NOTIFICACIÓN DE DESALOJO. La medida abarcaría el tramo de la ruta Alternativa, desde el puente Barros hasta el barrio San Martín de Porres. La Gaceta / fotos de Analía Jaramillo
La Fiscalía de Estado notificó a los vecinos de Alderetes, que viven entre el puente Barros y calle San Martín de Porres y desde el margen del río Salí hasta la vera de la ruta Alternativa, que deberán desalojar sus viviendas a raíz de un pedido realizado por el Director de la Unidad Ejecutora de Protección del Medio Ambiente y del Patrimonio Provincial, Hugo Vitale. A pesar de que la medida quedó momentáneamente suspendida, los damnificados le exigieron a la intendenta, Graciela Gutiérrez, y al gobernador, Osvaldo Jaldo, una solución.
El pasado 2 de julio al mediodía alrededor de una decena de patrullas y ambulancias coparon de imprevisto un tramo de la ruta Alternativa. Efectivos policiales descendieron de los vehículos y, guiados por empleados gubernamentales, comenzaron a golpear las puertas de los vecinos que viven en el tramo Jerusalén, en Alderetes. Al atender el llamado, los propietarios se encontraron con una orden de desalojo sin mucha más explicación que lo que decía el papel.
“Comunico a Ud. que el inmueble sobre el que está ejerciendo ocupación en la referida área, se trata de un bien del “dominio público Estado Provincial” y por tanto inenajenable, inembargable e imprescriptible, de conformidad con el art. 235 del Código Civil y Comercial de la Nación, encontrándose fuera del comercio, por lo que no son pasibles de ejecución judicial y tampoco de prescripción adquisitiva; careciendo de todo derecho para su uso y permanencia, y en resguardo del Interés y de la Seguridad Pública, en el marco de los Arts. 41, 145 y conc. de la Constitución de la Provincia de Tucumán.- La presente notificación se efectúa en el marco de la resolución antes citada, que instruye a esta Unidad Ejecutora a realizar un relevamiento e identificación de los ocupantes de los predios arriba mencionados en forma previa al desalojo y desocupación, por vía del procedimiento de autotutela administrativa con auxilio de la fuerza pública”, plantea la notificación.
Incertidumbre
Como en la orden no estaba consignada la fecha de desalojo muchos se asustaron creyendo que sería en ese momento. Ante el desconcierto y el temor que sintieron al pensar que se quedarían sin sus hogares, los vecinos se reunieron en la Casa de Gobierno para exigir respuestas. “Nos explicaron que no se está llevando a cabo esta medida por considerar que usurpamos tierras del Estado sino porque las casas estarían construidas en una zona con peligro de inundación, ya que si el día de mañana se desborda el caudal del dique El Cadillal nosotros vamos a tomar esa agua. El tema es que ellos creen que los únicos afectados somos los que estamos ubicados en el tramo de la Alternativa que está hacia el lado de la vera del río, pero no es así; llega a romperse El Cadillal y no solo nosotros vamos a tomar agua sino todo Alderetes”, le dijo a LA GACETA, Caterine Maltes.
INCERTIDUMBRE. La medida quedó en suspenso hasta la próxima semana
No conformes con la respuesta recibida por el gobierno provincial, al día siguiente se reunieron en la Municipalidad de Alderetes para mantener una reunión con la intendenta Gutiérrez. “Ella nos recibió muy amablemente y nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que va a solicitar una audiencia en la Fiscalía de Estado y una con el Gobernador para darnos una respuesta concreta. Nos dio un papel donde se compromete en ayudarnos a frenar el desalojo o, en todo caso si se da el desalojo, a ayudarnos a analizar el problema”, contó Maltes al regresar de la oficina municipal.
Reclamo vecinal
“El Estado quiere quitarnos nuestras casas y no es justo. Acá hay gente que vive hace 30 años y que construyó sus hogares con mucho esfuerzo”, manifestó María del Carmen Perea. En el tramo de Jerusalén viven alrededor de 500 familias. A aproximadamente cuatro metros de la ruta inician las edificaciones de los inmuebles, que se extienden durante un kilómetro hacia adentro y la última vivienda se encuentra a unos 200 metros de la vera del río Salí. La mayoría de las casas cuentan con electricidad y están edificadas con concreto, excepto las que están más cercanas a la vera del río, donde tienen una instalación precaria ya que Edet les informó que el lugar no estaba en condiciones para realizar la instalación del servicio.
RECLAMO. Más de 500 familias le exigieron una solución al Gobierno.
“Hace 10 años nos advirtieron que había determinada zona donde ya no se podía realizar la instalación eléctrica y que todo eso se sacaría porque querían construir otra Alternativa. Pero quedó en la nada porque cambia el Gobierno y cambian los planes. Por eso no hay ni red eléctrica, ni de agua, ni de internet para esa zona. Aldo Salomón (antiguo intendente) vino durante su gestión y nos dijo que no permitamos que nadie más se meta para la orilla del río porque los sacarían. También nos dijo que nos quedáramos tranquilos porque a nosotros nadie nos sacaría, pero ahora el Gobernador nos quiere desalojar sin darnos un lugar y teniendo nosotros todo nuestro sacrificio acá”, sostuvo Perea.
Según contaron los vecinos, es la primera vez que enfrentan una situación como esta. Al recibir la orden de desalojo se asesoraron con profesionales y se acercaron hasta la Defensoría del Pueblo. “Les presentamos nuestros papeles de compraventa pero nos dijeron que no tienen validez legal. Nosotros no queremos que nos regalen nada; lo que queremos es que nos den la posibilidad de pagar por las tierras si hace falta y que nos den los papeles oficiales que indican que las tierras nos pertenecen”, dijo Caterine.
En el mismo sentido opinó María del Carmen Carabajal. “Ninguno de nosotros tenemos a dónde ir. Construimos de abajo nuestras casas; la mayoría las edificamos a cortafierro y martillo, desarmando bultos de tierra y de escombros, sacando ladrillo por ladrillo para limpiarlos y poder edificar. No pueden arrebatárnoslas”.
“Por el momento la intendenta nos dijo que queda todo suspendido y que tendremos que esperar a tener novedades por parte del Gobierno después que pasen los festejos por el 9 de Julio. Nosotros lo único que le pedimos al gobernador Jaldo es que nos escuche y no haga la vista gorda. Somos muchísimas familias, y además hay muchos chicos y adultos discapacitados que viven acá. No somos un barrio que recién se instala, ya hay merenderos, iglesias, es algo consolidado”, sostuvieron.








