la empresa, donde se secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo en moneda extranjera.
La Justicia busca determinar si existió un esquema de coimas asociado a contrataciones estatales y si las pruebas recolectadas confirman una operatoria ilícita.
Compras millonarias de la Policía Federal en 2025
En paralelo al avance judicial, la evidencia administrativa muestra que el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Patricia Bullrich, autorizó adjudicaciones millonarias de la Policía Federal Argentina (PFA) a la droguería investigada.
Entre febrero y mayo de 2025 se aprobaron órdenes de compra por medicamentos oncológicos, neurológicos, hormonales y antirretrovirales, entre otros insumos. El total adjudicado asciende a:
$8.339.956.856,70 (equivalentes a USD 6.415.351,42 al tipo de cambio oficial de $1300 por dólar).
Algunas de las órdenes destacadas incluyen:
27/02/2025 – Análogos hormonales (nivolumab, pembrolizumab): $2.279.885.359
21/02/2025 – Quimioterápicos con cadena de frío (rituximab): $2.394.327.551
27/03/2025 – Medicamentos antineoplásicos y antirretrovirales: $1.428.244.735
24/02/2025 – Anticuerpos monoclonales: $939.728.428
El peso político del caso
El hecho de que la mayor parte de las contrataciones de Suizo Argentina proviniera de la cartera de Seguridad, dirigida por Bullrich, le otorga al caso una dimensión política significativa.
Mientras la Justicia avanza en las pericias sobre los audios y los bienes incautados, ya existe una traza administrativa concreta: recursos del Estado que en apenas unos meses fluyeron hacia una sola droguería hoy bajo sospecha.
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