Por Santiago Mendieta
04 Julio 2025
Cositorto fue condenado a 11 años de prisión por liderar una asociación ilícita y cometer 118 estafas en Salta
La fiscalía había solicitado 14 años, detallando que el esquema Ponzi de Cositorto causó un perjuicio superior a los $776 millones. Horas antes del veredicto, Cositorto insistió en su inocencia, alegando un "armado judicial".
La Justicia salteña condenó hoy a Leonardo Cositorto, el controvertido fundador de Generación Zoe, a once años de prisión efectiva. La sentencia lo encuentra culpable como jefe organizador de asociación ilícita y estafa bajo la modalidad de delito continuado, en concurso real. Cositorto permanecerá alojado en la cárcel penitenciaria local, donde ya se encontraba detenido.
La resolución judicial se da en el marco de una causa que desnudó un complejo esquema de fraude y captación ilegal de fondos que afectó a miles de personas en todo el país. La figura de Cositorto, quien prometía retornos exorbitantes a través de supuestas inversiones y desarrollo personal, ha estado en el centro de la polémica desde que se destapó la maniobra en 2022.
Los otros condenados
Además de Cositorto, el tribunal dictó sentencias para otros participantes clave en la estructura de Generación Zoe:
Ricardo Gabriel Isaac Vilardel fue condenado a siete años de prisión efectiva por los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro y estafa bajo la modalidad de delito continuado. Los jueces ordenaron su detención inmediata y alojamiento en la cárcel local, haciendo cesar la medida cautelar que lo beneficiaba desde marzo de 2023.
Jorge Federico Vilardel, hermano de Ricardo, recibió una condena de cinco años de prisión efectiva por los mismos delitos. También cumplirá su pena en la institución penitenciaria de Salta.
Finalmente, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz fueron sentenciadas a tres años de prisión condicional por los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro y estafa bajo la modalidad de delito continuado. Ambas quedaron en libertad de manera inmediata, aunque deberán cumplir estrictas reglas de conducta durante los próximos tres años.
La querella celebró el fallo
Tras conocerse la sentencia que condenó a Cositorto, los abogados querellantes Mauricio Ossola y Roberto Barrionuevo expresaron su conformidad con el fallo. En diálogo con LA GACETA, destacaron que el proceso judicial logró exponer la peligrosidad de quienes integraron la estructura de Generación Zoe.
“Yo creo que se hizo justicia, en cuanto a lo que busca el derecho penal: demostrar que esta gente no estaba preparada para vivir en sociedad ni para ganar el dinero dignamente”, señalaron.
Si bien admitieron que las víctimas y damnificados priorizan el aspecto económico —es decir, la posibilidad de recuperar al menos parte de lo invertido—, también enfatizaron que la condena debe servir para impedir que estas personas continúen delinquiendo.
“Lógicamente, a nuestros representados y a todos los damnificados lo que más les interesa es el dinero, pero también que esta gente no siga haciendo lo mismo, que no se salga con la suya y que no siga estafando personas”, agregaron los letrados.
La querella remarcó la importancia de que la causa siente precedentes y sirva de advertencia ante esquemas similares. “Es fundamental que se reconozca la responsabilidad penal de quienes arman este tipo de estructuras. Más allá de lo económico, había una estructura delictiva bien montada para engañar a la gente, y eso quedó claro en este juicio”, concluyeron.
"Un fallo vergonzoso": apelación en marcha
El abogado defensor de los hermanos Vilardel, Fernando Díaz, manifestó su profundo rechazo al fallo del tribunal. En declaraciones a LA GACETA, expresó su “tremenda desilusión” con la Justicia salteña y adelantó que recurrirán la sentencia ante un tribunal superior.
“La verdad, muy desilusionado. Nunca nos esperamos este resultado. Confiamos plenamente en la Justicia salteña y esto no ocurrió. La condena que se le impuso a nuestros defendidos es vergonzosa”, aseguró Díaz.
El letrado también cuestionó duramente la decisión del tribunal de revocar la prisión domiciliaria de Ricardo y Jorge Vilardel, medida que ni siquiera había sido solicitada por la fiscalía. “Eso fue un golpe más. La misma fiscal no pidió que se les revoque la domiciliaria y, sin embargo, el tribunal lo hizo. Una desilusión tremenda”, reiteró.
En su descargo, Díaz sostuvo que no hubo pruebas suficientes para demostrar la existencia de una asociación ilícita, figura central en la acusación contra sus defendidos. Aseguró que los hermanos Vilardel no formaban parte de ninguna estructura delictiva y que solo cumplían funciones operativas bajo las órdenes de Cositorto.
“Jamás se acreditó la asociación ilícita en el debate, y eso es lo que debe importar. Nuestros defendidos eran empleados. Se demostró que enviaban el dinero a Cositorto, que era el dueño, no se quedaron con un solo peso. Incluso devolvieron dinero a los damnificados”, afirmó.
Según el abogado, durante el juicio quedó acreditado que algunos denunciantes intentaron entregar dinero a los Vilardel y estos no lo aceptaron. “Un estafador no devuelve plata ni rechaza recibirla. Hay testigos que relataron estos hechos y el tribunal no los consideró”, criticó.
El defensor recordó que el fallo dictado en la causa similar en Goya, Corrientes, ya había absuelto a personas de “soporte”, como él define a quienes no ocupaban cargos jerárquicos ni tomaban decisiones dentro de la organización Zoe. “Allí se condenó a los socios verdaderos: Cositorto, Batista, Echegaray. No a empleados”, dijo.
“Hoy en día, con tal de dejar tranquilo al público, se condena a todo el mundo. Y eso no puede ser”, lamentó. Finalmente, Díaz anticipó que la defensa presentará un recurso de casación una vez que conozcan los fundamentos completos del fallo. “Confiamos en que un tribunal de impugnación revise esta sentencia y haga justicia como corresponde. Nuestros defendidos no cometieron ningún delito”, concluyó.
Cositorto: “La sentencia está firmada”
Cuatro horas antes de conocer su destino, Leonardo Cositorto hizo uso de sus últimas palabras ante el Tribunal de Juicio. A 39 meses exactos de su detención, el 4 de abril de 2022, Cositorto inició un vehemente descargo en el que cuestionó la totalidad de las pruebas presentadas por la fiscalía, calificándolas de "conjeturas y afirmaciones falsas".
Con el ceño fruncido y visiblemente frustrado, negó rotundamente la existencia de un ardid o estafa, y rechazó haber armado una asociación ilícita. Aseguró que fue víctima de una conspiración judicial y financiera, afirmando que "rompí un poco el mercado financiero y se pusieron de acuerdo para sacarme". Incluso apuntó directamente a la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio por supuesta difamación, y en un tono casi profético, anunció que "ya voy a escribir un libro".
Cositorto, quien permanece detenido desde 2022, también denunció las condiciones de su reclusión, mencionando la falta de acceso a agua caliente y el aislamiento. Cuestionó la imparcialidad del proceso, sugiriendo que la sentencia ya estaba "firmada de antemano". Finalmente, con un tono místico, apeló a la justicia divina y se declaró "muy tranquilo con mi conciencia", pidiendo justicia no solo para él, sino también para los demás acusados.
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