Tech Security SRL, una empresa de seguridad privada con historial en eventos masivos y con lazos familiares con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue adjudicada con un contrato de $3.933.026.507 para brindar servicios de vigilancia al Banco Nación. La adjudicación, publicada en el Boletín Oficial el 4 de julio, se produce mientras el banco estatal implementa un plan de ajuste que incluye el cierre de sucursales.
El contrato, con una duración inicial de 24 meses y la posibilidad de dos prórrogas de 12 meses cada una, abarcará la casa central del Banco Nación (Bartolomé Mitre 300), el edificio Maipú, la sede para funcionarios y la sucursal del Aeroparque Jorge Newbery.
Martín Menem, quien asumió como titular de la Cámara de Diputados en diciembre de 2023, fue socio de Tech Security hasta el 6 de diciembre de ese año, cuando cedió sus acciones a su hermano Adrián Menem. Fuentes cercanas al diputado Menem declararon a que él ya no tiene relación con la empresa y desconoce su vinculación con el Estado.
Los clientes de la empresa
Tech Security, fundada en 2005, se posicionó como una empresa de referencia en seguridad privada, especialmente en el ámbito de eventos masivos. Su cartera de clientes incluye clubes deportivos como River Plate y Racing Club, el predio de Ezeiza de la AFA, y ha tenido acuerdos con instituciones como Belgrano Cargas, la Biblioteca Nacional y la municipalidad de Vicente López. La empresa, que emplea a alrededor de 500 personas, amplió su estructura societaria en 2014 con el ingreso de la familia Menem.
La adjudicación del contrato a Tech Security coincide con un plan de ajuste del Banco Nación que incluye el cierre de 60 sucursales en todo el país, medida que se estima generará un ahorro anual superior a los $1.000 millones. Esta reducción de costos, sin embargo, representa solo una fracción del valor total del contrato adjudicado a la empresa de seguridad.
Además del cierre de sucursales, el Banco Nación, bajo la gestión de Daniel Tillard, enfrenta una disputa legal en torno a la intención del gobierno de Javier Milei de convertirlo en Sociedad Anónima, un paso que sus críticos consideran un preludio a la privatización. La justicia, hasta el momento, ha frenado este proceso mediante medidas cautelares presentadas por la Asociación Bancaria.






