
La Universidad Nacional de Tucumán recuperó la posesión de 440 hectáreas del parque Sierra de San Javier ubicadas en la zona de Tapia. Se trata de una instancia en el marco de un litigio con una persona que ocupa desde hace mucho tiempo el predio y que ha renunciado a esa parte del terreno a cambio de quedarse con 30 hectáreas, lo cual no ha sido aceptado por la casa de altos estudios. Mientras el pleito sigue en la Justicia, la renuncia del ocupante significa un avance sustancial en la tarea de organizar el patrimonio universitario en lo que hace al parque, considerado la reserva biológica y ambiental del Gran Tucumán.
Se trata de un predio cuya ocupación estaba invisibilizada porque se encuentra dentro de un terreno más extenso, de 1.756 hectáreas de la finca que fue de la familia Colombres Garmendia, la cual había sido expropiada en 1948 por la Nación, que se la cedió a la Universidad para que erigiera en el cerro la Ciudad Universitaria. Como nunca se había hecho la escrituración de esas tierras porque no se habían resuelto algunas imprecisiones sobre la compraventa, la Universidad debió acudir a la Justicia y hace tres años quedó resuelto y se escrituró esas parcelas al tiempo que se completó, en diciembre pasado, la escrituración del parque Sierra de San Javier en toda su extensión de poco más de 14.000 hectáreas.
Sucede que dentro del parque, cuyos límites van desde Villa Nougués y Horco Molle hasta La Sala y Tapia, hay mucha gente instalada. Se calcula que son unas 1.500 personas, muchas de las cuales forman parte de familias que residían allí incluso desde antes de que perteneciera a la Universidad. Así es el caso de los residentes del barrio ubicado en Horco Molle, debajo del CAPS, cuyas familias trabajaban en la finca de los Frías Silva y que en varios casos siguieron trabajando para la Universidad, que a lo largo de los 75 años que pasaron desde la expropiación ha ido definiendo el destino de sus propiedades en el cerro, desde la inconclusa Ciudad Universitaria hasta este parque que es reserva ambiental. No se ha expulsado a quienes se encontraban dentro del área aunque sí se ha tenido que acudir a acciones legales en los casos en que los ocupantes intentaron enajenar las tierras, como ocurrió en una parcela junto al CAPS de Horco Molle y como sucede con este terreno en Tapia, cuyo ocupante entabló en 2017 un juicio por prescripción arguyendo que su familia vive allí desde antes de la creación de la UNT.
Otro caso de fuerte impacto en la Universidad es la ocupación del sector sur del parque en el barrio llamado Las Pirámides, erigido por un ocupante que alega similares derechos y que ha permitido ya la construcción de unas 70 viviendas. Este caso se encuentra judicializado, aunque ya la UNT ha conseguido compromisos del Ersept, la SAT y EDET para no proveer servicios a nuevas construcciones en ese sector y apuntar al cuidado ambiental, puesto que el parque Sierra de San Javier es considerado zona roja ambiental en lo alto del cerro.
Esta instancia del pleito por los terrenos de Tapia abre expectativas de que, habiendo ya regularizado la posesión del extenso parque mediante la escrituración, comience a normalizarse a su vez la ocupación pacífica de toda el área a nombre de la Universidad. Debería agilizarse esa normalización, así como a nivel de la provincia se están recuperando predios ocupados en zonas olvidadas por años en los Valles Calchaquíes y El Cadillal. Esto es una muestra de la necesidad de que las instituciones estén atentas al cuidado del patrimonio y no sólo lo protejan con el registro adecuado de los títulos de propiedad sino con acciones inmediatas frente a cualquier ocupación indebida.