Tras los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América, durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, el Gobierno argentino recibió al ministro del Interior trasandino, Álvaro Elizalde. La visita incluyó reuniones con Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, y con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Catalán informó que desde el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, se dispusieron medidas como la identificación de los responsables, pedidos de expulsión y la aplicación del derecho de admisión de por vida en estadios. Sin embargo, aclaró que la seguridad en las canchas corresponde a las fuerzas provinciales, señalando a Aprevide y al gobierno bonaerense como responsables de esclarecer lo sucedido.
En la misma línea, Bullrich cuestionó duramente al gobernador Axel Kicillof, acusándolo de permitir que la violencia se adueñara de la cancha por no intervenir con la Policía.
“El inútil de Kicillof se saca fotos con (Claudio) Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”, expresó. También vinculó a las autoridades provinciales con los barras, y aseguró que desde la Nación se avanzará para recuperar el orden.
Por su parte, tras la liberación de 104 hinchas chilenos, nuevos episodios de violencia se registraron en Avellaneda. En una comisaría, un grupo intentó agredir a un repartidor que llevaba un casco con el escudo de Independiente, lo que obligó a la intervención policial.
Más tarde, los aficionados liberados protagonizaron destrozos en móviles de televisión, agresiones a simpatizantes locales y disturbios en un complejo de tenis cercano al estadio. Incluso Independiente debió activar un protocolo de seguridad para proteger a los alumnos del colegio que funciona en sus instalaciones.
Ante esta escalada, el Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda-Lanús ordenó la clausura preventiva del estadio Libertadores de América. El juez hizo lugar al pedido del fiscal Mariano Zitto, quien calificó los disturbios como “extremos e inhumanos” y señaló la imposibilidad de contención por parte de la seguridad.
Si bien el “Rojo” podrá disputar su próximo partido a puertas cerradas o en otra cancha, la medida es por tiempo indeterminado hasta que se presenten planes de seguridad adecuados.
Conmebol abrió un expediente disciplinario
En paralelo, la Conmebol abrió un expediente disciplinario. El informe incluyó testimonios del árbitro Gustavo Tejera, del delegado Michael Sánchez Alvarenga y de oficiales de seguridad. Allí se remarcan las reiteradas negativas de la Policía Bonaerense a intervenir en la tribuna visitante, bajo el argumento de que podría generarse una tragedia. También se apuntó contra Independiente por no acatar la recomendación de no habilitar la tribuna Sur Baja y por la falta de refuerzos de seguridad privada.
Incluso se registró un episodio de racismo: un hincha chileno fue grabado imitando a un mono y sosteniendo una banana. Conmebol advirtió que ambos clubes podrían recibir sanciones severas, desde multas hasta la descalificación de competiciones en curso, y fijó como plazo para presentar descargos el próximo miércoles 27.







