Hay otro sospechoso por el hurto del celular a Jaldo

¿Existe una banda detrás del hurto del celular al gobernador Osvaldo Jaldo? ¿Hubo una planificación? ¿Quién fue el verdadero autor del hecho? Esos son algunos de los interrogantes que siguen sin responderse en un caso que va levantando temperatura con el correr de los días. Ayer, en una audiencia, se rechazó el pedido de arresto domiciliario para la única procesada en la causa, pero surgieron detalles en la que quedó involucrado un fotógrafo que terminó siendo clave para que se detuviera a la acusada y dejó en claro que aún hay mucho por investigar.

El miércoles 18 de junio, en un acto político desarrollado en el salón de fiestas Rocío de La Cocha, desconocidos le hurtaron el móvil al titular del Poder Judicial. Los policías que estuvieron analizaron una imagen tomada por el fotógrafo Héctor Juárez en el que se observaría a una mujer ingresando una mano al bolsillo interno del saco de Jaldo en el que podría haber hurtado el móvil. La sospechosa fue identificada como Liliana “Pampita” Carrizo, empleada de la comuna de Los Pizarro y detenida horas después.

Al día siguiente se hizo una audiencia en la que la auxiliar Emilse Guevara, siguiendo las instrucciones del fiscal Héctor Fabián Assad, acusó de hurto a Carrizo y pidió que se le dictara la prisión preventiva por 30 días. El planteo fue apoyado por la querellante Paula Morales Soria y el defensor oficial Pablo Cannata no se opuso y el juez Cristian Velázquez terminó aceptando el pedido.

Estrategia

“Pampita” decidió no declarar en la audiencia, sí lo hizo al día siguiente. En el despacho del fiscal, habría relatado que ella no había sido la autora del hurto y que en realidad se lo había entregado una persona. También aseguró que al llegar a su domicilio se habría comunicado con su pareja que estaba en Córdoba para explicarle que había encontrado el celular. Él le habría sugerido que publicara en las redes sociales el hallazgo para que su propietario lo recuperara. También intentó desbloquearlo para conectarlo al wifi de su caso con el único propósito de que el dueño llamara por WhatsApp, ya que en su casa no hay señal. Pero todas sus intenciones quedaron en la nada porque fue aprehendida.

No dio mayores detalles, pero todo respondió a una estrategia para mejorar su situación procesal. Habría accedido a contar lo que realmente sucedió a cambio de acceder a un arresto domiciliario. Pero no llegó a cumplirse porque la acusada le revocó el poder a Cannata y designar a Emilia Gissele Ale como defensora que desplegó otro plan diferente.

Mientras la nueva defensa preparaba una nueva estrategia, en el marco de la investigación surgieron dos detalles. El primero fue la confirmación de que en principio no se habría extraído información del celular de Jaldo. El otro: se confirmó que alguien había utilizado el móvil para tomar una foto en la que aparecía la acusada. Es decir, que era prácticamente imposible que ella lo hubiera sustraído.

Paralelamente, el fiscal Assad ordenó el secuestro de los dispositivos de almacenamiento de las cámaras de seguridad del salón de fiesta, medida que tuvo una tardanza porque el propietario no recordaba la contraseña, por lo que los peritos tuvieron que hacer una extracción. Esas imágenes están siendo analizadas por el Equipo Científico de Investigación Fiscal, al igual que los celulares que se le secuestraron a la acusada.

También convocaron a los fotógrafos que tomaron imágenes en la reunión política. Cuatro presentaron las tarjetas de memorias para analizar. Se encontraron imágenes que aportaron más confusión aún. En una de ellas aparece la acusada con un celular en una de sus manos después de que no tenía nada en su poder.

El viernes 4, antes de que comenzara la feria judicial, Carrizo volvió a declarar ante el fiscal Assad. En esa oportunidad habría afirmado que Juárez, el fotógrafo que aportó la imagen para que la identificara, le había entregado el celular. Ahora los peritos están analizando los tiempos en el que se tomaron los retratos para determinar cómo fue la secuencia.

Otro golpe

Solicitada por Ale, ayer se realizó una audiencia que no pudo ser cubierta por LA GACETA íntegramente por las limitaciones que impuso el juez Rodrigo Sebastián Martearena, con el propósito de que a “Pampita” se le otorgara el arresto domiciliario. Argumentó que su defendida estaba embarazada y que no tenía quien cuidara de sus dos hijas menores, ya que su hermano mayor tuvo que salir a trabajar para poder atender sus necesidades.

La auxiliar fiscal Constanza Díaz se opuso al considerar que no estaba acreditado los problemas de salud que padecía Carrizo y confirmó además que un informe indicaba que no se le podía otorgar una pulsera porque en su casa de Los Pizarro no hay la conectividad que se necesita para hacer un correcto seguimiento de la medida. También recordó que la semana que viene se debe hacer una nueva audiencia para definir si se solicitará o no la prórroga de la prisión preventiva.

La querellante Paula Morales Soria, no sólo adhirió a los planteos de la representante del Ministerio Público, sino que además fijó postura sobre el caso. “Acá no sólo estamos hablando ya de la participación de más de una persona, sino que además está claro que hubo una planificación para apoderarse del celular del gobernador Jaldo. Eso representa una gravedad institucional sin precedente porque todavía no se determinó cuál era el objetivo del hurto del móvil”, explicó.

“No puede otorgarle el arresto domiciliario porque entorpecería la investigación. La declaración que brindó fue contradictoria y hasta podría haber sido direccionada para que no se supiera la verdad. Si se le otorga la morigeración de la medida cautelar podría realizar otras maniobras”, añadió Morales Soria.

El juez Martearena rechazó el planteo al considerar que el pedido debería haberse realizado en una audiencia de impugnación. Entre el jueves y viernes de la semana que viene el fiscal Assad deberá definir si pide la prórroga de la prisión preventiva en contra de Carrizo.

Medidas: hubo limitaciones para cubrir la audiencia

LA GACETA tuvo diferentes inconvenientes para cubrir la audiencia en el que se trató la situación procesal de la acusada del hurto del celular del gobernador Osvaldo Jaldo. El periodista, que se enteró del debate sobre la hora, intentó presenciarla desde un bar con auriculares, por lo que el juez Rodrigo Martearena le ordenó que debía estar en un lugar privado para poder presenciarla. Lo hizo desde su vehículo particular, ya que no estaba en la redacción de nuestro diario. Una vez que le permitieron el ingreso a la sala virtual, se le ordenó que mantuviera encendida su cámara, a pesar de que no era parte del proceso, cuando en realidad se exige que esté debidamente identificado con nombre y apellido y cuál es la razón por la que interviene. Por último, recordó la existencia de una acordada en la que se prohíbe registrar las imágenes de la audiencia. El código procesal establece claramente que son cerradas las audiencias de abuso sexual, en la que entre los acusados haya menores de edad (siempre y cuando no se divulgan datos que permitan identificarlos) y las que sean consideradas como secreta por algunas de las partes, todas las demás son públicas. Vale la pena aclarar que estas limitaciones se registran en los centros judiciales de Monteros y Concepción, ya que en el de la Capital los magistrados hacen respetar el derecho a la libertad de prensa al entender que la sociedad debe recibir información de calidad.

De la defensa: “Sabemos de la gravedad del caso, pero sigue vigente la presunción de inocencia”

“El Ministerio Público procura a través de informes recaudar la mayor información sobre lo ocurrido. Como defensa, entendemos que lleva su tiempo, pero tuvimos conocimiento de ello justo un día antes de que el cuerpo judicial saliese de feria. Sin embargo, seguimos trabajando y solicitando todo lo necesario para resguardar los derechos de mi defendida que sigue estando amparada por la presunción de inocencia”, aseguró Emilia Giselle Ale, defensora de Liliana “Pampita” Carrizo. La profesional agregó: “comprendemos la magnitud del caso, no por el hecho, sino por los partícipes en sí.  Recordemos que el denunciante no es nada menos que el gobernador Osvaldo Jaldo y es un plus que se adiciona y es un camino cuesta arriba para esta defensa”. “No daremos a conocer más detalles de la declaración de mi defendida, sólo podemos comunicar que está en poder del Ministerio Público y será el fiscal el que tomará los puntos que son útiles para avanzar con la investigación. También serán puesta a consideración del juez en su debido momento”, finalizó Ale.