El Gobierno redefine el rol de la Policía Federal, tomando como modelo al FBI

El Gobierno nacional oficializó este martes un profundo rediseño de la Policía Federal Argentina (PFA), con el objetivo de convertirla en una agencia especializada en investigaciones complejas. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se establecieron las bases para que la fuerza deje progresivamente las tareas de seguridad urbana y se enfoque de lleno en delitos federales como narcotráfico, terrorismo, trata de personas y crimen organizado.

El plan contempla la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), un organismo interno que marcará el nuevo perfil de la PFA, inspirado en agencias internacionales como el FBI. La reforma busca profesionalizar la formación de sus integrantes, privilegiando la capacitación en técnicas de investigación avanzada y promoviendo el ingreso de universitarios graduados. A su vez, las funciones tradicionales de patrullaje en la Ciudad de Buenos Aires quedarán definitivamente a cargo de la Policía porteña.

Según informaron fuentes oficiales, el proceso de transformación será gradual y abarcará desde la reestructuración de la Escuela de Cadetes hasta la modernización tecnológica de la fuerza. Entre las innovaciones previstas se encuentran la adopción de inteligencia artificial aplicada a la criminalística, nuevas bases de datos federales, tecnología forense de última generación y software especializado para el análisis de organizaciones criminales.

Una de las novedades más discutidas del decreto es la incorporación de tareas de ciberpatrullaje en espacios públicos digitales. La normativa autoriza a la Policía Federal a realizar monitoreos preventivos en redes sociales abiertas, páginas web públicas y foros accesibles, con el fin de detectar indicios de delitos como grooming, tráfico de armas o estafas virtuales, sin necesidad de una orden judicial previa. Sin embargo, la medida despertó críticas de sectores que advierten sobre posibles violaciones a la privacidad y a la libertad de expresión.

Desde el Gobierno aseguran que esta facultad se ajustará a los límites impuestos por la Ley de Inteligencia, que prohíbe expresamente la vigilancia política, social o económica de ciudadanos que no estén involucrados en actividades delictivas. Las tareas en entornos digitales deberán realizarse bajo estrictos protocolos que garanticen el resguardo de los datos personales y los derechos constitucionales, con supervisión de la autoridad competente. De esta manera, el Ejecutivo intenta equilibrar el combate al delito con la protección de las libertades civiles.