¿Por qué se quiere avanzar con la reforma previsional?

¿Cuántos trabajadores activos realizan aportes en la Argentina por cada jubilado? De acuerdo con los datos oficiales, en la actualidad la proporción es de 1,7, mientras que, para que el sistema previsional nacional de reparto sea sustentable se requiere  que haya, al menos, tres trabajadores aportantes por cada pasivo. Los últimos datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) revelan que la proporción irá descendiendo en las próximas décadas. En 2024, el organismo estadístico estima que se registraron 5,7 millones de personas con una edad de 65 años o más (12% del total), mientras que para 2030 este número se proyecta crecerá a 6,5 millones (15% del total).

Un diagnóstico elaborado por la Fundación Libertad y Progreso señala que la situación del sistema previsional argentino es, a esta altura, innegable: el esquema de reparto está quebrado. Por un lado, una base de 7,44 millones de jubilados y pensionados, que crece a razón de un 2% por año, según las estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Social a junio de 2025. Por otro, 12,85 millones de trabajadores registrados acorde a la base de datos del Ministerio de Capital Humano, de los cuales 3,39 millones son trabajadores estatales y 2,76 millones son independientes (monotributistas y autónomos). Mientras que, según datos del Indec, la tasa de informalidad laboral en Argentina es del 42%.

A este régimen ya frágil se le suma un factor clave: las moratorias previsionales. “A partir de 2005, se autorizó el acceso a la jubilación para personas que no hubiesen cumplido con el total mínimo de años de aportes. Esto implicó un cambio importante en la composición de las jubilaciones y pensiones. En 2004 había 3,2 millones de jubilados y pensionados, 0% bajo el beneficio de la moratoria. Para 2024, la cifra trepó al 68,2% del total”, puntualiza el diagnóstico al que accedió LA GACETA. Es decir, hay más personas jubiladas por moratoria que los que cumplieron con todos los años de aportes requeridos. Si bien estas medidas mejoraron la cobertura social para adultos mayores, también crearon un fuerte desequilibrio en el sistema previsional.

Según Libertad y Progreso, la existencia de una moratoria abierta configura un círculo vicioso: quienes no aportan lo necesario acceden igual a una jubilación, lo que dispara el número de beneficios a financiar y reduce las jubilaciones promedio de todos los beneficiarios, incluyendo a los que sí cumplieron todos los años de aportes. Para cubrir el déficit, el sistema se nutre de impuestos más allá de los aportes. Y como trabajar en negro no impide jubilarse por moratoria, se refuerza el círculo vicioso.

Recientemente, el Congreso aprobó un paquete de reformas previsionales compuesto por tres leyes, cuyo costo fiscal anual de hasta el 2,1% del PBI. A continuación, la fundación detalla el contenido y el impacto de cada una de estas leyes:

•Ley 27.791: Movilidad jubilatoria y bono extraordinario. Establece un aumento del 7,2% en los haberes previsionales y eleva el bono extraordinario de $ 70.000 a $110.000, con actualización mensual según el índice de movilidad. Además, ordena transferencias de Anses a provincias con regímenes previsionales no transferidos.

•Ley 27.792: Moratoria previsional. Prorroga por dos años la posibilidad de jubilarse sin contar con los años de aportes requeridos, mediante la extensión del régimen previsto en la Ley 27.705. También modifica aspectos de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

•Ley 27.793: Emergencia nacional en discapacidad. Declara la emergencia hasta diciembre de 2026 e implementa medidas de financiamiento para pensiones no contributivas por discapacidad y asistencia a prestadores.

Ahora, ¿cuáles serían los costos de su aprobación? Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la Ley 27.791 es la que genera el mayor impacto fiscal. El aumento de haberes y la actualización del bono representan un costo de 0,79% en términos anualizados. A esto se suma un impacto financiero adicional por anticipos a cajas previsionales provinciales, estimado en 0,38% anualizado.

En cuanto a la Ley 27.792, el impacto fiscal total asciende a 0,39% del PBI, producto de la reincorporación del plan de moratoria y la ampliación del universo de beneficiarios de la PUAM.

Por su parte, el costo estimado de la Ley 27.793 —considerando únicamente las medidas cuantificables— oscila entre 0,28% a 0,51% del PBI. La mayor parte de ese gasto se explica por la incorporación de entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios a las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo costo individual se estima entre 0,25% a 0,48% del producto.

Por ahora, los bloques opositores de la Cámara de Diputados no pedirán ampliar el temario de la sesión de mañana con el fin de debatir los vetos a las leyes  de aumento a las jubilaciones y de discapacidad, ya que aún no tienen los dos tercios para rechazar los vetos interpuestos por el Presidente Javier Milei, que también incluyeron la prórroga por dos años de la moratoria previsional,

“Una vez más, la Argentina interviene en su sistema previsional con una reforma que, lejos de resolver los problemas estructurales, opta por soluciones de corto plazo que sólo postergan la discusión de fondo: una reforma laboral para incentivar la creación de empleo formal y una reforma previsional que estructure mejor los incentivos a ahorrar para la jubilación, y que permita dar una cobertura social a los adultos mayores”, expresa Libertad y Progreso. “Si vemos América Latina, en los últimos años la mayoría de los países aprobaron reformas profundas en sus sistemas previsionales. Chile en 2025, Colombia y Uruguay en 2024, y Brasil en 2019, por poner unos ejemplos. Aunque no creo que todas hayan ido en la dirección correcta, por lo menos demuestran una voluntad de sus parlamentos de atacar el problema. En cambio, en Argentina el Congreso viene apostando por parches”, indica Eugenio Marí, economista jefe de la fundación.  

“Si tomamos al gobierno en su palabra, el equilibrio fiscal no es una opción, sino una condición innegociable. En ese contexto, los gestos de la oposición parecen más bien una puesta en escena, un intento de mostrar fisuras donde no las hay, con la vista puesta en las próximas elecciones. Es evidente que insistir en reformas de corto plazo conducen a una presión creciente y difícil de sostener sobre las finanzas públicas. Sin embargo, aún hay margen para repensar el sistema. Una reforma inteligente podría aliviar esa carga sin comprometer la estabilidad fiscal”, señala, por su parte, el analista económico Theo Elmann.