El caso de la escuela Gabriela Mistral irá a la Corte Suprema provincial

Todo indica que el conflicto por el inmueble de la escuela Gabriela Mistral escalará a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. La Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró inconstitucional la ordenanza que ordenó la expropiación del espacio y con ello se abrieron dos nuevas vías: la Cooperativa avanzó con un pedido para que le sea restituido el sitio ubicado en Juan José Passo 167, mientras la Municipalidad capitalina alista un recurso de casación para impugnar la sentencia. Con este panorama, se espera que la decisión sobre la posesión del inmueble la tome el máximo Tribunal de Tucumán.

La expropiación se dictó por ordenanza en noviembre, a través del Concejo Deliberante. El municipio defendía que se habían detectado anomalías en el manejo de la Cooperativa y, luego de suspender el pago de cuota y matrícula a sus alumnos, la administración de Rossana Chahla buscó asumir plenamente las responsabilidades legales de la institución. “Era una situación irregular; hubo denuncias de padres y alumnos por esto, porque si no pagaban la matrícula o la cuota no los dejaban inscribirse al curso del año siguiente. Había una cooperativa lucrando en una escuela 100% financiada por la Municipalidad”, señaló Conrado Mosqueira, fiscal municipal.

Además, el funcionario demandó que “los fondos que la cooperativa millonaria manejaba no han sido debidamente declarados en el Ipacym (por el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual), para nosotros eso es irregular”. Y ratificó la postura del municipio de avanzar con un recurso de casación una vez que se reinicie la actividad en Tribunales, en dos semanas. Los fundamentos de la Capital se sustentan en el derecho a la educación pública y al principio de autonomía municipal.

La sentencia

El fallo de la Justicia determinó que la facultad expropiatoria es propia del Poder Legislativo provincial, no del municipal, y que la declaración de utilidad pública está “limitada exclusivamente a los supuestos referidos a la apertura, ensanche o mejoramiento de calles o caminos”, excluyendo a los establecimientos escolares de la norma. Tras la sentencia, Miguel Paz, abogado apoderado de la Cooperativa, solicitó a la Justicia que el caso se trate en feria judicial y pidió que “dentro del plazo máximo e improrrogable de 24 horas, (el municipio) entregue las llaves, retire la custodia y restituya plenamente los inmuebles”. La Cámara respondió teniendo presente la ratificación efectuada y requirió los autos para resolver.

“Ellos habían tomado la posesión ilegal del inmueble en su momento. Esto es para que se le permita el ingreso nuevamente a los cooperativistas, ya que hasta el día de hoy hay custodia privada y municipal que les impide el acceso. Este pedido de ejecución provisoria implica que, hasta tanto el municipio decida si apelará o no, la sentencia se cumpla y se ejecute de acuerdo a lo ordenado”, aportó el letrado.

El representante de la asociación, Alfredo Grassia, aseguró que la posibilidad de diálogo con la administración municipal no está cerrada. “El municipio todavía no nos propuso nada, pero lo primero que tiene que hacer es acatarse, ponerse a derecho y restituir el edificio. Después nos sentaremos y veremos qué es lo que surge; si no quieren seguir con esta relación de administración mixta, que nos proponga cuál es la solución”, planteó.

En tanto, el presidente de la Cooperativa y padre de alumnos, Rodolfo Calderón, remarcó que la institución no tiene fines de lucro. “Ellos apuntan a eso por el cobro de la cuota. Lo que pasó fue que todos los padres estaban pagando una cuota que con este gobierno venía subiendo, porque ya no alcanzaba para el mantenimiento del edificio, pero era mínima. Esto es una sociedad sin fines de lucro: todo lo que se juntaba con la cuota y la matrícula se aportaba en la misma escuela para beneficio de los chicos”, aseveró.

Más de 700 alumnos

La escuela Mistral tiene a su cargo la educación de unos 750 alumnos. Mientras se resuelve la cuestión judicial, ambas partes aseguraron que las clases están garantizadas y que el conflicto legal no afectará la normal actividad institucional. “La Corte va a tener la última palabra sobre si es viable o no la expropiación. Nosotros entendemos que sí”, subrayó Mosqueira.

Por su parte, Grassia ratificó: “la Cooperativa tuvo una excelente administración durante 36 años; estamos hablando de un crecimiento único en la Provincia. Después, por una decisión política que todavía no podemos entender, el municipio cortó relaciones con la Cooperativa. El colegio nació como anhelo de nuestros socios fundadores. Y todavía queremos que la escuela siga sosteniéndose y funcionando como siempre, pero parece que la Municipalidad no lo quiere así”.

La ordenanza en cuestión: se aprobó con dos votos negativos

La ordenanza que fue declarada inconstitucional por la Cámara en lo Contencioso Administrativo es la N° 5.390. La norma ingresó al Concejo Deliberante como un proyecto elaborado por el municipio que pedía la declaración de utilidad pública del inmueble y lo dejaba sujeto a expropiación. El tratamiento del tema en el recinto se dio en octubre, en una sesión de la que participaron Camila Giuliano, en ese entonces secretaria General del municipio; y Alejandra Trejo, subsecretaria de Desarrollo Humano. El debate en aquel momento fue desatado por Gustavo Cobos y José María Canelada, ambos de la Unión Cívica Radical (UCR), que cuestionaron la medida con argumentos similares a los de la Justicia. Finalmente, la votación quedó 15 a dos.