Caso YPF: bajo presión, el Gobierno nacional analiza medidas

El fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, que obliga al Estado Argentino a desprenderse del 51% de sus acciones de YPF provocó movimientos dentro de la Casa Rosada. Con el presidente, Javier Milei, a la cabeza, ayer se desarrolló una reunión de gabinete, en la que el mandatario adelantó los pasos que dará la gestión sobre este tema.

Mientras los plazos corren y los beneficiarios del juicio en Estados Unidos por la expropiación de la empresa hidrocarburífera argentina -Burford Capital y Eton Park- se mostraron predispuestos a negociar una modalidad de pago alternativa al cobro en efectivo o la transferencia de las acciones con el Gobierno, en el arco político se escucha un sinfín de voces aportando su visión.

En relación a esto, el ex procurador del Tesoro de la gestión de Mauricio Macri, Bernardo Saravia Frías, aseguró que en el fallo “se le está pidiendo al Estado que incumpla una ley del Congreso”. “No puede una jueza americana pedirle al Estado argentino que cambie su ley o que se siente a negociar. Eso es inmiscuirse en asuntos internos de un Estado extranjero y esto no puede pasar. Hay que hacer actuar a la Justicia argentina. No es solamente la causa penal, es también accionar. Hay que lograr una protección con una medida cautelar seguramente. Y hasta hay que pensar en la Corte Suprema argentina actuando en un proceso de estas características, donde se dé protección a la ley”, precisó el letrado en diálogo con el canal LN+.

Alternativas

Consultado por LA GACETA, el economista Gustavo Wallberg aseguró que ante lo dictado por la magistrada de Nueva York, la administración libertaria tiene alternativas para cumplir la sentencia. “Una es recibir autorización del Congreso aplicando la ley con los dos tercios de los votos, como dice la norma. La otra es hacer algún proyecto de ley para modificar la ley vigente. Y una tercera salida es arreglar con los demandantes alguna otra forma de pago”, dijo.

En relación a lo que conllevaría la entrega de las acciones de la empresa, el profesional sostuvo que el Gobierno también puede contemplar alternativas como que el Congreso de la Nación autorice a entregar dichas acciones o bien modificar la ley. Para Wallberg, esta segunda posibilidad puede constituir un problema mayor.

“La ley fija que el 51% de acciones que se expropian, un 51% quedan para el Estado Nacional, el otro 49% va para las provincias que forman la Organización Federal de Estados Provinciales Productores de Hidrocarburos, que está conformada por Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, Salta, Jujuy y Formosa. Si la transferencia de la propiedad de las acciones efectivamente se produjo estaríamos en complicaciones porque en vez de entregar el 51% de las acciones de YPF, se entregaría el 51% del 51%”, detalló.

Sobre este aspecto puntual, el economista indicó que la magistrada extranjera interpretó, cuando Argentina hizo esa objeción, que el interés provincial en las acciones es un “interés contingente en caso que las acciones se vendan”. “Si se vendiera el 51% de las acciones de YPF, el 49% de esa venta debería ir a las provincias. Pero no se trata de una venta de acciones, entonces en realidad no hay un interés provincial. Ese punto para mí es muy flojo si la transferencia que dice la ley efectivamente se hizo”, remarcó.